ESTADOS UNIDOS PRETENDE BLOQUESAR LA VIGILANCIA DEL GOBIERNO CHINO
WASHINGTON (15 Julio 2021).- Estados Unidos está aumentando sus esfuerzos para impedir que la República Popular China explote los mercados de capital estadounidenses para financiar su modernización militar, su vigilancia y sus abusos contra los derechos humanos.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó
en la lista negra a 14 entidades con sede en la República Popular China (RPC)
(en inglés) que facilitaron la represión, la detención masiva y la vigilancia
de alta tecnología del gobierno chino contra los uigures, que son
predominantemente musulmanes, así como de miembros de otros grupos étnicos y
religiosos minoritarios en Xinjiang.
“El Departamento de Comercio continúa firmemente
comprometido con la adopción de medidas firmes y decisivas contra las entidades
que facilitan abusos de derechos humanos en Xinjiang o que utilizan la
tecnología estadounidense para alimentar los desestabilizadores esfuerzos de
China para su modernización militar”, declaró la secretaria de Comercio, Gina
Raimondo, al anunciar las nuevas restricciones.
El Departamento de Comercio también prohibió a las
empresas estadounidenses tratar con otras 20 entidades que apoyan o corren el
riesgo de apoyar la modernización militar de la República Popular China o de
Rusia, o que ayudan a la entrega de tecnologías restringidas a Irán. Las
medidas adoptadas por el Departamento el 9 de julio añaden 34 entidades a su
Lista de Entidades, que impide a las empresas recibir programas informáticos,
tecnología u otros bienes estadounidenses sin una aprobación especial.
En su Informe sobre la trata de personas 2021 (en
inglés), publicado el 1 de julio, el Departamento de Estado constató que la
República Popular China “sigue utilizando tecnologías emergentes para llevar a
cabo medidas discriminatorias de vigilancia y de elaboración de perfiles
etnoraciales diseñadas para subyugar y explotar a las poblaciones minoritarias”.
En septiembre de 2020, el Departamento de Estado
elaboró unas directrices voluntarias de diligencia debida (en inglés) en
materia de derechos humanos para ayudar a las empresas a mitigar el riesgo de
que sus productos o servicios puedan ser utilizados indebidamente por gobiernos
extranjeros o para llevar a cabo violaciones o abusos de los derechos humanos.
La vigilancia de la RPC en efecto ha convertido a
Xinjiang en una prisión al aire libre, con cámaras en cada esquina y programas
informáticos de reconocimiento facial y otras tecnologías que rastrean todos
los aspectos de la vida. Pekín también exporta tecnología de vigilancia a los
regímenes autoritarios de Birmania, Irán, Venezuela, Zimbabue y otros países.
Las restricciones del Departamento de Comercio siguen
a la orden ejecutiva del presidente Biden del 3 de junio, que amplió las
prohibiciones contra la inversión estadounidense en la modernización militar de
la RPC para bloquear también las tecnologías que podrían apoyar la vigilancia
de la RPC y otros abusos de los derechos humanos en China u otros países.
El 3 de junio, Biden consideró que el uso de la
tecnología de vigilancia de la RPC (en inglés) para reprimir a miembros de
grupos religiosos y de minorías étnicas en China y en otros lugares es una
“amenaza inusual y extraordinaria”.
“Enfrentarse a estos desafíos de forma directa es
coherente con el compromiso de la administración Biden de proteger los
intereses fundamentales de la seguridad nacional y los valores democráticos de
Estados Unidos”, indica una hoja informativa de la Casa Blanca.
Fuente: SHAREAMERICA.COM
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