SÓLO LA MITAD DE HAITIANOS OBTUVO RESIDENCIA TEMPORAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO, República Dominicana (5 Enero 2016).- Mientras prepara un coctel de frutas en su puesto ambulante en una exclusiva zona residencial de Santo Domingo, Cresnel Ceus sonríe cada vez que comentaba a sus clientes que luego de ocho años por fin viajaría a su natal Haití con sus hijos a que conocieran a sus padres.

“Mis hijos van a conocer Haití”, decía el hombre de 37 años, tez morena y anchas espaldas, padre de una niña de ochos años y un niño de seis, nacidos en República Dominicana.    Pese a haber nacido en suelo dominicano, sus hijos no tienen la nacionalidad del país porque la Constitución no la otorga los descendientes “de los extranjeros en tránsito”, como era el caso de Ceus y su esposa.

Como miles de haitianos, la pareja había vivido y trabajado desde 2000 en el país sin permiso migratorio y con el temor a ser deportados, pero ahora es uno de unas 184.000 personas que lograron la residencia temporal bajo un programa de regularización del gobierno.

Para quienes lograron cumplir los requisitos y solicitar la residencia con base en documentos en un lugar donde es difícil conseguirlos, la vida se ha vuelto más fácil.

“Todo está bien ahora”, dijo Ceus blandiendo la copia de su nueva tarjeta de migrante, algo en lo que coincide Washington González, viceministro de Interior, quien dijo a The Associated Press que “no habrá absolutamente ningún inconveniente” este año a quienes viajen con la residencia temporal y que podrán regresar sin peligro a ser detenidos o extorsionados por traficantes de personas.

Pero unas 300.000 personas enfrentan un futuro incierto: aquellos que hace décadas viven en el país y no cumplieron con los requisitos para obtener la residencia, o no pudieron conseguir la documentación requerida como un certificado de nacimiento de Haití o documentos que mostraran que habían vivido en República Dominicana desde antes de octubre de 2011.    

El programa de residencias temporales fue creado luego de que el Tribunal Constitucional dominicano decidiera, en una polémica sentencia, ordenar a las autoridades a abrir juicios y anular la nacionalidad de las personas nacidas en el país entre 1929 y 2007, de padres extranjeros que no tuviesen permiso de residencia legal.

Este proceso de desnacionalización generó críticas de organismos de derechos humanos, que estimaron que unos 210.000 descendientes de inmigrantes haitianos quedarían apátridas. En respuesta a la presión internacional, el gobierno aprobó una ley para reconocer la nacionalidad de quienes estuviesen inscritos en el registro civil y creó un programa paralelo de regularización a fin de reconocer la nacionalidad a quienes estuviesen inscritos en el registro civil.    Aunque el gobierno ha insistido en el éxito del programa, menos de la mitad de las 524.000 personas, en su mayoría de descendencia haitiana, calificó para obtener el permiso de estancia temporal.