TRUMP DESTITUYE FISCAL GENERAL EN FUNCIONES POR NEGARSE APOYAR DECRETO ISLAMÓFOBO

WASHINGTON (31 Enero 2017).- La crisis institucional arrecia en Estados Unidos. El presidente, Donald Trump, destituyó anoche de manera fulminante a la fiscal general en funciones, Sally Yates, después de que ésta anunciara que el Departamento de Justicia no defendería ante los tribunales el decreto que prohíbe la entrada a Estados Unidos de refugiados y naturales de siete países con mayoría musulmana.

Trump destituyó a Yates y la sustituyó inmediatamente por Dana Boente, un fiscal federal de Virginia, que se muestra dispuesto a defender el decreto. Permanecerá provisionalmente en el cargo hasta que tome posesión el nominado por Trump, Jeff Sessions, que todavía no ha superado el placet del Senado, porque los demócratas intentan impedir su nombramiento por su pasado racista.

Sally Yates pretendía “buscar siempre la justicia y defender lo que es correcto”

Sally Yates ordenó a sus subordinados no preparar la defensa del decreto de Donald Trump considerando que, como responsable, debía velar por la actuación del Departamento, que debe ser compatible “con la obligación solemne de esta institución de buscar siempre la justicia y defender lo que es correcto”.

En su declaración, Yates, una funcionaria nombrada bajo la presidencia de Obama, señaló que “no estoy convencido de que la defensa de la Orden Ejecutiva sea coherente con estas responsabilidades y no estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal”. Por esa razón, “mientras yo ejerza de fiscal general en funciones el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa del orden ejecutiva, a menos que se me convenza que es apropiado hacerlo”.

Poco después, la Casa Blanca argumentó la destitución acusando a la fiscal de “traicionar el Departamento de Justicia, al negarse a cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”.

La Casa Blanca tuvo también una reacción agria después de que trascendiera que ya son más de cien diplomáticos y altos cargos del Departamento de Estado los que han firmado el documento que rechaza el decreto de Trump por contrario a los valores estadounidenses y contraproducente para el fin que persigue como es la lucha contra el terrorismo. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, respondió: “Los funcionarios del Departamento de Estado deben asumir el programa del Gobierno o pedir la baja”.

El decreto considerado islamófobo , que ha provocado un escándalo mundial, está siendo criticado también por numerosos congresistas y líderes del Partido Republicano. Ayer se apuntó a la lista de disidentes nada menos que Dick Cheney, que como vicepresidente con George W. Bush, fue inductor principal de la invasión de Irak y está considerado un conservador radical. “El decreto va en contra de todo lo que defendemos y creemos”, declaró a una emisora de radio.”