Detenidas otras 32 personas de trece alcaldías españolas en una nueva redada contra la corrupción

SEVILLA (11 Noviembre 2014).- La Guardia Civil la ha bautizado como 'operación Enredadera'. Va más allá de la denominada 'operación Madeja', de la que constituye una tercera y muy avanzada fase, que se extiende por al menos 12 provincias españolas, en las que la Guardia Civil realiza en estos momentos registros en busca de diversa documentación y en las se ha detenido a treinta personas.

De las 30 detenciones, 22 se han efectuado en Andalucía y casi la mitad de ellas en Sevilla. La operación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.

Diez de las detenciones han sido en Sevilla, cuatro en Córdoba, tres en Jaén, otras tantas en Huelva, una en Granada y otra en Cádiz.

Además, los agentes han arrestado a dos personas en Zaragoza y otras tantas en Madrid y la misma cifra en Canarias. Por último, los agentes han practicado otros dos arrestos en Badajoz y Valencia.

La Guardia Civil está desarrollando registros desde primeras horas de la mañana en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) tienen previsto detener a varias personas más, a las que les imputan presuntos delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Entre los detenidos, por el momento, se encuentran el funcionario de la Diputación de Sevilla, Carlos Manuel Podio Lora, responsable del departamento de Cohesión Territorial de la corporación provincial, y el jefe de sección de la consejería de Fomento de Extremadura desde la pasada legislatura y que ha sido trasladado a Sevilla. Su detención estaría relacionada con las sospechas surgidas en torno a la tramitación de varios concursos, en los que habrían participado cuatro empresas diferentes, entre ellas se encuentra también Fitonovo, con un expediente por valor de 237.000 euros para la conservación de los márgenes de las carreteras, informa el corresponsal de EL MUNDO David Vigario. Otro de los expedientes bajo investigación se remonta al año 2005.

También ha sido detenido el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, un representante de la empresa Fitonovo en Gran Canaria, y cuatro funcionarios en la Diputación de Córdoba.

Se han registrado, entre otros sitios, las diputaciones provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén, así como el ayuntamiento de La Carolina (Jaén). La Guardia Civil ha informado de que en el operativo se están realizando también varios registros en empresas y domicilios.

En Jaén han sido detenidas tres personas: el teniente de alcalde de Deportes del Ayuntamiento de La Carolina, Cristóbal Pérez; el jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación, y un técnico del Ministerio de Fomento, informa la corresponsal Mª Amelia Brenes. Los registros se han realizado en los despachos de los detenidos, y bajo sospecha se encuentran varios contratos por obras de mantenimiento y servicios. Se da la circunstancia de que Cristóbal Pérez fue condenado hace poco por agredir durante la pasada feria de la localidad a un joven miembro del SAT, también condenado por la trifulca.

En el caso de Huelva, la Guardia Civil ha confirmado la detención de tres personas. Se trata de tres funcionarios de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, que han sido detenidos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) durante el registro del edificio de la Delegación en la avenida de la Ría, según informa la corresponsal María Carmona.

Una derivada del 'caso Madeja'

Esta 'operación Enredadera' es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de la empresa Mercasevilla, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 Director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño, cuestión que investiga la juez Mercedes Alaya, titular del juzgado número 6 de Sevilla.

Del informe patrimonial realizado sobre Castaño se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la mencionada empresa.

Del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores se averiguó que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

Las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas. Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación.

Decretado el secreto de las actuaciones

La juez Alaya, que dirige la operación, ha decretado el secreto de las actuaciones. Los agentes de la UCO han llegado a la Diputación de Sevilla y al restos de los lugares donde se han realizado los registros en torno a las 9.00 horas.

EL MUNDO publicó en abril la confesión del empresario José Antonio González Baro, administrador único de Fitonovo, en la que señalaba a Carlos Podio como uno de los presuntos perceptores de las 'mordidas'. En aquella declaración ante la juez Alaya, señaló que también se habrían producido situaciones similares en ayuntamientos como los de La Carolina, Algeciras, La Palma del Condado y hasta en Zaragoza.

La juez Mercedes Alaya, que investiga este caso, dictó un auto este lunes en el que prorrogó nuevamente, y ya es la decimosexta vez, el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre la denominada operación 'Madeja', que se ha desarrollado en dos fases entre julio y diciembre de 2013 y que acumula hasta el momento 13 personas imputadas. La juez Alaya ha citado para hoy mismo a los antiguos dueños de la empresa Fitonovo y al que fuera concejal del PP en Sevilla Joaquín Peña.

Por IGNACIO DÍAZ-PÉREZ