LA POLICÍA DOMINICANA GOLPEA, HUMILLA Y VIOLA A LAS PROSTITUTAS; DICE INFORME AMNISTÍA INTERNACIONAL
SANTO
DOMINGO, República Dominicana (18 Marzo 2019).- La policía dominicana viola,
golpea, humilla e insulta habitualmente a las trabajadoras sexuales para
ejercer un control social sobre ellas y para castigarlas por transgredir las
normas sociales sobre sexualidad y femineidad aceptables. Así lo ha manifestado
Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
“¿Si ellos
pueden tenerla, por qué uno no?” expone las historias de 46 trabajadoras
sexuales cisgénero y transgénero dominicanas, muchas de las cuales denunciaron
haber sufrido diversas formas de violencia, gran parte de la cual constituye
tortura y otros malos tratos infligidos por motivos de género. La
criminalización de las trabajadoras sexuales, combinada con el profundo
machismo, alimenta las detenciones arbitrarias a manos de la policía y permite
que estas graves violaciones de derechos humanos se cometan impunemente.
“La
violencia de género es epidémica en todo América Latina y el Caribe, y las
trabajadoras sexuales corren especial riesgo de sufrirla a manos de agentes
tanto estatales como no estatales”, ha manifestado Erika Guevara Rosas,
directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Los
escalofriantes testimonios que Amnistía Internacional ha recopilado en
República Dominicana revelan que la policía toma como blanco a las mujeres que
venden sexo y les inflige abusos sexuales y humillación con el propósito de
castigarlas y discriminarlas. En virtud del derecho internacional, ese trato
puede constituir tortura y otros malos tratos por motivos de género.”
En República
Dominicana, únicamente en 2018, la Procuraduría General de la República recibió
más de 71.000 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, y más de 6.300
denuncias de delitos sexuales, entre ellas 1.290 denuncias de violación.
El país
también cuenta con una de las tasas de feminicidio más altas de la región, con
más de 100 casos registrados en 2017, según el Observatorio de Igualdad de
Género de América Latina y el Caribe, de la ONU. De igual modo, 47 mujeres
transgénero han sido asesinadas desde 2006, según la ONG liderada por personas
transgénero Trans Siempre Amigas (TRANSSA).
Los/as
expertos/as en salud pública estiman que hay hasta 97.000 mujeres cisgénero que
ejercen trabajo sexual en República Dominicana, y hay al menos 3.900 mujeres
transgénero, muchas de las cuales ejercen trabajo sexual.
Aproximadamente
la mitad de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional eran mujeres
cisgénero, y la otra mitad eran mujeres transgénero. Estas mujeres habían
decidido ejercer trabajo sexual por una diversidad de motivos. Para algunas,
ofrecía flexibilidad y control sobre su jornada laboral o ingresos más altos
comparados con otras alternativas, y les daba independencia económica. Para
otras, el trabajo sexual era una de las escasas opciones que tenían para cubrir
sus necesidades básicas.
Al menos 10
de las 24 mujeres cisgénero entrevistadas para este informe declararon haber
sido violadas por policías, a menudo a punta de pistola. La mayoría de las
mujeres transgénero también habían sufrido a manos de la policía actos
discriminatorios y violentos (normalmente centrados en su identidad o expresión
de género) que podrían constituir tortura u otros malos tratos.
Prostituta
habla con potencial cliente en Sao Paulo, Brasil.
Amnistía
Internacional entrevistó a múltiples mujeres que describieron cómo habían sido
violadas por grupos de policías armados y uniformados en circunstancias
similares: en plena noche, en esquinas oscuras, y a menudo en la parte trasera
de vehículos policiales.
Una mujer
explicó a Amnistía Internacional cómo la habían violado una noche de octubre de
2017.
“Habían
tres. Yo estaba en una esquina esperando clientes y […] abusaron de mí”, contó.
