FISCALÍA LA VEGA SOLICITA APERTURA JUICIO CONTRA CUATRO MIEMBROS FAMILIA LÓPEZ PILARTE, INCLUYENDO DIPUTADA DEL PRM
Por el hecho son acusados Miguel Arturo López
Florencio (Miky López) y sus hijos Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel
López Pilarte.
Además, están imputados Ada María Pilarte y José
Antonio Román, así como las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito
Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette,
SRL.
En la supuesta red también está involucrada la esposa
de López Florencio, Rosa Amalia Pilarte, quien es diputada de La Vega por el
Partido Revolucionario Moderno (PRM). Sin embargo, no fue incluida en esa
acusación, debido a que por su condición de legisladora le corresponde una
jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con la acusación, empresas son de fachada y
de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema
financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las
actividades del narcotráfico.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó
que la acusación contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53
testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para destruir la
presunción de la inocencia de las cinco personas físicas y cuatro personas
jurídicas acusadas.
En el proceso de investigación, se realizaron ocho
incautaciones a 17 propiedades de lujo, valoradas en miles de millones de
pesos, en el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto Plata,
Espaillat y La Romana.
En mayo pasado, cuando habló sobre su relación
comercial con el diputado Miguel Gutiérrez Díaz, el empresario manifestó sobre
la acusación actual de lavado de activos, presuntamente, producto del
narcotráfico, que nunca ha sido “lavador ni narcotraficante. “Yo tengo todas
las experticias de mis cuentas”, dijo.
Agregó que todas sus empresas están fuera de la acción
penal. La Oficina de Atención Permanente de La Vega le dictó tres meses de
prisión preventiva, garantía económica y un brazalete electrónico en julio del
2020.
La medida fue variada a prisión domiciliaria en
diciembre, según el imputado, porque el Ministerio Público no tenía una
investigación y pidió una prórroga de dos meses. Añadió que debido a esto, la
ley “le da para fuera” al acusado.
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