DECLARAN CULPABLE POR CIBERDIFAMACIÓN A LA CÉLEBRE PERIODISTA FILIPINA MARÍA RESSA

HONG KONG (15 Junio 2020).- Una de las periodistas con más renombre de Filipinas, Maria Ressa, fue declarada este lunes culpable en un polémico caso de difamación cibernética, por lo que se enfrenta a una pena de entre seis meses y seis años de prisión. Su sentencia es vista como un nuevo ataque a los derechos humanos y la libertad de prensa en el país, que el mes pasado vio como su mayor grupo mediático (ABS-CBN) tenía que suspender sus emisiones tras no serle renovada la licencia.

Ressa es desde el año 2012 la directora del portal de noticias Rappler, unos de los más combativos del país. Entre sus últimos logros figuran el destape de varios escándalos relacionados con el presidente filipino, Rodrigo Duterte, y los abusos cometidos en su sanguinaria lucha contra las drogas. Su actuación le valió ser nombrada persona del año por la revista Time en 2018.

La directora fue condenada junto al periodista de investigación R eynaldo Santos Jr. por un artículo publicado en el medio digital en mayo de 2012. En ese texto, se relacionaba al demandante, el empresario Wilfredo Keng, con el negocio de los estupefacientes. Cinco años después de la publicación, Keng interpuso una demanda alegando que el reportaje es difamatorio porque le vincula con el tráfico de drogas, aunque esa afirmación se basa en un informe de inteligencia que una fuente filtró a Santos (quien ya no trabaja en el medio).

En febrero de 2019, el Departamento de Justicia filipino aceptó la demanda y presentó los cargos, cuya resolución se hizo pública hoy. Por ahora, los dos periodistas no tendrán que entrar en la cárcel dado que el caso es recurrible. Además, fueron condenados a pagar una indemnización de 400.000 pesos (unos 7.000 euros) al empresario.

El caso es visto en muchos sectores como un nuevo intento por silenciar a la prensa libre y acallar a los críticos de Duterte –que no nunca ha ocultado su animadversión por Rappler– en el archipiélago asiático. En una rueda de prensa posterior al veredicto, Ressa se comprometió a seguir luchando. “La libertad de prensa es la base de todos los derechos que tenemos como ciudadanos filipinos. Si no podemos hacer que el poder rinda cuentas, no podemos hacer nada”, dijo.

Numerosas asociaciones de periodistas, abogados y organizaciones de derechos humanos, tanto filipinas como extranjeras, denunciaron la injusticia del caso. “Este veredicto es una farsa y debe ser anulado. Ressa, Santos y el equipo de Rappler están siendo señalados por sus informaciones críticas sobre la administración Duterte, incluidas las violaciones de derechos humanos en curso”, aseguró Nicholas Bequelin, director de la región Asia-Pacífico de Amnistía Internacional. “La sentencia no es más que política”, añadió.

Además de cuestionar la base de la difamación, la defensa y otros expertos legales señalaron la presencia de varias irregularidades. Uno de los aspectos más cuestionables es que la Ley de Delitos Cibernéticos en la que la acusación se apoya se aprobó en octubre de 2012, cinco meses después de la publicación del artículo en cuestión. En principio, en los casos de ofensas criminales no se puede aplicar esta normativa con carácter retroactivo. Sin embargo, el Departamento de Justicia decidió retomar el caso sobre la base de una “republicación” de 2014, cuando el medio actualizó el texto para corregir un error tipográfico.

Éste no es el único proceso judicial contra la laureada periodista, que tiene pendientes otros nueve casos relacionados con evasión de impuestos y con la violación de las leyes filipinas de propiedad de los medios, que no permiten el capital extranjero. El conjunto de los cargos suma unas penas de hasta 100 años de prisión.

Bajo el mandato de Duterte, la libertad de prensa ha sufrido en Filipinas un serio menoscabo. En la actualidad, el país ocupa el puesto 136 de los 180 que conforman el Índice Mundial sobre la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. Durante este tiempo, los periodistas han sido el blanco de numerosos ataques violentos, procedimientos judiciales y campañas de acosos online orquestadas por los seguidores del mandatario.



Por ISMAEL ARANDA/La Vanguardia