EL MIDE CIERRA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INTERVIENE A OTRAS DOS

SANTO DOMINGO, República Dominicana (12 Diciembre 2016).- La Superintendencia de Seguridad Privada (SPP) del Ministerio de Defensa (MIDE), cerró la empresa Private Security.

También intervino otras dos a las que otorgó un plazo de 90 días para poner en orden sus operaciones, el manejo de los pertrechos militares y el personal que utiliza en sus servicios, con la advertencia de que podrían ser clausuradas.

La SSP tenía bajo investigación a Private Security y decidió intervenirla, cerrar sus operaciones y otorgarle un plazo de 90 días para disolver los contratos con sus clientes y cumplir los compromisos con su personal.

El principal ejecutivo de esta entidad, general retirado del Ejército República Dominicana (ERD), José Ignacio Sandoval Cabrera, fue apresado la semana pasada y el tribunal permanente de la Provincia Santo Domingo le dictó como medida de coerción, presentarse periódicamente en la fiscalía.

Las otras dos empresas intervenidas son Galver Security Corp, cuya gerente es Verónica Ureña Bautista; y Guardianes Portorreal (GUAPOSA), que dirige Luis Rivera Portorreal.

La decisión fue adoptada por el descontrol en la gestión del personal y en el manejo de las armas, y tienen 90 días para demostrar que han corregido las anomalías. En caso contrario podrían ser cerradas de manera definitiva.

La semana pasada el juzgado de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, dictó medidas de coerción contra el mayor general retirado Sandoval Cabrera, quien tendrá que presentarse periódicamente ante la Fiscalía en los próximos seis meses.

Las tres resoluciones de la SSP ordenan la intervención inmediata de las empresas. Se designaron oficiales del Ministerio de Defensa para ocuparse del control del personal que hace la labor de vigilancia, las operaciones, manejo de las armas de fuego, pertrechos militares y materiales relacionados. Los gerentes se mantendrán al frente de la gestión administrativa general.

En el caso de Private Security el cierre y la intervención implican la cancelación de la licencia emitida por la SPP y la solicitud de revocación de la autorización de operación que se emite para este tipo de empresa mediante decreto del Poder Ejecutivo.