PALMA DE MALLORCA (22 Diciembre 2014).- El juez José
Castro acaba de decretar este lunes la apertura del juicio del caso Urdangarin
y ha decidido que la hermana del Rey, la Infanta Cristina de Borbón, debe
sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal que la juzgará como
cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido. El instructor
considera que la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser juzgada para que ante un
tribunal se diriman los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel
de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su
marido. La vista oral se puede celebrar en la segunda mitad de 2015 en la
Audiencia de Palma. Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad
pecuniaria. La Infanta se sentará en el el banquillo junto a 16 personas más,
entre ellas, su marido.
El magistrado Castro, al poner el broche a la
instrucción después de cuatro años, mantiene el criterio que expresó en 2013
cuando dictó la primera imputación contra la Infanta, implicación que
inicialmente derribó la Audiencia de Palma. Semanas atrás, en 2014, los tres
magistrados del Tribunal coincidieron con las tesis del instructor al encausar
a Cristina de Borbón por dos supuestos delitos contra la Hacienda pública, a
pesar de que existe contra ella una única acusación la del pseudo sindicato
ultra Manos Limpias. Esta parte reclama ocho años de cárcel para la infanta.
La infanta Cristina y su marido
El juez ha desatendido las razones de los extensos
alegatos defensivos de los escritos de calificación del fiscal anticorrupción
Pedro Horrach, de la Abogacía del Estado y de los letrados de Cristina de
Borbón. Estas partes se centraron en la no existencia de indicios delictivos
contra la Infanta y, además, subrayaron que era de inexcusable aplicación –a su
favor- la llamada doctrina Botín, del Tribunal Supremo que señala que si no
acusan la fiscalía y la abogacía estatal en un delito que alude al Estado no
puede juzgarse.
Castro
no aplica la Doctrina Botín
El juez Castro interpreta, con el respaldo del
mandato de la Audiencia, que si la fiscalía y Hacienda acusan por los mismos
delitos a Urdangarin y su socio Diego Torres no hay razón por la que no se
pueda juzgar a la hermana del Rey. El magistrado escribe que si no prospera la
acusación de doble delito fiscal, cabría declarar a la Infanta "partícipe
a título lucrativo de los demás supuestos delitos" perpetrados por su
marido "de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado
delictivamente en ellos".
El juez pide que Urdangarin deposite en concepto de
fianza de responsabilidad civil y en total de 14.957.262 euros, y para su
esposa reclama que pague 2.697.150 euros. El juez pide más de 90 millones de
fianza en total por responsabilidad pecuniaria para las 17 personas que se
sientan en el banquillo.
Cristina de Borbón ha protagonizado desde 2013 –y
desde su declaración ante el juez como imputada de febrero de 2014- gran parte
de las informaciones sobre el caso Urdangarin también llamado caso Nóos.
El asunto judicial se abrió en 2010 para investigar
la supuesta malversación de seis millones de fondos públicos de los Gobiernos
de Baleares y la Comunidad Valenciana por Iñaki Urdangarin y su socio Diego
Torres, a través del Instituto Nóos. La lupa escrutadora se centró en la
presencia de Cristina de Borbón en la junta de Nóos y, especialmente, en su
papel de copropietaria con su marido de la compañía Aizoon en la que se
drenaron cantidad supuestamente defraudadas.
El último escrito determinante en la causa del juez
Castro, el auto de apertura del juicio oral, contiene el relato de hechos bajo
sospecha, el abanico de supuestos delitos y así como el listado de acusados que
han de estar en el banquillo para ser juzgados. El socio Diego Torres, su
esposa Ana Maria Tejeiro y sus dos hermanos colaboradores de Nóos. El ex
presidente Jaume Matas y cuatro de sus colaboradores, cargos de Madrid 2016 y
de la Comunidad Valenciana.
El fiscal quiere una petición de pena máxima de 19,
5 años de prisión contra Iñaki Urdangarin y una multa de 3,5 millones mientras
que para el expresidente balear Jaume Matas la pena reclamada es de 11 años.
Para Diego Torres son más de 16 años. La Fiscalía Anticorrupción no ve culpable
a la Infanta pero le exige el pago de casi 600.000 euros por su responsabilidad
civil a título lucrativo de los fondos fraudulentos operados en Aizoon aun sin
saber su procedencia ilegal y no ser administradora de la compañía. La Infanta
depositó esta partida en el juzgado. Al abonar esta cantidad (de no ir a
juicio) evitaba ser parte –civil- en la causa y ser citada como solicita el
fiscal.
Iñaki Urdangarin se enfrenta a acusaciones por los
supuestos delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación,
falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la
administración, dos delitos contra la hacienda pública y uno delito de blanqueo
de capitales.
Por
ANDREU MANRESA/El Mundo
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