MINISTERIO PÚBLICO AFIRMA TIENE SUFICCIENTES PRUEBAS CONTRA DETENIDOS EN OPERACIÓN LARVA
Resaltó que solo para el conocimiento de la medida de
coerción los fiscales aportarán más de 300 evidencias contra los imputados,
para quienes han solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva y
que se declare el caso complejo.
Nova Cabrera recordó que la Operación Larva se ejecutó
como continuación del Caso Corona, del
que se encuentran 16 personas guardando prisión, que fueron judicializadas por
el Ministerio Público y a quienes ya se le presentó acto conclusivo.
“En el caso que nos ocupa (Operación Larva) se trata
de una investigación financiera de lavado de activos que es el resultado como
consecuencia de la investigación de ese primer proceso que se judicializó”.
Nova Cabrera explicó que la Oficina Judicial de Servicios
de Atención Permanente de San Cristóbal
suspendió la audiencia para el próximo viernes 5 de noviembre, a las 9:00 de la
mañana.
Detalló que el aplazamiento se produjo a los fines de
dar oportunidad a la defensa técnica de los imputados de preparar sus medios,
así como para citar regularmente algunas personas jurídicas que están puestas
en causa y que no fueron convocadas por el tribunal en el día de hoy.
Nova Cabrera encabezó el equipo de fiscales que estuvo
en audiencia junto a la titular interina de San Cristóbal, Ramona Santana
Uceta, quien destacó que el Ministerio Público tiene un caso sólido del que,
más adelante, en el transcurso del proceso que está bajo investigación,
ofrecerá las informaciones de manera oportuna.
El equipo del Ministerio Público estuvo integrado
además por los fiscales Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura
y Fanny Garabito.
Las representantes del Ministerio Público ofrecieron
sus declaraciones al ser abordadas por la prensa en el Palacio de Justicia Máximo
Puello Renville.
Domenico Eduardo Núñez Pimentel, juez suplente de la
Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, adscrita al Segundo
Juzgado de la Instrucción, suspendió la audiencia a las 10:30 de la mañana,
tras acoger una petición de las partes.
Los encartados son Jorge Luis Herasme Estrella, María
Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña,
James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo
Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa
Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez
(Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela
Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
En tanto que como entidades con personería jurídica
encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme
Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H
& S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo
Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo
Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona
(Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali
Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L.
y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del
Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
El Ministerio Público desmanteló la red de lavado de
activos en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas
(CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En el
transcurso de las pesquisas el órgano del sistema de administración de justicia
ha destacado que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales
investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
Además, ha establecido que los involucrados en el Caso
Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a
lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala. En ese
sentido, precisó en la solicitud de medida de coerción que para garantizar esas
operaciones y mantener el control incurrieron en hechos de sangre.
Los integrantes de la red inyectaban, sobre todo en el
sector inmobiliario, las ganancias irregularmente obtenidas producto de las
actividades propias del crimen organizado. En las investigaciones se ha
determinado que adquirían, a través de familiares de los principales miembros
de la estructura y mediante la utilización de compañías fantasmas, inmuebles
suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago
de los Caballeros, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de
alto y bajo calibre.
La organización criminal está vinculada a una red de
narcotráfico denominada Corona que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la
cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua,
provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San
Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González
Luna, José Aníbal González Cubilete (El Don), Manuel Alejandro Lara Martínez,
Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que
las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.
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