BOLIVIA DETIENE A LA EXPRESIDENTA JEANINE AÑEZ POR “SEDICCIÓN Y TERRORISMO”; LA ORDN DE CAPTURA INCLUYE A CINCO EXMINISTROS Y CÚPULA MILITAR
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine
Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”,
anunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desde las redes
sociales. La detención se produce horas después de que la justicia del país sudamericano
ordenara su captura.
Las órdenes alcanzan también a miembros de su Gabinete
de Ministros y a la cúpula de las Fuerzas Armadas de entonces. Las detenciones
se han acelerado tras la petición de un fiscal, que cargó contra todos los
jefes del Ejército y policiales que pidieron públicamente la renuncia de
Morales. Las autoridades sospechan que parte de los buscados se encuentran ya
fuera del país. “La persecución política ha comenzado. El MAS (Movimiento al
Socialismo, en el Gobierno) ha decidido volver a los estilos de la dictadura.
Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”,
escribió Áñez el viernes en su cuenta en Twitter.
El día que la cúpula militar forzó la salida de
Morales en una conferencia de prensa quedó registrado en vídeo. Allí el
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, “sugirió” al
presidente “que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el
mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. El militar
justificó que tomaban esa posición por la “escalada del conflicto” que
atravesaba el país frente a las protestas por el supuesto fraude en las elecciones
presidenciales de octubre.
Kaliman es ahora buscado por presuntos actos de
“terrorismo, sedición y conspiración”. También se busca al general Sergio
Orellana que, como sucesor de Kaliman, ocupó el comando de las Fuerzas Armadas
cuando la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina del
país. Orellana debe responder además por la muerte de 30 personas en unas
protestas contra la mandataria interina que fueron duramente reprimidas por las
fuerzas de seguridad. Por este último caso, un comandante militar y uno
policial se encuentran bajo detención domiciliaria. Según las investigaciones
de la Policía, el excomandante Orellana abandonó el país a fines del año pasado
y ahora vive en Colombia.
El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas,
Flavio Arce, fue el único que se presentó voluntariamente ante las autoridades
y fue arrestado de inmediato. Está a la espera de acceder a la detención
domiciliaria, como lo han hecho los otros altos cargos militares procesados en
el pasado. Otro de los buscados es el excomandante Yuri Calderón, que en
noviembre de 2019 se declaró en rebeldía contra del Gobierno de Morales. La
Policía allanó sin éxito dos domicilios para dar con el excomandante. Si está
fuera del país, no lo ha hecho legalmente, según los registros.
Las órdenes de detención alcanzaron también al sector
político. Rodrigo Guzmán, exministro de Energías de Áñez, fue arrestado pese a
que hasta ahora no estaba en la lista de acusados. Su familia denunció un “secuestro
estatal”. También fue detenido el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra. La
orden de detención incluye al exministro de Gobierno Arturo Murillo; el de
Presidencia, Yerko Núñez, y el de Defensa, Fernando López. El arresto de los
exministros sorprendió a la opinión pública boliviana, ya que el proceso se
había concentrado hasta ahora en juzgar los momentos previos a la renuncia de
Evo Morales y sus causas.
Una de las aristas relevantes de este caso es la
naturaleza de los delitos que se les atribuye a los detenidos. Sedición y
terrorismo conllevan en Bolivia penas de entre cinco y 20 años de prisión,
respectivamente. La Fiscalía se suma así a la tesis del oficialismo, que
denuncia que los acontecimientos de 2019 fueron un “golpe de Estado”. La oposición
ha defendido, sin embargo, que aquellos sucesos fueron tan explosivos que
terminaron por arrastrar a las instituciones del orden a participar en un
“levantamiento popular” contra la reelección de Morales.
Uno de los líderes opositores, Samuel Doria Medina,
reprochó que la justicia continúe “persiguiendo a jefes militares”. “El
presidente [Luis Arce] comete un error al dejar que fiscales politizados
compitan para usar los derechos humanos para ganar puntos con el Gobierno. Las
relaciones con las Fuerzas Armadas son un delicado asunto de Estado”, ha dicho
en Twitter.
Súper
Luchito’ quiere volar solo
De acuerdo con la demanda original, el juicio debería
incluir también a dos civiles: el líder de las protestas contra Morales y
gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a su padre, un
conocido empresario, a los que se acusa de haber pagado a varios policías para
que se sumaran al motín. Un hecho clave que precipitó la caída del Gobierno del
MAS. Los fiscales no los han imputado hasta ahora, aunque sí han tratado dos
veces de convocar a Camacho como testigo. En las dos ocasiones el político
convirtió los actos judiciales en los que debía declarar en multitudinarias
demostraciones políticas.
Por FERNANDO
MOLINA/El País
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