BOGOTÁ.- El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca suspendió este martes temporalmente la decisión de la Procuraduría
General de destituir e inhabilitar por 15 años para ejercer cargos públicos al
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, informó su defensa.
De acuerdo con lo señalado por el representante de
Petro, el ex fiscal Mario Iguarán, el Tribunal admitió este martes una acción
de tutela (amparo judicial) que fue interpuesta por un ciudadano en diciembre
pasado, cuando el Ministerio Público profirió la medida de suspensión en
primera instancia.
El dictamen contra Petro fue reafirmado la víspera,
en segunda instancia, por el procurador general, Alejandro Ordóñez, lo cual
desató una oleada de cuestionamientos y rechazos.
La víspera, en su discurso ante la concentración
masiva de bogotanos congregados en la Plaza Bolívar en su respaldo, el Alcalde
citadino recomendó calma a sus conciudadanos porque estaban en marcha otras
medidas.
La justicia llega, a veces se demora, pero llega. La
decisión del Procurador, aunque esperada, no es la única, vienen otras, esperen
las otras decisiones, manifestó.
A la Plaza Bolívar llegaban continuamente ciudadanos
que reclaman la permanencia del alcalde a la voz de «Petro se queda» y también
el respeto a su derecho al voto libre y soberano en las urnas. «Nosotros lo
elegimos, nuestro voto no es basura», reiteraban.
El magistrado José María Armenta se pronunció a
favor de la acción de tutela (protección de derechos) interpuesta a fines de
diciembre por el ciudadano José Pérez «en su propio nombre y como agente
oficioso de Petro», quien alegó que el dictamen violaba su derecho de elegir y
ser elegido.
Al argumentar su decisión, contenida en tres folios,
Armenta señaló que se ordenaba la
suspensión provisional del dictamen del procurador Ordóñez «hasta cuando se
adopte la decisión de fondo que ponga fin a este proceso de tutela».
El Tribunal de Cundinamarca ordenó también al
presidente Juan Manuel Santos «abstenerse de darle cumplimiento a la decisión
administrativa disciplinaria sancionatoria con destitución impuesta por la
Procuraduría a Petro».
La acción legal favorable al Alcalde capitalino es
una de las 350 interpuestas desde el 9 de diciembre, cuando el procurador
Alejandro Ordóñez dictó su fallo contra Petro.
«La suspensión provisional de la destitución es un
triunfo democrático de la justicia y la ciudadanía. Aún vamos hacia fallos
definitivos», escribió Petro en su cuenta de Twitter apenas conoció la decisión
del Tribunal de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá.
«Cuando la justicia y las multitudes van de la
mano», dijo luego a periodistas, «se puede detener la arbitrariedad», subrayó,
según PL.
FARC-EP proponen sustitución de cultivos ilícitos
Por otra parte, en La Habana, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) pusieron a
consideración del Gobierno que asuma la dirección del país tras las elecciones
de este año, un Programa nacional de sustitución de cultivos de la hoja de
coca, amapola o marihuana, donde proponen la búsqueda de medios para regularlos
o sustituirlos.
En lo que consideraron el documento más importante
que presenta la guerrilla durante la discusión del tercer punto de la agenda
que se sigue en la mesa de diálogo —precisamente dedicado a la erradicación de
cultivos ilícitos y el narcotráfico—, el delegado insurgente Pablo Catatumbo
recalcó, al leer el texto ante la prensa, que el proyecto estaría financiado en
su totalidad por el Estado.
Para ello, apuntan, se conformaría un fondo que, sin
afectar al presupuesto nacional, podría engrosarse con la reducción de los
dividendos que hoy se utilizan para seguridad y defensa, así como con
incautaciones hechas a narcotraficantes en Colombia o en el exterior del país,
así como otros medios de financiamiento.
Con vista a la correcta implantación del programa,
la guerrilla propone una «Veeduría internacional de seguimiento y control del
Programa» en todos sus niveles, conformada por representantes de la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) y la comunidad académica.
Asimismo, precisa que en las zonas donde se procediera
a sustituir los cultivos ilícitos se tendría que contar con la participación
directa de la fuerza insurgente y de las comunidades involucradas.
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