SI NO CUENTA CON AVAL ACTORES POLÍTICOS QUE TIENEN INCIDENCIA EN CONGRESO NACIONAL, LUIS ABINADER NO IMPONDRÁ REFORMA A LA CONSTITUCIÓN
SANTO DOMINGO, República Dominicana (11 Mayo 2022).- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, aseguró este miércoles que, bajo ningún concepto, la administración del presidente Luis Abinader impondrá una Reforma a la Constitución, ni ninguna otra de esta trascendencia, si no cuenta con la comprensión y el aval de los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso Nacional.
“El presidente Luis Abinader reitera que su apoyo,
impulso y aprobación a esta iniciativa se limitarán a lo aquí propuesto y que
bajo ningún concepto y circunstancia sus objetivos tocarán otros temas”,
informó Peralta Romero.
Al mismo tiempo, señaló, deja constancia, por su vía,
de la decisión de tocar las puertas y las conciencias del liderazgo político
nacional, con el propósito de lograr un concurso de voluntades que permitan la
materialización de estas reformas.
Con la seguridad, agregó, de que con las mismas se
logrará un país más democrático y transparente en el manejo de los fondos
públicos y con un sistema de justicia más eficaz.
El consultor jurídico habló al participar en la novena
y última reunión de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad, como
parte de la Convocatoria Presidencial del Diálogo por las Reformas para el
Fortalecimiento Institucional y la Gestión Eficiente del Estado, en el Consejo
Económico y Social (CES).
“Hacemos este anuncio aquí hoy frente a los miembros
de esta mesa que han participado en el diálogo sobre la Reforma Constitucional,
para reafirmar ante ustedes nuestro compromiso con las conclusiones a que aquí
se ha arribado y con la esperanza de que esta sesión sea tan provechosa como
las anteriores”, manifestó.
Peralta Romero reafirmó el convencimiento por parte
del Poder Ejecutivo de que estas propuestas resultan oportunas, necesarias y
trascendentes.
Entre estas reformas citó: lograr disminuir de más de
doscientos mil (200,000.00) ciudadanos exigidos para impulsar una iniciativa
popular a solo veinticinco mil (25,000.00) y la exigencia de la no militancia
partidista como requisito para ser juez de las altas cortes.
Fortalecimiento
interno y externo del control de los fondos públicos
Asimismo, el fortalecimiento interno y externo del
control de los fondos públicos; la independencia real del Ministerio Público, a
través de un mecanismo de designación de su titular que sea más democrático, o
la exclusión del Ministerio Público de la matrícula del Consejo Nacional de la
Magistratura.
“No obstante, no impulsaremos las mismas si no es por
la vía del consenso, dado que este gobierno no se embarcará en acciones
deleznables que contradigan las leyes preestablecidas y las normas éticas que
deben regir la administración pública”, afirmó.
No obstante tal convicción, expuso, desde el primer
día el Poder Ejecutivo ha mostrado apertura para que, en el marco de este
diálogo, la comunidad nacional presente sus observaciones, contrapropuestas y
sugerencias adicionales, a través de las distintas organizaciones políticas y
sociales presentes.
“De hecho, así
hemos ido incorporando parte de las observaciones presentadas, como las
relativas a la forma de destitución de los jueces de las altas cortes que cometan
faltas graves o a la consagración constitucional, no así legal, de la manera en
que sería designado el Fiscal General de la República”, expresó.
Convocatoria
Presidencial del Diálogo
El funcionario recordó que han tenido ocho reuniones
previas, en las que han sometido a distintos niveles de discusión diversas
propuestas normativas en el marco de la Convocatoria Presidencial del Diálogo.
“Como saben, hoy no solo terminamos con los trabajos
de esta mesa, sino que también concluimos con esta fase del diálogo sobre la
reforma constitucional, el cual ha sido ventilado en dos sesiones anteriores,
en las fechas 2 de marzo y 4 de mayo”, comunicó.
El consultor jurídico insistió en que se trata de una
iniciativa que el Poder Ejecutivo ha emprendido, convencido de que cada una de
las propuestas impactarán positivamente el régimen institucional de la
República Dominicana.
Entre los participantes en la reunión figuran la
directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortíz Bosch; el
subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla, y la subconsultora
del Poder Ejecutivo, Noelia Rivera.
También estuvieron, en calidad de observadores,
diversos académicos, actores de la sociedad civil y de la prensa.
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