SAN JUAN, Puerto Rico (18 Mayo 2016).- En los
últimos diez años una decena de hospitales del País se han acogido a la Ley de
Quiebras, nueve al Capítulo 11 (reorganización de deudas) y uno al Capítulo 7
(liquidación). En la actualidad, el Hospital Wilma Vázquez, de Vega Baja,
permanece en quiebra, mientras que el Hospital Lafayette, de Arroyo, salió pero
continúa bajo sindicatura. El resto logró salir de la protección que los cobija
bajo este estatuto federal, pero encaran un difícil panorama fiscal, al igual
que el resto de los 70 hospitales del País.
La deuda millonaria que arrastraron desde abril del
año pasado con la Administración de Seguros de Salud (ASES) por servicios
prestados a la Reforma de Salud es el factor que más ha contribuido a la
inestabilidad económica que enfrenta la industria hospitalaria del País, según
la opinión de varios administradores hospitalarios.
Atrasos en los pagos y denegaciones de facturas por
servicios médicos brindados a beneficiarios de Mi Salud completan la ecuación,
según el parecer colectivo de los expertos.
La Asociación de Hospitales radicó en febrero una
declaración donde desglosaron los elementos principales que los han llevado a
la crisis. Entre estos, mencionan las denegaciones y no autorizaciones de los
planes médicos a casos de emergencias de pacientes, así como el éxodo de
profesionales y el aumento de una población mayor de 60 años con una alta
prevalencia de enfermedades crónicas.
La disparidad de fondos federales de los programas
Medicare y Medicaid también ha sido un detonante fatal, recuerda la
declaración.
“El problema mayor es la Reforma porque es el
principal ingreso de los hospitales y cuando ASES no paga, (los hospitales) se
ven imposibilitados de cumplir con sus compromisos cotidianos”, denunció Manuel
Perfecto Torres, de la Unión General de Trabajadores (UGT).
Señalan
a la Reforma
Las demandas por impericia médica, cuando no son
meritorias, es otro elemento contribuyente a la crisis hospitalaria, según
Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales.
“Tres hospitales tuvieron casos bastante fuertes por
esta situación”, opinó.
Plá coincidió en que los tropiezos de la Reforma de
Salud han afectado a la industria hospitalaria, particularmente desde abril del
año pasado ya que, bajo los nuevos contratos de administración repartidos entre
cinco entidades de salud, se regionalizaron los servicios, dejando fuera a
proveedores y hospitales que antes brindaban servicios a beneficiarios de todo
Puerto Rico.
“Y con el problema de los pagos atrasados de la ASES
hay hospitales que todavía se están recuperando tras haber cogido dinero
prestado (para poder seguir operando)”, indicó.
Además, Plá señaló el impacto que les ha provocado a
los hospitales el que compañías Medicare Advantage hayan renegociado contratos
y reducido tarifas tras haber sufrido una reducción de fondos de este programa
federal.
“En la mayoría de los hospitales, hace cinco o seis
años que no se les da un aumento. Por eso es el cabildeo fuerte en Estados
Unidos. Si a Puerto Rico no le llega más dinero de (el programa) Medicaid, no
se pueden dar servicios de salud a $2,000 por persona por año”, dijo al
recordar que el Plan de Salud del Gobierno tiene una matrícula de 1.6 millones
de asegurados.
Un impago, recalcó, sería la última ficha que
provocaría una crisis de los servicios.
Buscan
protección
La Ley federal de Quiebras es una opción que algunos
hospitales han acogido para escapar del abismo fiscal en el que muchos se
encuentran.
“El capítulo 11 permite reestructurar deudas. Se
radica el caso y se logra una orden de paralización (de pagos) a todos los
acreedores, se paralizan las amenazas de embargo”, explicó el licenciado
Rolando Emmanuelli.
Según indicó el especialista en casos de quiebra,
esto permite a los hospitales mantenerse operando mientras cumplen con un plan
que el tribunal federal controla sobre cómo la institución les va a pagar a los
deudores. La prioridad del plan son las deudas aseguradas, que incluyen el pago
de hipoteca y de contribuciones al gobierno, entre otras.
“Bajo el capítulo 11 (de la Ley federal de Quiebras)
se mantiene al deudor en posesión (de la empresa). Bajo el capítulo 7 (del
mismo estatuto) el síndico que le asigne la corte coge el caso”, indicó
Emmanuelli.
El abogado aceptó que los empleados de una empresa
que se acoge a la quiebra podrían resultar afectados ya que la corte puede reestructurar
la relación obrero patronal, incluyendo cambios de acuerdos y modificaciones de
convenios colectivos.
“Si un hospital se declara en quiebra, el orden de
prioridad (de pago) se altera y son los acreedores (los pagos prioritarios), no
los empleados”, coincidió Perfecto Torres.
Ahogados
de deudas
El hospital Wilma Vázquez, en Vega Baja, se ha
acogido al capítulo 11 de la Ley federal de Quiebras en varias ocasiones, la última en octubre de 2013. Desde entonces,
ha estado reorganizando sus deudas, siendo su deuda principal al momento de la
última radicación la que tenían con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
por $1 millón.
José Orlando Pabón, presidente de la Junta de
Directores del hospital Wilma Vázquez, señaló también a la Reforma de Salud
como el responsable principal del disloque en sus finanzas. Explicó que con la
eliminación de contratos de servicios no esenciales, la sustitución de equipos
que consumían mucha energía y la reducción de gastos, entre otras movidas y
búsqueda de nuevos nichos de servicio, esperan poder salir de la quiebra en los
próximos meses.
El hospital Lafayette, en Arroyo, también se acogió
a la quiebra en noviembre del año pasado. Pero, aunque la institución logró
salir de la quiebra hace tres meses, aún se mantienen bajo la supervisión de
una sindicatura.
El doctor Manuel Quiñones, síndico del hospital,
informó que el acuerdo de colaboración con el hospital San Lucas que se había
anunciado en enero aún no se ha finiquitado.
“De no darse unos cambios significativos pronostico
el cierre de cuatro hospitales privados que no forman parte del sistema de
salud privado. ASES tiene que pagar la deuda vieja para evitar esto”, comentó
Ramón Alejandro Pabón, administrador de hospitales.
“Los aires
que suenan son bien malos. Molina (Healthcare) nos está denegando muchos días
(de hospitalización)”, advirtió el doctor Pedro Benítez, del Hospital Damas.
Advirtió que aunque ya estuvieron en quiebra, están
tomando acciones para reducir y controlar gastos.
Por
MARGA PARÉS ARROYO
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