EE.UU A PIDE SOCIEDAD CIVIL Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES OBSERVAR REPATRIACIONES RD
WASHINGTON (15 Agosto 2015).- Estados Unidos pidió a
la República Dominicana que evite deportaciones "masivas" de
inmigrantes irregulares.
Ala vez que solicitó que grupos de la sociedad civil
y organizaciones internacionales sean observadores de este proceso.
Mediante un comunicado fechado el viernes, Mark
Toner, portavoz adjunto del Departamento de Estado, indicó que EE.UU "es
consciente de la decisión tomada por la República Dominicana, de iniciar la
deportación de personas que se considera están en el país de forma ilegal.
“Al mismo tiempo, instamos a la República Dominicana
para evitar las deportaciones en masa y llevar a cabo cualquier deportaciones
de manera transparente que respete plenamente los derechos humanos de los
deportados. Procedimientos de deportación deben adherirse a los protocolos y
procedimientos claros, a disposición del público y verificables. Nacionalidad
dominicana y las políticas de migración y las prácticas deben ser coherentes
con las leyes dominicanas y las obligaciones y compromisos internacionales de
la República Dominicana”.
El comunicado del Departamento de Estado de EEUU
Declaración de Prensa
Mark C. Toner
Departamento Portavoz adjunto
Washington DC
14 de agosto 2015
Los Estados Unidos es consciente de la decisión de
la República Dominicana para comenzar a deportar a las personas que se
consideren en situación irregular en el país. Reconocemos la prerrogativa de la
República Dominicana para eliminar los individuos de su territorio que están
presentes sin autorización.
Al mismo tiempo, instamos a la República Dominicana
para evitar las deportaciones en masa y llevar a cabo cualquier deportaciones
de manera transparente que respete plenamente los derechos humanos de los
deportados. Procedimientos de deportación deben adherirse a los protocolos y
procedimientos claros, a disposición del público y verificables. Nacionalidad
dominicana y las políticas de migración y las prácticas deben ser coherentes
con las leyes dominicanas y las obligaciones y compromisos internacionales de
la República Dominicana.
Instamos al Gobierno de la República Dominicana para
permitir la observación de los procedimientos de deportación por parte de
grupos de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, como la
Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, incluido en las
fronteras.
Seguimos profundamente preocupados por que las
personas con derecho a la ciudadanía o de otra manera elegible para permanecer
en la República Dominicana no puede haber tenido el tiempo suficiente y los
medios para acceder a los procesos para regular y formalizar su estado y tienen
sus reclamaciones adjudicadas. Por lo tanto, es imperativo que la República
Dominicana pantalla eficazmente a las personas potencialmente sujetos a la
deportación para determinar si son ciudadanos dominicanos, requieren protección
internacional, o son elegibles para la naturalización o regularización.
En todos los casos, la República Dominicana debe
tomar las medidas adecuadas para evitar el riesgo de la apatridia y la
confiscación discriminatoria de documentos.
Animamos a la República Dominicana y Haití para
consultar y colaborar entre sí para desarrollar procesos y procedimientos
eficaces para el retorno seguro y ordenado de los migrantes a través de su
frontera común.
Estos procesos deben ser coherentes con las
obligaciones y compromisos internacionales de cada país, defender el imperio de
la ley, ofrecer garantías de procedimiento para garantizar un tratamiento
adecuado de deportados, y facilitar el retorno inmediato de los individuos
deportados de la República Dominicana que tienen un derecho de ciudadanía o
presencia en el país.
Los Estados Unidos continuará monitoreando
activamente la evolución en la República Dominicana, y comprometer al Gobierno
de la República Dominicana para garantizar la protección de los derechos
humanos, fomentar la inclusión social de todas las personas, y el trabajo para
prevenir la privación arbitraria de la nacionalidad para los ciudadanos legales.


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