SEGÚN HUMAN RIGTHS WATCH; PROHIBICIÓN TOTAL DEL ABORTO PONE EN PELIGRO VIDAS DE DOMINICANAS

SANTO DOMINGO, República Dominicana (19 Noviembre 2018).- La prohibición total del aborto en la República Dominicana, incluso cuando el embarazo supone un riesgo para la vida, es inviable o resultado de una violación, “representa una amenaza para la vida y la salud de las mujeres y vulnera sus derechos”, señala un informe de Human Rights Watch divulgado hoy.

La organización (HRW) entrevistó, en cuatro provincias, a 50 mujeres y niñas de entre 15 y 43 años que han estado embarazadas al menos una vez, así como a decenas de proveedores de la salud y de servicios sociales, entre otros expertos.

El resultado es un estudio de 87 páginas que documenta evidencias de que mujeres y niñas que enfrentan embarazos no deseados se someten a abortos clandestinos, a menudo asumiendo un grave riesgo para su salud, y algunas incluso mueren.

“Hemos visto a mujeres desesperadas tomando medidas peligrosas, como usar remedios caseros para provocar aborto, incluso golpearse la barriga con piedras, negarse a comer y beber, o tomar medicamentos sin prescripción”, señaló en declaraciones a Efe la responsable de comunicación de HRW, Emma Daly.

También “hemos escuchado historias bastante fuertes de mujeres que han sufrido malos tratos por parte de profesionales médicos, incluso en casos de abortos espontáneos, dejando a la paciente esperar demasiado tiempo sin atenderlas, o realizando legrados y otros procedimientos sin ningún tipo de medicina para aliviar el dolor”, explicó.

A otros profesionales médicos “les gustaría ayudar a las pacientes, pero la ley se lo impide. Si una mujer teme que la denuncien por someterse a un aborto no será sincera con su médico, y este no tendrá toda la información para un tratamiento adecuado”, dijo Daly.

Además, debido a las sanciones, los proveedores de la salud no pueden interrumpir embarazos cuando sería aconsejable hacerlo según criterios médicos sin poner en riesgo sus carreras y exponerse a penas de prisión que, según la legislación dominicana, llegan a los 20 años para los profesionales médicos que lo practiquen.

Para las mujeres que ponen fin a su estado de gestación, las penas son de hasta dos años de cárcel, aunque “en la República Dominicana siempre han desafiado la prohibición”, expresó Margaret Wurth, investigadora sénior sobre Derechos de la Mujer de HRW y autora del informe, durante la presentación del documento.

Aquellas que tienen la posibilidad salen del país para abortar, de modo que la prohibición “perjudica de manera desproporcionada a mujeres y niñas de zonas de bajos recursos y rurales, que tienen menores posibilidades de viajar o de encontrar proveedores clandestinos más seguros”, apunta el estudio.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, casi la mitad de los embarazos en el país son no planificados o no deseados, y al menos el 8 % de las muertes maternas en el país son producto de complicaciones debido a abortos ilegales o espontáneos.

El documento titulado “‘Es tu decisión, es tu vida’: La criminalización total del aborto en la República Dominicana” también pone de manifiesto que muchas de las entrevistadas afirmaron sentirse “deprimidas”, “aterrorizadas”, “desesperadas” o “atrapadas y sin futuro” al enterarse de que estaban embarazadas, pero aún así siguieron adelante con la gestación.

El Código Penal dominicano, sancionado por el Congreso Nacional en 2014, ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente de la República, Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos, incluso cuando el embarazo supone un riesgo para la vida, es inviable o resultado de una violación.

En abril, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó a los legisladores una propuesta que excluye del Código Penal los tres causales para la despenalización del aborto, lo que ha generado reacciones tanto dentro como fuera del país, para que se admitan tres causales en la interrupción del embarazo.

Wurth destacó que ahora “el Congreso tiene una oportunidad de promulgar reformas, largamente esperadas, del Código Penal dominicano y despenalizar el aborto o, al menos, liberalizar su acceso. Las mujeres y niñas no deberían tener que esperar más para que el gobierno garantice sus derechos sexuales y reproductivos”, destacó.