SAN JUAN, Puerto Rico (3 Diciembre 2015).- El
Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), arrestó
esta mañana al empresario y recaudador de fondos de campaña del Partido Popular
Democrático (PPD), Anaudi J. Hernández Pérez, y a otras nueve personas, por un
esquema de inversionismo político en varias agencias del gobierno.
Además de Hernández Pérez fueron arrestados Sally
López Martínez, funcionaria de La Fortaleza y quien también fue administradora
de la Administración de Derecho Laboral en el Departamento del Trabajo; el
administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González, y la directora
de la Oficina de Compras y Logística de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA), Sonia Barreto.
También están bajo custodia de los agentes federales
Glenn Rivera Pizarro, ayudante operacional de la Cámara de Representantes,
Víctor Rafael Burgos, exempleado del mismo cuerpo legislativo y empleado del
Departamento de la Familia; Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la AAA; su
hermana Marieli Falcón, Javier Muñiz y Carlos Luna.
Según indicó la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez
durante una conferencia de prensa efectuada hoy a las 11:00 a.m., un gran
jurado emitió ayer, miércoles, un pliego acusatorio de 25 cargos contra
Hernández Pérez y las otras nueve personas por cargos de soborno, obstrucción a
la justicia, lavado de dinero, conspiración para fraude electrónico y extorsión
por actos cometidos desde el 2012 hasta el momento, que les rindieron un
beneficio de más de $2 millones. La fiscal agregó que estas personas crearon compañías
después de las elecciones pasadas, muchas de las cuales no tenían el peritaje
necesario para lo que fueron contratadas.
Las agencias afectadas por el esquema descrito por
Rodríguez fueron la Administración de Desarrollo Laboral, la Cámara de Representantes
y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Las penas aplicables en este caso, según señaló la
funcionaria federal, son cinco años por conspiración para cometer fraude con
programas federales y fraude electrónico, 10 años por fraude de servicios
honestos, hasta 20 años por lavado de dinero y hasta 30 años por conspiración
para cometer fraude para privar al pueblo de sus servicios honestos.
“Nos encontramos hoy nuevamente para destapar uno de
los problemas que más nos han afectado a través de los años, la corrupción
pública. El amiguismo político y el favoritismo en la otorgación de contratos
en el gobierno, nos ha ido vaciando las arcas gubernamentales. Hoy el pueblo
paga dolorosamente el precio de las negociaciones debajo de la mesa en los
restaurantes y tiendas de lujo, tras bastidores, en cuartos oscuros que
resultan en la contratación del que está mejor conectado y no del mejor postor.
Hoy pagamos todos las consecuencias del uso de influencias indebidas por
personas como el acusado, Anaudi Hernández Pérez y otros… Que quede bien claro,
esta práctica no solo es inmoral, es ilegal, y hoy hemos visto nuevamente que
la corrupción no tiene colores”, declaró Rodríguez al comenzar su alocución
ante la prensa.
La fiscal añadió que Hernández Pérez tenía una
influencia tal que celebró su cumpleaños en la suite privada del gobernador
Alejandro García Padilla en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en
San Juan. Asimismo, declaró que en un momento el acusado presionó a un empleado
de La Fortaleza para que contratara a Sally López Martínez porque era
“importante para mí”. De la misma forma, Hernández Pérez solicitó que se
despidieran a funcionarios.
“Esta investigación continúa. Esta es solo la primera
fase”, puntualizó Rodríguez, quien no descartó que pueda “haber una segunda y
una tercera parte”.
Al hablar sobre los esquemas, la fiscal federal
señaló que el primero de ellos fue con López Martínez, mientras el segundo fue
con Ivonne Falcón y Sonia Barreto en la AAA, donde lograron un contrato firmado
por el presidente ejecutivo Alberto Lázaro. En este caso, Hernández Pérez y los
co-conspiradores dieron regalos a Falcón y Barreto, pagándoles deudas y cenas
en el restaurante Morton’s. Agregó que Hernández Pérez llevaba récord de todos
los regalos que les hizo, como boletos para conciertos.
El tercer esquema fue con la Cámara de
Representantes. Aquí, expuso Rodríguez, hubo un proceso de subasta “corrupto”
en el que 3CommGlobal obtuvo un contrato para montar un cuadro telefónico. Esta
compañía se incorporó a días de las elecciones de 2012.
Rodríguez acotó que Hernández Pérez envió seis
propuestas enmendadas de costo para poder “ganar” el contrato.
Por su parte, el saliente director del Negociado
Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Cases, exhortó al gobernador García
Padilla a evaluar las personas que lo rodean.
“La corrupción tiene nombre y apellido: se llama la
política partidista o partidocracia, y su hermano gemelo, el inversionismo
político. De eso se trata este caso denominado Operación Botín de Guerra”, dijo
Cases.
“Exhorto al
gobernador y a los demás líderes políticos de Puerto Rico a que lean el pliego
acusatorio con detenimiento y mediten sobre estas acusaciones serias y sin
precedentes, y los reto a que limpien su cuarto de los parásitos y garrapatas
políticas que tienen a Puerto Rico desangrado y en cuidado intensivo”, agregó.
“Este caso es una vergüenza más para el pueblo de
Puerto Rico y no es momento para los adversarios políticos ponerse a celebrar y
a regocijarse, por si no lo sabían. El acusado Javier Muñiz Álvarez, es
aspirante a alcalde de Moca por el Partido Nuevo Progresista, pero como la
memoria es corta, si quieren, les puedo repasar los casos de corrupción
política de los últimos 20 años. Por el contrario, se deben unir todos y dejar
la política partidista a un lado y ponerse a trabajar juntos”, puntualizó el
director del FBI, quien cerró su alocución citando al gobernador.
“La verdad es la verdad, y la verdad es invencible”,
dijo.
En la conferencia de prensa también estuvieron la
directora ejecutiva de Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, el fiscal
de distrito José Capó y la contralora Yasmín Valdivieso.
Antes de conocerse el nombre de los arrestados, se
indicó que entre los detenidos no estaban personas que habían acudido ante un
Gran Jurado federal en relación a este caso como son Luis Gerardo García Padilla,
hermano del gobernador Alejandro García Padilla; a Erick Reyes, amigo del
primer ejecutivo, ni a Eder Ortiz, excomisionado electoral del PPD.
Nueve de los detenidos por el FBI serán llevados
ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll para la vista inicial en la
tarde, mientras que Hernández Pérez comparecerá ante el magistrado Marcos
López.
Hernández Pérez es eje de una pesquisa federal por
corrupción gubernamental que involucra a varios funcionarios y empresarios
ligados a la administración de Alejandro García Padilla, relacionada con
contratos públicos y favores políticos a cambio de donativos.
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