NUEVA YORK (3 Enero 2015).- El concejal Antonio
Reynoso (D-Brooklyn) confirmó el viernes que el proyecto de ley municipal que
obligaría a la Policía a obtener el consentimiento escrito o grabado de un
sospechoso antes de registrarlo sigue en pie, a pesar del malestar existente
entre uniformados y la alcaldía, que alcanzó su punto más dramático luego del
doble asesinato de los oficiales Rafael Ramos y Wenjian Liu.
El proyecto, presentado en noviembre pasado, es
parte de un paquete legislativo que busca acabar con el alto número de
registros injustificados de hispanos y afroamericanos por parte de la Policía.
De ser aprobada esta iniciativa, antes de realizar
una pesquisa los oficiales del NYPD deberían recordarle a una persona su
derecho constitucional de rehusarse a la misma, a menos que haya una causa
probable o una orden judicial de por medio.
La propuesta señala que la Policía suele pedirle a
un ciudadano—a pesar de no tener ninguna base legal para hacerlo—que vacíe sus
bolsillos para examinar su contenido. Si la persona (que en un número
desproporcionado de casos es negra o latina) tiene marihuana o algún tipo de
sustancia prohibida en su poder, esta pesquisa termina en arresto.
Una segunda iniciativa, presentada por el concejal
Ritchie Torres (D-Bronx), requiere que los oficiales se identifiquen e informen
la razón para detener a alguien en la calle antes de hacerlo. Una tercera busca
criminalizar la llave de estrangulamiento, el procedimiento empleado letalmente
contra Eric Garner.
“Estas reformas [al NYPD] siguen siendo necesarias”,
dijo Reynoso a El Diario.
Las declaraciones del concejal terminaron con las
especulaciones sobre un posible cambio de postura después del asesinato a
sangre fría de Ramos y Liu.
Estos proyectos de ley, que tienen el respaldo de
activistas pro derechos civiles y contra la brutalidad policial, han sido
fuertemente criticados por los sindicatos policiales, que los han catalogo como
una forma de debilitar la posición de los agentes cuando éstos entran en
contacto con criminales. El año pasado,
según el National Law Enforcement Officers Memorial Fund, 126 oficiales
murieron en la línea del deber—la mitad de ellos en enfrentamientos armados o
emboscadas—, 24 más que el año anterior.
Con
reservas funcionarios municipales
Reynoso y
Torres están cerca de lograr los 26 votos necesarios para aprobar estas
medidas en el Concejo. La presidenta del cuerpo, Melissa Mark Viverito,
confirmó por medio de un portavoz que todavía no ha definido su voto.
Monica Klein, vocera del alcalde Bill de Blasio,
reiteró en un comunicado que éste tiene “reservas acerca de estos proyectos,
tal y como están escritos”. Este fue uno de los temas tratados por De
Blasio, el comisionado de NYPD, William
Bratton, y los representantes de los cinco sindicatos policiales durante su
reunión a puertas cerradas a comienzos de esta semana.
La decisión de Reynoso y Torres de avanzar con su
paquete legislativo pone en una difícil posición al alcalde, quien debe ahora
optar entre oponerse y, eventualmente, vetar esas leyes, rompiendo así con la
izquierda de su coalición, o satisfacer a ésta y enrarecer aún más su
complicada relación con los uniformados.
En un claro desafío a De Blasio, Reynoso dijo no
temerle a su oposición a estas leyes. “Yo no tengo que estar o no de acuerdo
con él”, afirmó ante la consulta de El Diario. “Mi responsabilidad es hacer lo
correcto para mi electorado; esa es la línea de separación entre el alcalde y
mi posición como concejal”. Justificó su
postura diciendo que “hay miles de personas marchando ahí afuera [contra la
brutalidad policial] y la desafortunada muerte de los dos agentes mientras
cumplían con su deber no tiene por qué desacreditar a ese movimiento”.
Se espera que estos proyectos de ley sean objeto de
audiencias públicas antes de ser votados en el pleno del Concejo.
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