La Fiscalía pedirá la pena de muerte para el acusado por el atentado en el maratón de Boston

NUEVA YORK.- La Fiscalía de Estados Unidos pedirá la pena de muerte para Dhojar Tsarnaev por haber matado a tres personas y herido a más de 260 en el maratón de Boston con "armas de destrucción masiva". También está acusado del asesinato de un guardia de seguridad del MIT junto a su hermano Tamerlan, que murió en la huida.

Las bombas eran ollas a presión llenas de explosivos y estaban diseñadas para matar y mutilar en medio de 23.000 maratonianos y hasta 500.000 espectadores. La denominación de "destrucción masiva" se utiliza por su capacidad de infligir daño en medio de una congregación de decenas de miles de personas.

Entre los 30 cargos contra Tsarnaev, el delito por "usar y conspirar para usar" estas armas es uno de los 17 que se le imputan y que pueden ser castigados con la pena de muerte. "La naturaleza de la conducta en este asunto y el consiguiente daño ha empujado a esta decisión", dijo Eric Holder, el fiscal general, en un comunicado.

Sin embargo, en casi la mitad de los casos, la Fiscalía retira la petición de pena de muerte antes de que empiece el juicio como parte de acuerdos con los acusados. En este caso, es aún más improbable que se aplique este castigo porque el delito se ha cometido en Boston.

Massachusetts abolió la pena de muerte para delitos estatales en 1984 y la Historia sugiere que es muy difícil condenar a morir a un reo como Tsarnaev en un estado que no contempla la pena capital. En el único precedente hasta la fecha, un jurado de residentes de Massachusetts se pronunció a favor de condenar a muerte a Gary Lee Sampson: un autoestopista que asesinó a dos mujeres que le recogieron en julio de 2001. Sampson es la única persona que ha recibido la pena capital por un delito federal en Massachusetts en las últimas tres décadas. Un juez conmutó la sentencia por cadena perpetua. Pero la fiscal Carmen Ortiz ha anunciado que recurrirá su decisión.

Esquivar el patíbulo

Los números también sugieren que Tsarnaev tiene muchas posibilidades de esquivar el patíbulo. Entre 1993 y 2012, el Gobierno federal intentó condenar a muerte a 88 personas en estados que no contemplaban la pena capital y sólo siete de ellos terminaron en el corredor de la muerte según los datos recogidos por una ONG estadounidense.

Larry Mackey, ex fiscal del Gobierno federal, decía esta semana a la agencia AP que a los miembros del jurado se les preguntará si están o no a favor de la pena de muerte y afirmaba que lo más probable era una negociación con los letrados del joven checheno al que se le acusa de haber perpetrado junto a su hermano el atentado contra el maratón.

El Gobierno federal sólo ha ejecutado a tres personas (http://www.deathpenaltyinfo.org/federal-executions-1927-2003 ) desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976: el terrorista Timothy McVeigh, el traficante Juan Raúl Garza y el asesino Louis Jones.

El primer aniversario del atentado de Boston se cumple este abril, pero aún no hay fecha para el juicio, que se celebrará en un tribunal civil después del debate inicial.

Sospechosos de terrorismo

Varios congresistas pidieron juzgar a Tsarnaev como "combatiente enemigo" por un tribunal militar, pero finalmente ha sido procesado a través de la justicia ordinaria porque el acusado, de 20 años, es ciudadano estadounidense desde 2012.

Aun así, Tsarnaev ya ha sido tratado con la excepción que contempla el Departamento de Justicia para los sospechosos de terrorismo. Cuando fue arrestado, no escuchó de inmediato la habitual advertencia sobre su derecho a permanecer en silencio y a utilizar un abogado.

El relato de los derechos básicos es la "advertencia Miranda", en honor a una decisión del Supremo de 1966 sobre el caso contra Arturo Miranda, un agricultor de Arizona acusado de violación. Es uno de los principios más sagrados de la justicia estadounidense, pero se puede aparcar ante una situación que afecte a "la seguridad pública".

La consecuencia de no ser informado es que un sospechoso puede ser interrogado sin un abogado y lo que diga en estas circunstancias puede ser empleado en otra investigación o en un juicio en su contra. La defensa puede recurrir el uso de esta excepción, pero existe otra sentencia del Supremo de 1984 que avala la clausula de "seguridad pública".

Por MARÍA RAMÍREZ/El Mundo