SANTIAGO, Chile (28 Noviembre 2019).- La comisión
económica mantuvo la tendencia al alza de la pobreza en América Latina y llamó
a renovar la construcción de pactos sociales integrales y universales, durante
el lanzamiento hoy en Chile de su informe Panorama Social 2019.
“Por casi una
década, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha
posicionado a la igualdad como fundamento del desarrollo. Hoy constatamos
nuevamente la urgencia de avanzar en la construcción de Estados de Bienestar,
basados en derechos y en la igualdad, que otorguen a sus ciudadanos y
ciudadanas acceso a sistemas integrales y universales de protección social y a
bienes públicos esenciales, como salud y educación de calidad, vivienda y
transporte. El llamado es a construir pactos sociales para la igualdad”, dijo
hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional, durante el lanzamiento
del informe Panorama Social de América Latina 2019.
La disminución de la desigualdad de ingresos es
clave para retomar la senda de reducción de la pobreza y cumplir las metas
establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 de la Agenda 2030. “Es
necesario crecer para igualar e igualar para crecer. La superación de la
pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico; este debe estar
acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas”, dice la
CEPAL en el estudio presentado en conferencia de prensa hoy en Santiago de
Chile.
El documento destaca el crecimiento de los estratos
de ingresos medios, aunque estos siguen experimentando diversas carencias y
vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el ejercicio de
sus derechos, alerta la Comisión. Entre 2002 y 2017, la participación de los
estratos de ingresos bajos en el total de la población disminuyó de 70,9% a
55,9% (porcentaje que incluye a las personas en situación pobreza extrema,
pobreza y en estratos bajos no pobres). A su vez, la participación de los
estratos de ingresos medios (divididos en medios-bajos, medios-intermedios y
medios-altos) creció del 26,9% al 41,1%. De esta forma, el 76,8% de la
población de América Latina pertenece a estratos de ingresos bajos o
medios-bajos, subraya la CEPAL. Por último, las personas pertenecientes a los
estratos de ingresos altos pasaron del 2,2% al 3,0%.
Del total de la población adulta perteneciente a los
estratos de ingresos medios, más de la mitad no había completado la enseñanza
secundaria en 2017; el 36,6% se insertaba en ocupaciones con alto riesgo de
informalidad y precariedad (trabajadores por cuenta propia no profesionales,
asalariados no profesionales en la microempresa y en el servicio doméstico); y
solo la mitad de las personas económicamente activas estaba afiliada o cotizaba
en un sistema de pensiones. El perceptor principal de ingresos laborales de
estos estratos percibe en promedio 664 dólares mensuales, mientras que en los
estratos bajos este ingreso desciende a 256 dólares. Así, el informe evidencia
que una alta proporción de la población de ingresos medios experimenta
importantes déficits de inclusión social y laboral y un alto grado de
vulnerabilidad a volver a caer en la pobreza ante cambios provocados por el
desempleo, por la caída de sus ingresos u otros eventos catastróficos como
enfermedades graves y desastres.
Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde
2015 en América Latina, un 30,1% de la población de la región se encontraba
bajo la línea de pobreza en 2018, mientras que un 10,7% vivía en situación de
pobreza extrema, tasas que aumentarían a 30,8% y 11,5%, respectivamente, en
2019, según las proyecciones de la CEPAL.
Esto significa que aproximadamente 185 millones de
personas se encontraban bajo el umbral de la pobreza en 2018, de los cuales 66
millones de personas estaban en la pobreza extrema, indica el Panorama Social
de América Latina 2019. En 2019, el número de personas en la pobreza aumentaría
a 191 millones, de los cuales 72 millones estarían en la pobreza extrema.
Destaca, en esa evolución, el hecho de que prácticamente todas las personas que
se suman este año a la estadística de la pobreza se integran directamente a la
pobreza extrema.
