SAN JUAN, Puerto Rico (8 Septiembre 2014).- Los
primeros desajustes con la deuda pública, que hoy día ahoga las finanzas del
gobierno y drena la economía del país, llegaron con la primera crisis económica
bajo el Estado Libre Asociado.
Apenas se recrudecía la alternancia política luego
de la hegemonía del Partido Popular Democrático (PPD). Los cálculos políticos
cada vez eran más minuciosos y el gasto
para ganar el favor de los votantes comenzaba a tomar fuerzas.
Las opiniones
en cuanto a cuándo empezaron los problemas que, acumulados, terminaron en la
debacle fiscal de hoy día, varían. Algunos, como el economista Elías
Gutiérrez, sostienen que el deterioro
comenzó a finales de la década de 1960,
cuando el gobierno dejó de tener sobrantes presupuestarios significativos. La
mayoría, sin embargo, marca como un evento determinante el embargo de los
países árabes exportadores de petróleo de 1973, que causó una recesión a nivel
mundial cuyos efectos se sintieron claros en la Isla con la caída de la
industria petroquímica, un aumento drástico en los precios y la pérdida de
miles de empleos asalariados.
El entonces gobernador, Rafael Hernández Colón, reaccionó a la
situación aumentando la intervención del gobierno en la economía. En un intento
por controlar los precios creó una compañía de importación y ventas de
productos, compró las Navieras y la Telefónica, aumentando así la nómina del
gobierno y añadiendo capas de burocracia.
“La agilidad del gobierno se perdió con los cambios
de los partidos... Se comenzaron a multiplicar las agencias y se perdió el
control del gobierno”, opinó el presidente de la Cámara de Comercio, José Izquierdo Encarnación.
En síntesis, Hernández Colón, usando una serie de
préstamos, aumentó la inversión del gobierno en la economía, con la intención
de revivirla, siguiendo las teorías del Nuevo Trato y el economista John
Kaynes sobre los ciclos económicos que a
los políticos les gusta porque justifica el gasto público, dijo Gutiérrez. Esto
se pudo hacer por una opinión del Departamento de Justicia que le permitía al
gobierno cuantificar el dinero de los préstamos como ingresos.
La teoría es que el gobierno gasta un dólar y el
efecto multiplicador que se crea reaviva
la economía. “Eso pasa cuando la economía es relativamente cerrada y por
eso no cualificamos... Aquí, como es un mercado abierto, lo que pasa es que el
gobierno gasta un dólar y por ahí mismo se va del país”, dijo Gutiérrez.
Pero, pronto, los problemas en el presupuesto del
gobierno comenzaron a aflorar. La Corporación Azucarera, con la que buscaba
revivir este sector agrícola, operaba con pérdidas. Pasó lo mismo con las
Navieras y con los servicios de salud que daba el gobierno. De hecho, según el
contador Juan Agosto Alicea, la creación
de la Administración de Facilidades y Servicios de Salud como una corporación
pública en 1975 fue para que las
deficiencias presupuestarias no se reflejaran en el fondo general y no se
violara la disposición constitucional de balance presupuestario.
La crisis económica también causaba problema con los
recaudos de Hacienda. Es decir, el gobierno no recibía el dinero que necesitaba
para operar. Según Jorge Aponte, exjefe
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la primera deuda extraconstitucional
se creó en ese cuatrienio de Hernández Colón en el que se duplicó la deuda
pública.
Hernández
Colón contrató al economista James
Tobin -Premio Nobel de economía en el 1981- quien recomendó, entre
otras cosas, controles en el gasto de las corporaciones públicas y la generación
de ahorros que fueran usados para incentivar la producción.
El entonces comisionado electoral del PPD, Héctor Luis Acevedo, recordó que, poco antes
de las elecciones, el gobernador consultó a miembros de su partido sobre la
alternativa de gastar un superávit. El dilema era entre concederles un aumento
salarial a los maestros o invertirlo en mejoras que incentivarían la
producción, como recomendaba Tobin. El gobernador eligió promover la
producción. El PPD perdió las elecciones y los populares culparon esa decisión.
La crisis económica fue superada, entre otras cosas,
cuando el Congreso aprobó la Sección 936, que extendía mejores beneficios
contributivos a las industrias estadounidenses radicadas en Puerto Rico. Previo
a ese estatuto, los incentivos vigentes eran los de la Sección 931 del Código
de Rentas Internas federal. También para esos años, se extendieron a Puerto
Rico las ayudas económicas conocidas como los cupones de alimentos.
Carlos Romero Barceló entró a la gobernación en el 1977, en momentos
en que la economía ya daba señales de estabilización. No obstante, una
degradación crediticia poco antes de que entrara al poder, limitó su acceso a
los mercados de bonos para pedir dinero prestado.
Romero Barceló comenzó su mandato estableciendo una
serie de medidas de austeridad fiscal que buscaron eliminar los números rojos
en los libros del gobierno.
Romero
Barceló no pudo depender de la emisión de deuda pública en su segundo
cuatrienio como gobernador dado que el control senatorial lo tenía el opositor
PPD. Las emisiones de bonos, de ordinario, tienen que ser aprobadas por la
Legislatura.
Ya sea por la situación que enfrentó como gobernador
o por su política de austeridad fiscal, Romero Barceló estabilizó la deuda pública del País. En el 1976, por
ejemplo, la deuda consolidada representaba el 74% del Producto Nacional Bruto
(PNB). Cuando dejó el gobierno, la relación entre la deuda y el PNB había
bajado a 61%.
“Yo creo que la persona que quiera ver cómo se
administra un gobierno tiene que mirar cómo Romero Barceló administraba”, dijo
Aponte.
Por RICARDO CORTÉS CHICO/ENDI.COM
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