“Me subieron a la camioneta [policial] […] Ellos, al ver la zona despejada, […]
Ellos empezaron a sobarme, quitarme ropa. Me rompieron la blusa […] Uno atrás
de otro”, dijo.
Continuó:
“Tenía miedo, estaba sola. No podía defenderme. Tuve que dejar que ellos
hicieran lo que ellos quisieran conmigo […] Me amenazaron, que si yo no estaba
con ellos me iban a matar. Que yo era un cuero [una prostituta], que por qué
con ellos no.”
“Me decían
‘perra’, muchas palabras ofensivas […] Me vieron, aparente, tal vez, y ellos
pensaron, ‘bueno, si ellos [los clientes] lo pueden coger [tenerla], por qué
uno no.’”
El informe
expone también con detalle cómo las trabajadoras sexuales que viven con
identidades de discriminación múltiple —como las mujeres transgénero— sufren
una exclusión aún más pronunciada y corren mayor riesgo de sufrir tortura a
manos del Estado y de personas particulares.
Las mujeres
transgénero contaron que los policías las llamaban “maricones” y “diablos” (o “maricones
del diablo”), y dijeron que creían que las veían como “extraterrestres” o
“animales”. Numerosas mujeres transgénero denunciaron que la policía les había
quemado sus pelucas o las había obligado a limpiar celdas cubiertas de
excrementos.
La impunidad
por la tortura sexual es lo normal. República Dominicana no recopila datos que
ayudarían a determinar el alcance y la gravedad del problema de la tortura y
los malos tratos por motivos de género a manos de la policía, y esa
recopilación es un paso fundamental para combatir esa grave violencia y hacer
rendir cuentas a quienes la perpetran. Esta impunidad alimenta la normalización
de esos delitos por parte de las autoridades, así como, en algunos casos, por
parte de las propias víctimas.
Las autoridades
rara vez se toman en serio las denuncias de las personas que ejercen trabajo
sexual. Una mujer dijo a Amnistía Internacional: “Si tú vas al destacamento a
levantar una denuncia, lo que te tratan es como puta. No te hacen caso. No te
prestan atención”.
Prostitución infantil
A pesar de
haber ratificado múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos que
prohíben la tortura, las autoridades dominicanas no previenen o investigan
estos posibles casos de tortura ni tampoco les otorgan reparación, conforme
dispone el derecho internacional.
A lo largo
de los últimos decenios, República Dominicana ha tomado medidas para abordar
las epidemias coexistentes de violencia contra las mujeres y VIH&sida, que
afectan desproporcionadamente a las personas que ejercen trabajo sexual. Sin
embargo, no ha escuchado las necesidades de quienes realizan trabajo sexual ni
ha protegido sus derechos, ni tampoco ha introducido las reformas jurídicas tan
necesarias para abordar las causas subyacentes del estigma y la discriminación
contra estas personas.
Amnistía
Internacional pide al presidente dominicano, Danilo Medina, que reconozca
públicamente y condene el uso de la violación y otras formas de tortura y malos
tratos por motivos de género a manos de la policía, y pide a la Procuraduría
General de la República que elabore un protocolo para la investigación de
posibles casos de este tipo.
Asimismo,
los órganos legislativos dominicanos deben aprobar urgentemente el proyecto de
ley que actualmente se está estudiando y que está concebido para abordar las
múltiples formas de discriminación, con el fin de garantizar que se realizan
cambios estructurales profundos y que se protege a todos los grupos
históricamente marginados frente al estigma y la discriminación que alimentan
los abusos contra los derechos humanos.
“Al aprobar
una ley para prevenir la discriminación contra algunas de las mujeres más
marginadas del país, República Dominicana podría servir de ejemplo para que el
resto del Caribe luche contra el estigma, el machismo y otras causas de
violencia extrema contra las mujeres”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
“Esto a su
vez ayudaría al país a abordar su epidemia más amplia de violencia de género
que, al igual que la violencia contra las trabajadoras sexuales, está arraigada
en el machismo y el odio.”
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