MISIÓN OEA SUGIERE DESVINCULEN VOTACIONES DE SENADORES Y DIPUTADOS EN DOMINICANA
SANTO DOMINGO, República Dominicana (7 Septiembre 2016).- La Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), al presentar su Informe sobre las Elecciones Dominicanas el 15 de mayo pasado, sugirió que sean desvinculadas las votaciones de senadores y diputados.
El expresidente Andrés Pastrana, quien presidió la Comisión tuvo a su cargo presentación del Informe.
Alternativasnoticiosas.com deja a sus lectores el Informe íntegro leído por Pastrana en la Sesión de este miércoles.
Embajador, Elliston Rahming, Presidente del Consejo
Permanente
Embajador Edward Pérez Reyes, Representante Alterno
de República Dominicana ante la OEA
Señor Luis Almagro, Secretario General
Señor Néstor Méndez, Secretario General Adjunto
Representantes de los Estados Miembros y
Observadores Permanentes ante la OEA
Antecedentes
La Junta Central Electoral (JCE) de República
Dominicana, a través de carta fechada el 25 de febrero de 2016, realizó una
invitación a la Organización de los Estados Americanos para desplegar una
Misión de Observación Electoral para observar las elecciones ordinarias
generales presidenciales, congresuales, municipales y de representantes de la comunidad
dominicana en el exterior, convocadas para el 15 de mayo de 2016.
El Secretario General de la OEA aceptó la
invitación, sujeto a la obtención de los recursos financieros necesarios, y
cursó instrucciones al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral
(DECO) de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) a efecto
de iniciar los preparativos correspondientes.
La Misión de Observación Electoral de la
Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en República Dominicana, fue
encabezada por el ex Presidente de Colombia Andrés Pastrana, y tuvo un
despliegue de 38 expertos y observadores internacionales que visitaron 292
centros en 18 provincias del país.
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Asimismo, observadores constataron el
desarrollo de la votación en Washington DC y Maryland, Estados Unidos.
La elección de 2016 se distinguió por tres
características.
La primera es que se trató de un proceso general,
que convocó a los ciudadanos para elegir al presidente, los parlamentarios y
los alcaldes de manera simultánea por primera vez en más de veinte años.
En segundo lugar, otra situación novedosa para este
proceso es la modificación, al artículo 124 constitucional que permitió la
reelección presidencial inmediata.
El tercer elemento distintivo fue la implementación
del uso de nueva tecnología en el proceso electoral destinado al registro y
verificación de identidad de los electores y en particular al proceso de conteo
de votos y transmisión de resultados.
Etapa
pre-electoral
Como parte de los preparativos para esta proceso
electoral la República Dominicana contó con una nueva cedulación con mayores
elementos de seguridad y con ello un nuevo padrón electoral, con
características biométricas, que al momento del cierre estuvo compuesto por
6.765.245 electores; 50.48% mujeres y 49.16% hombres.
En temas de inclusión destacan dos medidas positivas
tomadas para éste proceso electoral. La primera se refiere a un plan piloto
para implementar la modalidad de “voto en casa”
y la segunda
se refiere al “voto penitenciario”, a través del cual se habilitaron a 1,579
ciudadanos en situación de detención preventiva.
Por otro lado, la Misión estuvo presente el 1 de
mayo de 2016, para verificar el desarrollo del segundo simulacro a nivel
nacional que tenía por objeto identificar y realizar los ajustes necesarios a
los sistemas y a las comunicaciones que se preveían ser utilizadas de manera
novedosa el 15 de mayo. Se observaron dificultades de logística, configuración,
funcionamiento y distribución de los equipos.
En los días previos a la elección, la Junta Central
Electoral y un grupo de partidos de la oposición solicitaron a la Jefatura de
Misión sus buenos oficios para facilitar un diálogo entre las partes que
estaban en desacuerdo sobre el procedimiento para el conteo de los votos.
En
ese sentido, la Misión celebró que la Junta haya atendido algunos de los reclamos.
