GINEBRA (05 Mayo 2014).- En el segundo
interrogatorio al que se somete a autoridades del Vaticano este año, la Santa
Sede trató el lunes de limitar su responsabilidad por el escándalo de abusos
sexuales en el mundo al contradecir los argumentos en el sentido de que violó
un tratado internacional contra la tortura y las prácticas inhumanas.
Es la primera vez que la comisión encargada de
supervisar la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que el Vaticano
ratificó en 2002, llama a cuentas a la Santa Sede.
El arzobispo Silvano Tomasi, embajador del Vaticano
ante las Naciones Unidas en Ginebra, no perdió tiempo para señalar que su
responsabilidad para aplicar las disposiciones del tratado contra la tortura
sólo aplican dentro de los confines de la pequeña ciudad del Vaticano, que
tiene menos 1.000 habitantes u cuya área es menor a una 800 metros cuadrados
(media milla), lo que lo hace el país de menor extensión en el mundo.
"La Santa Sede piensa concentrarse
exclusivamente en la ciudad-Estado del Vaticano", dijo a la comisión.
"Las autoridades estatales están obligadas a proteger y en caso necesario,
a perseguir a personas que estén bajo su jurisdicción".
En la primera pregunta, la integrante de la comisión
Felice Gaer inquirió al vaticano por qué su primer informe se presentó nueve
años después de ratificar la convención. Gaer, estadounidense experta en
derechos humanos, criticó después la "presunta distinción" entre
Ciudad del Vaticano y la Santa Sede.
La diferenciación, dijo "crearía importantes
huecos en la cobertura" del tratado y el uso de la "jerga legal"
es preocupante.
"Llamamos a todos los integrantes a adherirse
estrictamente al significado de la convención", dijo Gaer a la delegación
vaticana encabezada por Tomasi.
El interrogatorio concluyó luego de dos horas para
permitir que la delegación vaticana prepare sus respuestas para el martes,
cuando la audiencia se reanude. Tomasi reconoció que existen diferencias sobre
"la línea de la responsabilidad legal y moral" para la puesta en
operación del tratado.
Dijo que ha habido "una estabilización y la
declinación en los casos de pedofilia" en la iglesia, lo que indica que
las medidas puestas en práctica por la Santa Sede y las diócesis locales
"están generando resultados positivos".
"La iglesia tiene que hacer su propia limpia.
Lo ha hecho durante los pasados 10 años", dijo.
Una comisión de la ONU que supervisa un tratado
clave sobre los derechos de los niños criticó a la Santa Sede en enero al
acusarla de privilegiar sistemáticamente sus intereses sobre los de las
víctimas al permitir a sacerdotes violar y acosar a miles de niños al aplicar
sus propias políticas y códigos de silencio. Esa comisión rechazó un argumento
similar presentado por el Vaticano para limitar su responsabilidad.
Si la comisión de Naciones Unidas encuentra que el
abuso se equipara con la tortura y tratos inhumanos se podría abrir la puerta a
innumerables demandas que se remontan a décadas atrás porque no hay
limitaciones en el estatuto en casos de tortura, dijo Katherine Gallagher, una
abogada especializada en derechos humanos en el Centro de Derechos
Constitucionales, un grupo sin fines de lucro con sede en Nueva York.
El grupo presentó informes a nombre de víctimas ante
ambas comisiones pidiendo a la ONU un escrutinio más minucioso de los registros
de la iglesia sobre abuso de menores.
Gallagher dijo que la violación puede ser
considerada una forma de tortura porque incluye elementos de intimidación,
coerción y explotación de poder y que el argumento de que la responsabilidad de
la Santa Sede sólo corresponde a los límites de Ciudad del Vaticano es
"falso".
Cuando firmaron el tratado las autoridades vaticanas
dijeron que lo hacían a nombre de Ciudad del Vaticano, no de la Santa Sede, que
es el organismo rector de la iglesia en el mundo.
El vocero vaticano Federico
Lombardi dijo a Radio Vaticano el viernes que la iglesia espera que la comisión
que revisa al tratado contra la tortura evite quedar "reducida a
herramientas de presión ideológica en lugar de ser el estímulo necesario hacia
el progreso deseado hacia el progreso deseado en la promoción de los derechos
humanos".
La comisión de la ONU, compuesta por expertos
independientes en lugar de representantes de los estados miembros, emitirá sus
observaciones finales y recomendaciones el 23 de mayo.
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