“PICULÍN ” ORTIZ PIDE A JUEZA FEDERAL QUE RECONSIDERE REVOCACIÓN DE LIBERTAD SUPERVISADA

SAN JUAN, Puerto Rico (22 Julio 2016).- La defensa del exbaloncelista José “Piculín” Ortiz Rijos, solicitó nuevamente a la jueza federal Carmen Consuelo Cerezo que reconsidere su determinación de haberle revocado la libertad supervisada, tras no completar las 600 horas de servicio comunitario.

“Ortiz Rijos cree que el tiempo de prisión impuesto (45 días) no se justifica por las circunstancias de este caso. Él le pide a la corte que reconsidere su decisión y lo re sentencie a tiempo cumplido. Esto le permitiría comenzar su tiempo de libertad supervisada y comenzar a efectuar las horas de servicio comunitario que tiene que completar”, señala la moción radicada por el abogado Héctor Ramos de la Oficina del Defensor Público federal.

Asimismo, expuso que el tiempo que tiene que cumplir en prisión es desproporcionado al tipo de violación que cometió.

“No existe precedente en la corte de distrito de Puerto Rico, ni en ningún otro sitio en la nación en el que se impone un término en prisión cuando la única violación a la libertad supervisada fue por fallar en completar las horas de servicio comunitario”, indica el documento.

Planteó que ninguna de las partes involucradas en este caso (fiscalía y Oficina de Probatoria) creía necesario la imposición de tiempo adicional en la cárcel.

El letrado afirmó que personal de la Oficina de Probatoria le ha expresado su preocupación de que esta revocación de libertad pueda tener un efecto contraproducente en la rehabilitación de Ortiz Rijos.

Mantuvo que prácticamente se había completado el proceso de rehabilitación del exbaloncelista, quien tuvo un problema de adición a drogas durante una década.

Afirmó que tras la recaída que sufrió Ortiz Rijos en un momento dado, la Oficina de Probatoria le urgió a enfocarse en su rehabilitación y así lo hizo.

“Porque no puede convertirse en un ejemplo a seguir sin primero ganar control de su vida”, apuntó.

Argumentó que otra razón por la que la corte debe reconsiderar su determinación es por el impacto que tendrá en el empleo del convicto. Manifestó que aunque está confiado en que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) no le dará la espalda a Ortiz Rijos, la Academia Universal de Baloncesto informó que no lo contratarán para el semestre que está próximo a comenzar debido a la revocación de su libertad.

No obstante, indicó que la Academia está dispuesta a considerar emplear a su cliente en un futuro.

Comentó que durante la vista del pasado 6 de julio el oficial de probatoria declaró sobre el exitoso ajuste de Ortiz Rijos durante su libertad supervisada y que en gran parte se debió a la estabilidad que le daba su empleo. “Ortiz Rijos desea no perder esta oportunidad”, dijo.

Recordó que su cliente identificó 19 escuelas para ofrecer charlas a jóvenes sobre su experiencia por el abuso de sustancias controladas y desea comenzar a efectuarlas lo antes posible.

Mantuvo que “Piculín” reconoció que no es una persona organizada por lo que perdió el tracto de las horas que le faltaban por completar. Indicó que cuando surgió la situación, intentó hacer un ejercicio mental sobre el cumplimiento de sus horas, pero falló en obtener la evidencia.

Aseguró que Ortiz Rijos no intentó engañar a la corte.

Comentó que aunque pueda apelar, el trámite es tan largo que concluiría después de que cumpla el tiempo en prisión.

El pasado martes Cerezo le revocó la libertad supervisada a “Piculín” y ordenó que cumpla 45 días en la cárcel, completar las 600 horas de servicio comunitario y cumplir un periodo adicional de libertad supervisada hasta el 7 de mayo del 2017.

El 29 de marzo del 2012 Ortiz Rijos fue sentenciado por Cerezo a seis meses de cárcel, a cumplir nueve meses de rehabilitación, a cuatro años de libertad supervisada luego de cumplir prisión y a 600 horas de servicio comunitario. Ello, tras declararse culpable de poseer con la intención de distribuir sustancias controladas.

El excentro de los Cangrejeros de Santurce fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el 30 de junio del 2011 en su residencia en Cayey. Este admitió a los agentes del ICE que era el dueño de las 218 plantas de marihuana halladas en su casa, valoradas en US$150,000. De igual forma, reconoció que eran suyas, las municiones de un rifle AR-15 que le fue ocupado.