Sin embargo lamenta que en ningún momento, durante el despliegue de la Misión,
se reunió a dialogar sobre estos temas de manera directa con los partidos. La Misión
insistió en que la comunicación fluida, permanente y formal entre autoridad, partidos
y ciudadanos es fundamental para el desarrollo exitoso de todo proceso eleccionario.
El programa “Voto en casa” se implementó de manera
piloto para personas con grave discapacidad física, permitiéndoles el sufragio
en sus domicilios.
Cambios
en el proceso de conteo de votación
El proceso electoral fue marcado por la introducción
del nuevo sistema automatizado de conteo de votos, a pesar de que el sistema
anterior de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) era un referente
regional.
Este tema modificó de manera sustantiva el proceso y
la organización electoral, ya que la figura más importante de la mesa, el
Presidente, se sustituyó en los hechos con el Auxiliar Técnico, pues en él
recae el buen funcionamiento o no de los equipos, siendo contrario al espíritu
ciudadano que prevalecía anteriormente.
Aunado a esto la Ley Electoral actual (275-97) data
de 1997, lo que genera muchos vacíos legales y falta de claridad para la nueva
realidad Dominicana. Esto ocasionó que la Junta Central Electoral supliera
estas lagunas a través de resoluciones o acuerdos, que tuvo como consecuencia
que la Junta asumió atribuciones que son tradicionalmente legislativas.
Esta facultad se utilizó, entre otros temas, para
que la JCE cambiara el proceso de conteo de votos los días previos a la jornada
electoral. En ese tiempo emitió cuatro resoluciones e instructivos que
redefinieron las modalidades del escrutinio en las mesas.
Generando nuevos retos como son la capacitación a
los miembros de mesa sobre las nuevas modalidades, a los partidos políticos y
ciudadanos, lo que resultó en una clara falta de certeza en una etapa clave del
proceso.
El proceso de conteo originalmente automatizado y no
estipulado en el artículo 127 de la Ley, donde se indica que “el secretario desdoblará
la boleta leyendo en alta voz la denominación de la agrupación o partido a que
corresponda la boleta y pasando ésta al presidente, quien la examinará y
exhibirá a los demás miembros y delegados presentes” paso a ser mixto, pero
iniciando con el procesamiento automatizado de conteo y no con el procesamiento
manual según lo señala la ley, situación que llevó a desacuerdos graves entre
los partidos de oposición y autoridad electoral.
Jornada
Electoral
El domingo 15 de mayo, la ciudadanía dominicana expresó
su voluntad en las urnas donde acudieron más del 69% de los electores y, de
acuerdo con los datos consolidados por la Junta Central Electoral, un 61.74%
votó a favor de Danilo Medina, quien fue reelecto como Presidente por los
próximos 4 años.
En cuanto a la distribución de materiales
electorales, se registraron retrasos y fallas en la entrega de los kits
electrónicos. Sumado a esto, un alto número de auxiliares técnicos no se
presentó a trabajar, hecho que fue anticipado por la Junta Central Electoral,
la noche del sábado, misma que se comprometió a investigar y explicar de forma
detallada esta situación. Los distritos que se vieron mayormente afectados por
esta situación fueron Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y el Distrito
Nacional.
La totalidad de los colegios electorales abrió, en
promedio una hora más tarde de lo estipulado por ley, a pesar de todas estas
dificultades iniciales.
Las mesas se integraron en su mayoría con miembros
titulares. Los sitios eran adecuados y fueron bien organizados para el
desarrollo de la votación, garantizando así el secreto del voto. Fue patente el
esfuerzo por contar con recintos adecuados para que la jornada pudiera llevarse
a cabo según lo programado.
La Misión observó una importante presencia de
representantes partidarios, en particular de los delegados de las candidaturas
mayoritarias. Llamó la atención la actividad proselitista desplegada tanto en
las inmediaciones como en el interior de los centros de votación, contrario a
lo previsto en el artículo 108 de la Ley Electoral. Se observaron también
aglomeraciones de personas alrededor de los recintos y, en ese contexto, se
recibieron 13 denuncias sobre diversas irregularidades incluidas compra de votos
y cédulas, que fueron remitidas a la autoridad correspondiente.
