La campaña llevada a cabo por una coalición mundial
ha contribuido a que, desde que se celebró por primera vez el Día Mundial en
2003, 17 nuevos países hayan tomado la decisión de abolir la pena de muerte
para todos los delitos, con lo que la cifra total de países que han abolido
esta pena en la ley o en la práctica asciende ya a 140: más del 70 por ciento
de los países del mundo.
"En 2011, sólo 21 países llevaron a cabo
ejecuciones, frente a los 28 que lo hacían cuando se celebró el primer Día
Mundial contra la Pena de Muerte. El haber conseguido que, en ese mismo
periodo, 17 países abolieran la pena capital para todos los delitos es un
avance importante", ha manifestado Widney Brown, directora general de
Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional. Sin embargo, pese a
haberse reducido el número de países que aplican la pena de muerte, hay unos
pocos -entre ellos países poderosos como Estados Unidos y China- que siguen
llevando a cabo ejecuciones con una atroz regularidad.
"Pero, a pesar de este éxito, la batalla contra
la pena de muerte es larga, y queda mucho trabajo por hacer para convencer a
los gobiernos restantes de que abandonen esta práctica de una vez por
todas."
Una
clara tendencia abolicionista
Entre los 140 países que han abolido la pena de
muerte en la ley o en la práctica se encuentran Estados que representan a todas
las grandes regiones, culturas y religiones del mundo, así como a diversos
sistemas judiciales.
Desde 2003, cada año una media de dos países ha
abolido el uso de la pena capital para todos los delitos. El más reciente ha
sido Letonia, en enero de 2012.
En ese mismo periodo, 26 nuevos Estados ratificaron
el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP), instrumento respaldado por la ONU sobre la abolición de la
pena de muerte. En la actualidad, el Protocolo cuenta con 75 Estados miembros,
tras haber sido ratificado por Benín y Mongolia este mismo año, y recientemente
fue firmado por Madagascar.
Incluso algunos de los países con el mayor número de
ejecuciones han realizado progresos. En Estados Unidos, variosestados
individuales han abolido la pena de muerte.
Reformas
Otro grupo de países mantiene la pena capital pero
ha introducido reformas importantes para reducir el número de delitos punibles
con ella.
En 2011, entre estos países se encontraban China,
Gambia y Taiwán. China -que es con mucho el país que a más personas ejecuta del
mundo- abolió la pena de muerte para 13 delitos no violentos y en los casos en
los que el acusado es mayor de 75 años. Sin embargo, los delitos para los que
se eliminó la pena de muerte apenas se utilizaban, y el gobierno, al mismo
tiempo, amplió la pena capital a delitos adicionales.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte
en todos los casos, sin excepción. Sin embargo, puesto que los cambios sobre
este tema suelen ser muy lentos, la organización sigue haciendo campaña para
que todos los Estados dejen de ejecutar a personas condenadas por haber
cometido un delito cuando eran menores, o a personas que sufren discapacidad
mental o intelectual.
La organización insta asimismo a los países a
cumplir, como mínimo, todas las normas internacionales sobre el uso de la pena
de muerte, incluidas las que piden que dicha pena se utilice únicamente en
casos que superen el umbral de "los delitos más graves", y deje de
utilizarse para delitos de narcotráfico -práctica habitual en Irán, Arabia
Saudí y Singapur- y para otros delitos no letales.
Unos
cuantos vestigios letales
Aunque los Estados que ejecutan son una minoría cada
vez más reducida, los homicidios judiciales continúan a buen ritmo.
Cada año, además de la ejecución de un número
desconocido de personas en China, hay países, como Irán, Estados Unidos, Yemen
y Corea del Norte, que llevan a cabo decenas de ejecuciones cada uno de ellos.
En 2012, Irak, la zona de la Franja de Gaza
controlada por Hamás en los Territorios Palestinos Ocupados y Arabia Saudí han
aumentado de hecho su cifra de ejecuciones. Casi un tercio de las personas
ejecutadas en Arabia Saudí en 2012 -65 para principios de octubre- eran
presuntos narcotraficantes, muchos de ellos ciudadanos extranjeros. En Irak,
119 personas han sido ejecutadas en lo que va de año, casi el doble de la cifra
total de ejecuciones de que se tuvo noticia en todo 2011.
Hay varios países que, en una decisión especialmente
inquietante, han reanudado recientemente las ejecuciones, como Botsuana, Japón
y Gambia. En India, la amenaza de reanudación es inminente. En algunos casos,
las ejecuciones se han reanudado tras un largo paréntesis: Gambia llevaba tres
décadas sin ejecutar penas de muerte.
La discriminación sigue desempeñando un papel
importante en la imposición de la pena de muerte, ya que es frecuente que las
personas con menores recursos económicos, menos acceso a abogados o simplemente
un menor conocimiento del idioma local sean las que terminan condenadas a
muerte.
Entre los delitos punibles con la pena capital se
encuentran a menudo delitos "terroristas" vagamente definidos,
delitos relativos a las relaciones homosexuales y delitos
"religiosos".
Además, en algunos países, las personas de
determinado origen étnico o religioso, como las minorías kurdas y religiosas de
Irán, reciben una cantidad desproporcionada de condenas de muerte.
Amnistía Internacional sigue instando a todos los
Estados a abolir la pena de muerte.
Sin embargo, hasta que lo hagan, es fundamental que
todo el proceso cumpla las normas internacionales sobre juicios justos, lo cual
incluye que los cargos y procedimientos judiciales sean transparentes y que la
condena esté sujeta a una revisión judicial obligatoria. Los gobiernos, además,
tienen la obligación de informar sobre todas las condenas de muerte que se
impongan y que se ejecuten.
"Ningún sistema de justicia penal es perfecto,
por lo que, aunque existan salvaguardias, siempre sigue existiendo un riesgo
muy real de ejecutar a un inocente. Ningún Estado puede justificar la asunción
de semejante riesgo", ha manifestado Widney Brown.
"Esta posibilidad y el carácter irreversible de
la pena de muerte son sólo dos motivos por los que seguiremos haciendo campaña
para que todos los Estados que aún llevan a cabo ejecuciones reconsideren su
postura, con la esperanza de que se unan a la abrumadora mayoría del mundo que
ha abandonado este exponente máximo de pena cruel e inhumana."
Amnistía Internacional comenzó su campaña global por
la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias en 1977.
Junto con sus socios de la Coalición Mundial contra
la Pena de Muerte, la organización seguirá promoviendo legislación nacional
para abolir la pena capital, pidiendo ratificaciones adicionales del Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado
a abolir la pena de muerte, respaldando las normas internacionales dirigidas a
abolir o restringir la pena capital, y apoyando la adopción, a finales de 2012,
de la cuarta resolución de la Asamblea General de la ONU, que pide una
moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.
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