El alza de 2,3 puntos porcentuales de la pobreza
entre 2014 y 2018 en el promedio regional se explica básicamente por el
incremento registrado en Brasil y Venezuela. En el resto de los países la
tendencia dominante en ese período fue hacia una disminución, debido,
principalmente, a un aumento de los ingresos laborales en los hogares de
menores recursos, pero también a transferencias públicas de los sistemas de
protección social, y privadas, como las remesas en algunos países. La pobreza
afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas y
afrodescendientes, a los residentes en zonas rurales y a quienes están
desempleados.
El estudio de la CEPAL también señala que la
desigualdad en la distribución del ingreso -expresada en el índice de Gini con
base en las encuestas de hogares- ha continuado su tendencia a la baja (en
promedio cayó de 0,538 en 2002 a 0,465 en 2018 en 15 países), pero a un ritmo
menor que en años recientes: mientras
entre 2002 y 2014 se redujo 1,0% anual, entre 2014 y 2018 la caída fue de 0,6%
por año. No obstante, si se corrige el índice de Gini utilizando otras fuentes
de información, capaces de captar mejor los ingresos del 1% más rico, se
observa que la desigualdad es más elevada y la tendencia al descenso se atenúa
en comparación con la estimada solamente a partir de las encuestas de hogares.
Por ejemplo, en Brasil, en 2014, la participación
del 1% más rico en el total del ingreso del país alcanzaba a 9,1% de acuerdo
con las encuestas de hogares, porcentaje que se elevaba a 27,5% tomando en
cuenta la información tributaria. En Chile (dato para 2015), la participación
del 1% más rico en el ingreso total, también medida por las encuestas de
hogares, alcanzaba a 7,5%, proporción que subía a 22,6% considerando la
información de los registros tributarios y a 26,5% en el caso de la riqueza
neta (activos financieros y no financieros menos pasivos) y en Uruguay (dato
para 2014) las proporciones también aumentan: 7,3% (con encuestas de hogares),
14% (información tributaria) y 17,5% (riqueza neta).
Por otra parte, el Panorama Social de América Latina
2019 señala que el gasto social del gobierno central aumentó de 10,3% a 11,3%
del PIB entre 2011 y 2018, alcanzando a 52,5% del gasto público total. América
del Sur tiene el promedio de gasto público social más alto de la región (13,2%
en 2018), mientras que en Centroamérica, México y República Dominicana esa
cifra es de 9,1%. En el Caribe, el gasto social promedio respecto al PIB es más
alto (12,2%), pero en 2018 volvió a niveles de 2014, con un peso equivalente a
43,2% del gasto público total. El estudio alerta que justamente aquellos países
que enfrentan mayores desafíos para cumplir las metas de la Agenda 2030 son los
que presentan niveles más bajos de gasto social.
Finalmente, el documento llama a atender las causas
estructurales de la migración y a reforzar la cooperación multilateral para
asegurar la protección social y la inclusión social y laboral de las personas
migrantes en todas las etapas del ciclo migratorio. Entre 2010 y 2019, el
número de personas migrantes en América Latina y el Caribe aumentó de 30 a 40,5
millones, lo que equivale a 15% del total de migrantes a nivel mundial. Entre
2000 y 2019, la proporción de migrantes intrarregionales aumentó de 57% a 70%
del total.
Las remesas desempeñan un papel importante en el
alivio de la pobreza en varios países, plantea el documento. En El Salvador,
Guatemala, Honduras y República Dominicana, la incidencia de la pobreza sobre
el total de la población sería entre 1,5 y 2,4 puntos porcentuales más elevada
si no fuera por estas transferencias de dinero.
En el informe, la CEPAL enfatiza que para erradicar
la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad de los estratos de
ingresos bajos y medios son necesarias políticas de inclusión social y laboral.
También se requiere un mercado de trabajo que garantice empleo de calidad y
remuneraciones dignas, eliminar las barreras de inserción laboral de las
mujeres y fortalecer el desarrollo de sistemas integrales y universales de protección
social en el marco de Estados de Bienestar centrados en los derechos y la
igualdad.
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