NUEVA YORK (6 Abril 2017).- El dominicano Leandro
Arriaga llegó en una yola a Puerto Rico hace 16 años, fue detenido por guardias
de inmigración y firmó un formulario para regresar voluntariamente a la
República Dominicana, pero en vez de eso, logró cruzar a los Estados Unidos
estableciéndose en Massachusetts.
Se casó dos veces, ha procreado cuatro hijos, compró
una casa, comenzó un negocio y se mantenía en un trabajo estable para ayudar a
mantener sus hijos.
El segundo matrimonio fue con la dominicana
Katherine Ramos, quien le solicitó la residencia, aprobada después que el
oficial de inmigración entrevistara a la pareja por separado y determinara que
el matrimonio es legal, con una hija, Jade Arriaga Ramos, de tres meses, y le
aprobó la tarjeta verde.
Ellos estaban alegres, felices y celebrando en una
sala de espera de las oficinas de la Agencia de Ciudadanía y Servicios de
Inmigración (USCIS), cuando Leandro fue llamado de nuevo y puesto en custodia
de agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).
Dieciséis años después de que llegó a Puerto Rico en
la yola, con 60 personas a bordo, las órdenes ejecutivas migratorias de Donald
Trump lo han atrapado.
Los agentes de la ICE con base en Lawrence, con una
comunidad latina de 77.000 inmigrantes, la mayoría dominicanos y conocida como
“Ciudad de Inmigrantes”, detuvieron a cinco personas incluyendo a Arriaga.
La detención de Leandro y demás latinos provocó
protestas de activistas comunitarios y líderes políticos contra las redadas de
la policía migratoria.
Durante su arresto, un agente de la ICE le preguntó
a Arriaga si quería despedirse de su esposa. Él dijo que no, el abrazo sería
insoportable para los dos. Se fue sin verla y fue recluido en la cárcel Bristol
House of Corrections en el poblado de North Dartmouth en Massachusetts.
“Sabía que iba a ser muy triste”, dijo Leandro en
una entrevista telefónica con el periódico Salem News desde la cárcel, sobre
por qué se fue sin ver a su esposa. “Es difícil para mí”, dijo Arriaga.
Katherine alumbró su primer hijo, la niña que nació
el 15 de diciembre de 2016. Arriaga tiene tres hijos de otro matrimonio, de 8,
9 y 13 años, que viven con su madre en una ciudad vecina a Salem.
La abogada de Arriaga, Tania Palumbo, dijo que la
orden de deportación final emitida recientemente contra él, significa que puede
ser deportado a la República Dominicana en cualquier momento. Ella dijo que
pedirá una suspensión de la decisión.
La orden de deportación es la segunda contra
Arriaga. La primera se emitió cuando fue arrestado hace 16 años, después de que
bajó del barco en Puerto Rico. En ese momento, una orden de salida voluntaria
le obligaba a regresar por su cuenta a la República Dominicana. En su lugar,
consiguió llegar a los Estados Unidos.
Shawn Neudauer, un portavoz de la ICE, no reveló
detalles sobre el caso de Arriaga y los otros cuatro, incluyendo sus nombres y
ciudades natales. Paulia Grenier, portavoz de la USCIS, también se negó a dar
detalles sobre los detenidos por la ICE.
La estación de radio en Boston WBUR informó que tres
de los cinco habían ido a la USCIS para presentar solicitudes de residentes
legales permanentes.
La estación informó que uno de ellos es una mujer
brasileña que como Arriaga recibió una orden de deportación antes de casarse
con un ciudadano estadounidense. La estación no dijo dónde vivía la brasileña
en los Estados Unidos.
El año pasado el ayuntamiento de Lawrence ordenó a
la policía local que no cooperara con los agentes de ICE que buscan identificar
y deportar a los residentes indocumentados, a menos que los agentes tengan una
orden judicial para sus arrestos, firmadas por un juez.
La votación del Consejo Municipal añadió a Lawrence
a las decenas de municipios que se han declarado ciudades santuarios.
La abogada en inmigración, Zoila Gómez, que trabaja
en Lawrence con Palumbo, dijo que Arriaga primero solicitó residencia legal
permanente el primero de marzo de 2016, cuando se le dio poca oportunidad de
ganar la presidencia a Donald Trump.
Ella dijo que decidió continuar con la aplicación
después de la elección de Trump, en parte porque su solicitud había servido
como una alerta a la USCIS de que él estaba en Estados Unidos.
Sus peores temores se dieron cuando la agencia
notificó al ICE acerca de su reciente entrevista.
“Leandro, con la nueva administración, existe la
posibilidad de que te arresten en tu entrevista. ¿Todavía quieres seguir
adelante?”, le preguntó la abogada Gómez. Él dijo que sí. De lo contrario, su
petición para la residencia, tendría que ser retirada y no habría ninguna
esperanza para tratar de anular la orden de deportación que pesaba sobre él
durante 16 años.
La pareja reside en una casa en la calle Warren
comprada por Katherine y Leandro en 2012. La esposa dijo que sus preocupaciones
se están multiplicando. Sin la ayuda de él, ella no podría administrar sola la
pequeña empresa de bienes raíces que su esposo tiene con dos casas en Lawrence
y tres en la vecina ciudad de Springfield.
Katherine llegó a Estados Unidos con su madre en
2009, ocho años después de Leandro. Su abuela patrocinó su residencia y la
ayudó con el proceso de ciudadanía.
Un amigo mutuo se la presentó a Leandro en 2010.
Compraron la casa en 2012, se mudaron juntos y se casaron en el ayuntamiento de
Lawrence en 2015.
Ella dijo que cada uno vino a los Estados Unidos por
las mismas razones simples: “mejores empleos, mejor educación y mejores vidas”.
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