PUERTO PLATA, República Dominicana.- Ocupan celdas
en la cárcel San Felipe de esta ciudad, dos coroneles y un primer teniente de
la Policía, a quienes se impuso un año de prisión como medida de coerción por
estar implicados en el caso La Mulata III, Sosúa, el 16 de octubre de 2012.
El juez Osiris Reyes Vega, del tribunal de Atención
Permanente del Juzgado de Instrucción de Puerto Plata, impuso las medidas
contra los excoroneles Raymundo de la Rosa Ogando y Roberto Santos Salcedo, y
el exteniente Odennis Francisco Félix, vinculados al supuesto robo de RD$60
millones durante un allanamiento en el residencial La Mulata III, en Sosúa.
El conocimiento de la audiencia en que se conoció la
medida de coerción a los tres oficiales de la Policía, terminó pasada las 1:001
de la noche y esta mañana fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de
seguridad.
También se acusa al el excoronel Salcedo Santos y al
exprimer teniente Féliz Reyes, de herir de bala al haitiano Rego Petitt Ferrer,
durante un allanamiento en La Mulata de Sosúa, donde también los agentes
ultimaron de varios disparos al alemán Peter Ebert Demetrick, y se reportó el
robo de prendas, relojes y dinero en efectivo por un monto superior a los 60
millones de pesos.
Los jueces de la Instrucción de Puerto Plata, Rafael
Osiris Reyes y José Juan Jiménez, habían emitido órdenes de arresto en contra
de los citados oficiales por estar acusados de agresión física y asesinar al
abogado alemán y al haitiano en la citada acción en La Mulata III.
Desde que ocurrieron los hechos, la fiscal Alba
Núñez Pichardo, como representante del Ministerio Público de Puerto Plata,
investiga el caso en que los agentes policiales son acusados de irrumpir de
manera violenta a la citada residencia.
La Policía en aquel entonces informó que el alemán Demetrick
murió luego de disparar a las autoridades que realizaban el allanamiento y que
era miembro de una secta religiosa violenta, que encabezaba Peter Brunks, que
se radicó en el 2000 en Puerto Plata. El presunto líder resultó herido y fue
detenido por posesión de armas cortas y largas.
Tras ser
investigados los hechos, la Policía dispuso las cancelaciones y los retiros
forzosos de los dos coroneles, un capitán, cuatro primeros tenientes, un
segundo teniente y seis alistados, tras recomendaciones hechas por el Consejo
Superior Policial, que conoció los resultados de una investigación dispuesta
por el entonces jefe de la Policía, José A. Polanco Gómez, y el procurador
general Francisco Domínguez Brito.
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