El cierre de las mesas se realizó entre las 6 y las
7 de la tarde, para compensar las dificultades presentadas en la apertura la
JCE instruyó extender el horario de cierre de las mesas anunciándolo ya
avanzada la jornada electoral, alrededor de las 3 de la tarde, lo que causó
confusión.
Numerosos colegios no fueron informados del cambio y
procedieron a la clausura de la votación en el esquema inicial. Los
procedimientos de
conteo de votos no fueron homogéneos, dado que en
algunas mesas se contó de manera manual y exhibiendo las boletas, mientras que
en otras de forma automatizada sin mostrar los votos.
La principal fragilidad de la jornada estuvo en el
uso de los equipos técnicos. En numerosos recintos faltaron equipos, no
llegaron los auxiliares técnicos, o tuvieron problemas de conectividad y
funcionamiento de las máquinas de control biométrico y de cómputo automatizado.
Las autoridades electorales debieron ordenar el inicio de la jornada de
votación aunque no estuvieran en funcionamiento las máquinas para identificar a
los votantes.
La adecuada capacitación de los miembros de mesa, la
familiaridad con el proceso manual, la buena predisposición y experiencia de
los delegados partidarios contribuyeron a encauzar la elección sin
contratiempos adicionales.
En el cierre se repitieron los inconvenientes con
las máquinas y la modalidad manual, contemplada en la ley pero interpretada
inicialmente como contingente por la JCE, terminó siendo indispensable en esta etapa de la jornada. La
consecuencia más visible de esta situación fue el retraso en la emisión de los
boletines oficiales de resultados.
Etapa
post-electoral
Fue marcada por los problemas en el proceso de
conteo de votos y como consecuencia en la transmisión y difusión de los
resultados. El último boletín oficial con el 100% de las actas computadas se
hizo publicó 13 días después de la jornada electoral.
Esta situación generó inconformidad y provocó
movilizaciones de los partidos políticos.
En este sentido la MOE recibió diversas quejas sobre
la pérdida de confianza de las autoridades electorales y denuncias por escrito
de diversos actores políticos, mismas que fueron remitidas a las autoridades
nacionales competentes y han sido tomadas en cuenta para el presente informe.
Es importante mencionar que ya transcurrida la
jornada electoral, se presentaron algunos incidentes de violencia, donde se
lamentan especialmente los hechos en los que murieron 6 personas.
Desafortunadamente la Misión, no contó con los
recursos que consideraba necesarios e incluidos en la propuesta y presupuesto
original. Por lo que no pudo mantenerse en terreno y continuar hasta la
culminación del proceso, ni aplicar todas las metodologías de observación que
tiene el DECO desarrolladas, además de realizar muestras representativas de los
resultados. A pesar de ello, se dio seguimiento a la distancia por medios
electrónicos y a través de la oficina nacional.
En este sentido es importante resaltar que el
domingo 12 de junio de 2016 en el marco de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos, el Secretario General, Luis Almagro,
recibió y escuchó a un grupo plural de candidatos presidenciales y militantes
partidarios quienes le manifestaron sus quejas y objeciones del proceso electoral
e hicieron entrega de diversa documentación, misma que fue remitida a los organismos
nacionales correspondientes.
Conclusiones
y recomendaciones
Luego de un profundo análisis del marco legal para
estas elecciones y del trabajo de campo realizado por los expertos en materia
de organización y tecnología electoral, participación equitativa de hombres y
mujeres, financiamiento de campañas, acceso a los medios de comunicación y
justicia electoral, la Misión reitera la importancia de que se realice una
reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral.
