SANCIONES DE LEY A 97 FUNCIONARIOS INSCRITOS COMO CANDIDATOS, SOLICITA A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL EL PRM
SANTO DOMINGO, República Dominicana (29 Mayo 2020).-
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó hoy a la Junta Central
Electoral aplicar las sanciones que establece la Ley Orgánica 15-19 del Régimen
Electoral a funcionarios gubernamentales que al mismo tiempo han sido inscritos
como candidatos en diferentes demarcaciones.
El grupo lo integran 97 funcionarios, entre ellos
Margarita Cedeño Lizardo, de quien se establece incurre en la violación no por
su condición de vicepresidenta de la República sino como coordinadora del
Gabinete Social de la Presidencial, y Francisco Javier Clark Vásquez, candidato
a senador de Puerto Plata, quien es Sub-Contralor General de la República.
La instancia fue elevada a la JCE por Orlando Jorge
Mera, delegado político, y Julio Peña Guzmán, suplente de delegado.
Luego de establecer diferentes motivaciones de orden
constitucional y de otras disposiciones legales que prohíben la doble condición de funcionario y
candidato, el PRM solicita a la JCE comprobar y declarar que los señores, y
aporta la los nombres de los 97 funcionarios (la lista completa está disponible
en el portal prm.org.do) admitidos como candidatos en las resoluciones de
admisiones de candidaturas y a la vez son funcionarios públicos, y aplicar las
sanciones correspondientes establecidas en la ley 15-19, contra los señores
antes mencionados.
Las leyes, 41-08 de Función Pública, 33-18, de
Partidos Políticos, y el artículo 196 de la 15-19 establece que los
funcionarios públicos que administren recursos del estado no podrán prevalerse
de sus cargos, para desde él realizar campañas ni proselitismo a favor de un
partido o candidatos.
El hecho es tipificado como delito electoral,
castigado con prisión correccional de tres meses a un año y multa de hasta
cinco salarios mínimos del sector público.
El PRM establece entre sus motivaciones para hacer
la solicitud que se ha mantenido dando seguimiento y cuestionando el uso de
recursos estatales en las campaña electorales y otras violaciones al
ordenamiento jurídico, que traen como
consecuencias lesiones graves al sistema político nacional, así como debilitar
la democracia, la competencia en buena lid y resultados que sean fruto de la
decisión libérrima de la mayoría del electorado.
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