'Perseguir a los delincuentes es obligación del Estado': Procurador al Presidente Santos

BOGOTÁ, Colombia (17 Octubre 2014).- Mediante una carta de cuatro páginas, el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le manifestó al presidente de la República, Juan Manuel Santos que él sí tiene las facultades constitucionales y legales para solicitarle explicaciones sobre temas de interés nacional o casos en los cuales tenga alguna duda.

Esto haciendo expresa referencia a la autorización entregada por el Gobierno al máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’ para trasladarse en dos oportunidades a La Habana, Cuba, en el desarrollo de las negociaciones y diálogos de paz que se adelantan con ese grupo guerrillero desde hace más de dos años.

"Es oportuno recordar, que  soo por excepción y exclusivamente con miras al objetivo de la paz, el legislador señaló un único evento en el cual puede el Estado renunciar temporalmente a la persecución de un delincuente de las caracterísitcas del señor alias Timochenko. Esa posibilidad sólo existe, conforme al artículo 8 de la ley 418 de 1997, cuando una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos", señaló el Procurador Heneral.

Para Ordóñez Maldonado el jefe de las Farc no cuenta con la condición de “vocero” o “miembro representante” de dicho grupo guerrillero en los diálogos de país, además le recuerda que las órdenes de captura en su contra no fueron levantadas por las autoridades nacionales, hecho por el cual se estaría protegiendo a un criminal.

"Señor Presidente, perseguir a los delincuentes es obligación del Estado conforme a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y es consecuencia del principio de legalidad, sobre el que se edifica la convivencia y el conjunto de las instituciones democrática", precisa uno de los apartes de la carta.

El jefe del Ministerio Público basó su respuesta en los parágrafos establecidos en la ley 418 de 1997 y el artículo 277 de la Constitución en el cual se establecen las facultades que tiene el Procurador General para intervenir ante las diferentes autoridades administrativas en temas referentes a la defensa del orden jurídico.
"Como usted bien sabe, en el estado de derecho a los servidores públicos, cualquier que sea su jerarquía, solo les es dable hacer lo que la ley los faculta. Todas las autoridades para hacere seguimiento a las actuaciones de la mesa de La Habana que busca la terminación del conflicto armado que sufre nuestro país", precisa uno de los apartes de la misiva.
Finalmente le aceptó la propuesta al jefe de Estado para reunirse en los próximos días con el fin de hablar sobre el proceso de paz, del cual el Procurador General ha presentado una serie de objeciones en diferentes intervenciones académicas reiterando que se les estaría entregando un estatus de impunidad a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidios, desconociendo los derechos de las víctimas.


"La Procuraduría General de la Nación, en representación de la sociedad, reitera su compromiso por alcanzar la paz y, por eso, comparte el esfuerzo del Gobierno Nacional por lograr que se firme un Acuerdo que permita la desmovilización y el desarme del grupo al margen de la ley Farc, así como la reintegración de sus miembros, pero al mismo tiempo advierte que para lograrlo es indispensable que el proceso de La Habana se sujete estrictamente al ordenamiento jurídico, el cual dará la legitimidad que este tipo de diálogos requiere", puntualiza la carta firmada por Ordóñez Maldonado.

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