Un tema de la mayor importancia del cual la MOE
tiene conocimiento es el relativo a la Sentencia 163/13 del Tribunal
Constitucional y la ley 169/14, y sus efectos en cuanto a la garantía de los
derechos políticos de los afectados, pero se toma nota que corre su curso ante
la instancia pertinente para su atención, siendo ésta la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
Con el fin de realizar un aporte a este proceso, la
Misión ofrece las siguientes observaciones y recomendaciones:
Tecnología
electoral
La JCE buscó dotar de mayor seguridad a los
procedimientos de identificación de los votantes y agilizar el proceso de
escrutinio y cómputo de la votación. La solución consistió en el uso de tres
nuevos dispositivos, uno destinado a la identificación del
elector, un segundo al conteo automatizado de las
boletas y un tercero para la impresión de las actas de votación.
La implementación de estas herramientas tecnológicas
durante la jornada tuvo serias dificultades:
• Falta de capacitación o familiarización de los técnicos
con el funcionamiento de los equipos
• Falta de condiciones de infraestructura periférica
para su correcto funcionamiento
• Falta de recursos humanos para el manejo de los
equipos
• Falla en el reconocimiento de los códigos de
seguridad
La Misión considera importante que los
procedimientos relativos al conteo de los votos estén definidos con mayor
claridad en la ley, dado que es un componente fundamental de un proceso
electoral que no debería estar sujeto a reglamentaciones internas emitidas por
las instituciones electorales.
La implementación de innovaciones tecnológicas
debe ser paulatina, permitiendo que tanto la autoridad electoral como los partidos
y la sociedad en su conjunto estén preparados para cambios tan significativos.
Asimismo, la MOE recomienda desarrollar y ejecutar
varios simulacros, con la anticipación adecuada, que permitan a la autoridad
electoral identificar y corregir errores. Lo anterior asegurará que el día de
la elección las innovaciones tecnológicas cumplan con el propósito para el que
fueron diseñadas, brindar certeza y transparencia al proceso.
Lo sucedido durante la jornada electoral confirma
que la introducción de tecnología no posee únicamente una dimensión técnica. La
implementación de avances tecnológicos debe tomar en cuenta consideraciones
políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar
la confianza.
Financiamiento
de campañas
El modelo de financiamiento público de partidos y
campañas políticas en República Dominicana no está diseñado para generar
condiciones de equidad en la contienda. Esto se debe a dos características
fundamentales: 1) No existe ningún tipo de regulación sobre el financiamiento
privado y 2) la ley electoral establece que el 80% del financiamiento público
se distribuirá en partes iguales entre los partidos que obtuvieron más del 5%
de los votos válidos emitidos en los últimos comicios y el 20% restante entre los
demás partidos.
En este sentido, tal como lo hicieron las misiones
previamente desplegadas por la OEA en el país, la MOE recomienda que se avance
urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la
distribución del financiamiento público directo.
Asimismo, se deberían establecer límites a los
fondos provenientes del sector privado. En relación con los mecanismos de
rendición de cuentas, la MOE sugiere fortalecer la capacidad de fiscalización,
control y sanción para los casos de violaciones a las normativas vigentes.
En
este sentido, es deseable impulsar modelos de coordinación interinstitucional
entre todas las dependencias del gobierno involucradas con el manejo y
fiscalización de los recursos, incluyendo la Cámara de Cuentas, la Junta
Central Electoral, los Bancos, y el Ministerio de Hacienda.
Acceso
a medios de comunicación
La Misión pudo observar también altos niveles de
inequidad en el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos
políticos en contienda. Vale mencionar que la legislación de República
Dominicana establece el acceso gratuito a los medios de comunicación del
Estado, pero estos solo representan el 0.5% del universo total de medios en el
país. Es decir, las campañas se realizan mayormente a través de los medios de
comunicación privados.
La legislación no regula el acceso a medios privados
ni establece un límite de contratación. Esta situación pone en posición de
desventaja a los partidos más pequeños que reciben menos financiamiento público
directo y tienen menor capacidad de captar recursos privados.
La MOE recibió
quejas de distintas fuerzas políticas que aseguraron no haber podido conseguir
espacios al haber sido ya adquiridos por los partidos con mayores recursos.
