MADRID.- El Gobierno contempla abordar una
"liquidación ordenada" de la decena de autopistas en quiebra si esta
opción tuviera un menor impacto en las arcas públicas que rescatar las vías
mediante la constitución de una empresa pública de autopistas.
Los ministerios de Hacienda y de Fomento analizan
desde hace más de un mes estas dos posibles soluciones para las autopistas en
problemas, todas ellas en concurso de acreedores.
El objetivo del análisis es determinar la
alternativa que tendría un menor coste en las cuentas públicas,
fundamentalmente, en el déficit, según informaron fuentes del sector.
La eventual constitución de una sociedad pública de
autopistas cuenta ya con el acuerdo de las sociedades concesionarias de las
vías y de sus bancos acreedores, con los que mantienen una deuda total de unos
3.500 millones de euros.
Fomento controlaría el 80% de la empresa, porcentaje
que resulta de capitalizar los préstamos que el Ministerio ha venido otorgando
a las vías. El otro 20% se repartiría entre las empresas concesionarias que
actualmente gestionan las autopistas, controladas por grandes constructoras
cotizadas.
La constitución de esta empresa nacional de
autopistas cuenta con el visto bueno de la banca y con su disposición a
refinanciar la deuda asociada.
De su lado, la opción de la liquidación pasaría por
que el Estado afronte la responsabilidad patrimonial que tiene frente a las
vías, un importe que asciende a unos 4.000 millones de euros, lo que incluso
requeriría un crédito extraordinario del Ministerio de Hacienda, según
detallaron las mismas fuentes.
Expropiaciones
En ambos casos, estas diez autopistas podrían tener
que afrontar pagos de expropiaciones por un total de 2.300 millones de euros,
un monto cinco veces superior al inicialmente presupuestado, si bien están a la
espera de que se dicten sentencias sobre la valoración de los terrenos.
De hecho, el sobrecoste que registraron al expropiar
los terrenos sobre las que se construyeron y el desplome de los tráficos por la
crisis constituyen las principales causas de la situación de esta decena de
autopistas, las de más reciente construcción.
En este sentido, el Gobierno aprobó recientemente un
cambio normativo por el que si tuviera que afrontar expropiaciones por
insolvencia de alguna de las vías, el correspondiente pago se descontaría de la
responsabilidad patrimonial que tiene sobre la infraestructura.
Los departamentos que dirigen Ana Pastor y Cristóbal
Montoro estudian las dos distintas alternativas que barajan para solventar el
problema de las autopistas mientras avanzan los procesos concursales en que
todas ellas están inmersas. De hecho, algunos están ya en fase de convenio e
incluso tienen convocada la junta de acreedores.
La decena de vías de pago en riesgo de quiebra son
las cuatro autopistas radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda,
la Cartagena-Vera, la Circunvalación de Alicante, la Alicante-Cartagena y la
que une Madrid con el Aeropuerto de Barajas.
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