EL BRONX.- El juez Steven Barrett denegó ayer las
mociones de desestimación de cargos criminales contra 16 policías arrestados a
raíz de la investigación que sacó a relucir el escándalo de las multas de
tráfico.
La indagación inició con una denuncia anónima, en el
2008, que implicaba al agente José Ramos, quien enfrenta cargos por transporte
de heroína, robo de dinero a narcotraficantes, comisión de un atraco estando en
servicio y revelar la identidad de un informante policial, entre otros.
En los tres años que duró la pesquisa contra el
oficial, 296 grabaciones telefónicas evidenciaron múltiples delitos que
implicaban a otros uniformados.
El de más repercusión pública fue el de la práctica
de destruir los boletos de tránsito que debían ser pagados por familiares,
amigos y colegas.
También se descubrió la táctica de eliminación de
citaciones penales y otros delitos, como ocurrió en el caso por agresión de
Michael Loturco, vinculado al sindicato policial, contra José Peralta.
El 28 de octubre del 2011, concluyó la investigación
con el arresto de 21 personas, entre los que se encontraban los policías.
Los abogados defensores presentaron mociones individuales y conjuntas. La de
Jeffrey Reagan, Reuben Peralta y Christopher Scott que encubrieron la agresión
de Loturco, alegaba que sus clientes resultaron perjudicados al presentarse la
evidencia contra ellos, así como la que se mantiene contra Ramos y los otros
policías.
"No hay base", dijo el juez en su decisión
porque "el jurado investigador fue instruido específicamente para
considerar cada una por separado". "La evidencia resultó de una
laboriosa investigación y fue una actuación lógica utilizar así los recursos
limitados de la fiscalía", indicó en otro momento.
En el caso de la teniente Jennara Cobb, su abogado
disputaba la jurisdicción territorial de la corte porque las conversaciones
ocurrieron en el Condado de Rockland. "La evidencia muestra que la acusada
actuó con conocimiento de que su conducta iba a tener un efecto particular en
el Condado del Bronx...", afirmó el juez.
Cobb, que por su posición supo de las grabaciones y
reveló su existencia a otros agentes, alegó que estaba fuera de servicio.
"Eso no significa que no estaba obligada por su juramento al cargo y las
normas y regulaciones del Departamento de Policía", especificó el letrado.
Sobre los cargos de mala conducta oficial y
obstrucción de la administración gubernamental en segundo grado, Barrett
planteó: "Es claro que cometió un acto para obstruir, dañar y pervertir
las funciones del Departamento de Investigaciones Internas".
Los acusados fueron citados para el 4 de octubre.
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