La Misión considera necesario establecer un marco
jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de
comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho a la información
atendido tanto el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus
propuestas, como al derecho de la ciudadanía a estar bien informada.
Sistema
de representación
El sistema electoral de República Dominicana
distingue la elección del Senado y la Cámara de Diputados. Para el Senado, se
utiliza el sistema mayoritario. Es elegido senador el candidato que obtenga más
votos en la provincia (un total de 32 senadores).
El senador recibe los votos marcados para él, pero
además suma también los sufragios que se emiten por aquellos diputados de
cualquiera de los partidos que forman alianza.
Vale aclarar que votar por un diputado supone
implícitamente un voto por el senador de la organización.
Este mecanismo de
elección no contempla que un votante pueda seleccionar candidatos de distintas
alianzas en la elección de forma individual para las diferentes cámaras del
Congreso. Debido a esto, es habitual que en el Senado un partido obtenga una
absoluta mayoría.
Aunque este sistema de asignación de escaños genera
condiciones de gobernabilidad, limita al mismo tiempo la pluralidad en el poder
legislativo y contribuye a la concentración de poder. Teniendo en cuenta lo
anterior, la Misión recomienda considerar la posibilidad de que se desvinculen
las votaciones de senadores y diputados.
Participación
equitativa de hombres y mujeres
El aumento de la participación de mujeres en la
política dominicana ha ido de la mano de la implementación de cuotas de género
para las candidaturas a cargos públicos electos. De acuerdo con la legislación,
las listas para diputados y regidores municipales deben incluir un 33% de
mujeres.
En el caso de los alcaldes, si el candidato es hombre, se debe escoger
una candidata a vicealcalde.
En los distritos municipales también se aplica la
cuota femenina. Para esta elección, de la totalidad de las candidaturas presentadas,
el 44.3% está ocupado por mujeres. Sin embargo, los cargos en los que la cuota
no aplica, como en el caso del Senado, su participación es mucho menor 13%.
En ese sentido, es importante mencionar que a nivel
de partidos políticos la mayoría de los cargos en las directivas nacionales
están ocupados por hombres. Las mujeres candidatas con las que se entrevistó la
Misión manifestaron dificultades para participar en la toma de decisiones al
interior de los partidos y para conseguir financiamiento para sus campañas.
Con el fin de seguir apoyando la participación de
mujeres en posiciones de liderazgo, la Misión recomienda evaluar la efectividad
de las medidas afirmativas vigentes y ajustarlas de manera que sean más
efectivas en su propósito de aumentar el número de mujeres en cargos de
elección popular y garantizar su permanencia en el ejercicio del poder. Se
podría evaluar también la necesidad de incluir financiamiento público dirigido hacia
la capacitación y empoderamiento de las mujeres en los partidos políticos.
Justicia
Electoral
Este proceso electoral fue el primero en que el
Tribunal Superior Electoral actuó desde el inicio del proceso, lo que en
ciertas ocasiones causó tensiones entre las instituciones electorales
finalmente resueltas, pero hizo evidente que es necesario revisar y ajustar el modelo
de medios de impugnación con el que se cuenta, donde el TSE detente la posibilidad,
no sólo jurídica, sino también real, de revisar la regularidad legal y constitucional
de todos los actos administrativos que emita cualquier autoridad en la materia.
En este sentido se considera recomendable establecer
un sistema de medios de impugnación integral que contemple mecanismos de
justicia electoral, que puedan ser ejercidos y resueltos oportunamente
destinados a garantizar los principios de libertad, transparencia, equidad y
objetividad de las elecciones. Con ello se avanzará en el respeto al estado de
derecho que debe privar, tanto en las instituciones, como en las personas
involucradas en el proceso.
Agradecimientos
Por último, la Misión desea agradecer la apertura de
la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y de las distintas
instancias del gobierno que permitió a la delegación recolectar la información
necesaria para llevar a cabo su trabajo. Asimismo, agradece las contribuciones financieras
de Bolivia, España, Estados Unidos, Israel, Luxemburgo y Perú que posibilitaron
el despliegue de la Misión.
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