EN EXPEDIENTE ACUSATORIO EL MINISTERIO PÚBLICO AFIRMA QUE DANILO MEDINA PIDIÓ A FUNCIONARIOS BUSCAR DINERO PARA CAMPAÑAS A “SABIENDAS DE QUE ESA BÚSQUEDA ERA ILÍCITA”
SANTO DOMINGO, República Dominicana (20 Marzo 2023).- El Ministerio Público planteó en la solicitud de orden de allanamiento de la operación Calamar que en 2019, antes de las Elecciones Primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el entonces presidente Danilo Medina convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, en las que había varios miembros de alto nivel de su equipo, a quienes les instruyó a buscar dinero para las campañas políticas del 2019, (internas del PLD) y la del 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita.
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Listín
Diario, entre los invitados a la reunión estuvieron los investigados Donald
Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros.
Aduce que posterior a esa reunión José Ramón Peralta,
le solicitó al entonces Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE) Francisco Pagán que convocará a unos de los
principales constructores del Estado Dominicano, el ingeniero Bolívar Ventura,
quien en ese momento tenía lo que entendía eran deudas del Estado Dominicano,
fuera hasta su Oficina en el Palacio Nacional.
Destaca que Pagán convocó a una reunión, en su oficina
en la OISOE al ingeniero Bolívar Ventura, quien acudió y luego se trasladó
hasta el Palacio Nacional junto a Pagán, lo que le facilitaba el acceso y le
permitía a Bolívar Ventura evitar la burocracia propia del Sistema de Seguridad
de la sede del Gobierno Dominicano.
En esa reunión, José Ramón Peralta le dice a Bolívar
Ventura, que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían
unos pagos de deudas que tenía con el Estado y que para fines de coordinar los
pagos debía ir donde el exministro de Hacienda Donald Guerrero.
En la reunión coordinada por Francisco Pagán, con el
Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero, este último le dice a Bolívar Ventura,
que necesitan fondos para las elecciones internas del 2019, que a cambio de la
entrega de esos fondos, le pagarían una parte de la deuda que el Estado tenía
con él; recursos que supuestamente irían para la campaña interna del PLD,
específicamente en apoyo al entonces precandidato Gonzalo Castillo, lo que
evidentemente constituye una estructurada operación de soborno.
En ese contexto el señor Bolívar Ventura indica que
tenía muchas deudas y que lo que podía hacer era dar doscientos millones. Esta
propuesta hace que siguieran discutiendo las cantidades, ya que el Donald
Guerrero, le reclamaba a Bolívar Ventura que podía dar más.
Finalmente, ante la insistencia del exministro Donald
Guerrero terminaron en que Bolívar Ventura entregaría la suma de quinientos
millones de pesos, que en la realidad subieron a la suma total de RD
$527,694,838.00.
Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y
Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación, se
coalición para distraer del Estado los referidos RD $527,694,838.00).
Para lograrlo consiguen que el investigado Víctor
Encarnación, entonces director técnico de la OISOE, realice volumetrías falsas
de obras incluso cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de
Bolívar Ventura.
Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la
presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado dominicano.
Expresa que los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo
Castillo, Víctor Encarnación Daniel y Omar de Jesús Caamaño, cometen estas
acciones, distrayendo montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas
las cuales tenían como sustento un reconocimiento de deuda, el cual el
constructor no había solicitado y realizadas sobre una volumetría inexistente.
Indica que estas operaciones se realizan en el 2019, pero la mayoría de las
documentaciones se adelantan con fecha del 2018, de acuerdo a las evidencias,
esto para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una deuda del
2019, no se podría pagar en el 2019, bajo ese concepto.
Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta,
solicitaron decenas de millones a Bolívar Ventura, quien le dijo que no era
posible mover todas esas cantidades en efectivo por la ley de lavado de activos
y es ahí que se dispone hacer los contactos con el administrador del Banco de
Reservas Simón Lizardo,
Este último a su vez delega la asistencia en el
Contralor del Banco de Reservas, el investigado Andrés Guerrero, lo que sería
el inicio de la operación de lavado más grande, cometidas en el menor tiempo,
hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado Dominicano.
Precisa que las deudas que según el ingeniero, Bolívar
Ventura tenía el Estado Dominicano con sus empresas Doiteca, Diprecalt,
Construcciones y diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC,
eran deudas en principios basadas en contratos que datan de más de 10 años y
sobre los que se le prometió entregarle los pagos, bajo lo que él define como
extorsión por parte Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, lo
que evidentemente constituye un esquema de corrupción con participación activa
de estos funcionarios públicos. Como fue establecido previamente, la propuesta
a Bolívar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente 30 obras que había
construido desde la OISOE, para justificar pagarlas a través de acuerdos de
reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad eran
cubicaciones maniobradas con falsedad de contenido.
Señala que es evidente que aquí hay una clara
coalición de funcionarios entre Donald Guerrero, José Peralta, Gonzalo
Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Princesa Alexandra García Medina, para
estafar al Estado Dominicano y distraer fondos millonarios en una mega
operación de lavado de activos, materializadas, además, a través de una
asociación de malhechores. Añade que para primeros pagos a la citada
estructura, Bolívar Ventura utilizó la agencia de cambio RM, ubicada en la zona
Este del Gran Santo Domingo, de la cual es dueño y administrador el señor
Anderson Acevedo, quien le realizó un cambio de moneda mediante una
transferencia electrónica.
Refiere que estas sumas en efectivo fueron llevadas a
las instalaciones de la OISOE y entregadas a Francisco Pagán, las cuales fueron
ejecutadas 2 veces, por la suma de cincuenta millones de pesos, cada una, y
Francisco Pagán le entrega a Donald Guerrero, en su despacho del Ministerio de
Hacienda, la suma de cincuenta millones de pesos en efectivo y posteriormente
entregó la restante suma de cincuenta millones de pesos a José Ramón Peralta,
en el Palacio Nacional.
Sostiene que luego de haberse entregado los cien
millones de pesos, en la forma que tiene probado la presente investigación, el
ingeniero Francisco Pagán le manifestó al ingeniero Bolívar Ventura que las
sumas restantes serían entregadas directamente al investigado Donald Guerrero,
quien dispuso como se harían esas entregas.
Posterior a los pagos en efectivo, Francisco Pagán le
informó a Bolívar Ventura que sería contactado para ejecutar las entregas
inmediatamente iba recibiendo los pagos de lo debido por OISOE; en ese sentido
recibió un mensaje del investigado Andrés Guerrero, quien en ese momento era el
contralor del Banco de Reservas, para coordinar el canje de cheques y entrega
de dinero en el Banco de Reservas, sucursal calle José contreras esquina Gral.
Jiménez Moya, La Feria, Distrito Nacional, quien además organizaba todo para la
entrega, las que se realizaban luego de haber recibido las instrucciones de su
superior.
Aduce que hecho las evidencias indican que Andrés
Guerrero se refería sin mayor cuidado a que ese dinero era para Donald Guerrero,
José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
Según el Ministerio Público RD$ 527,694,838.00 fueron
recibidos a través de quienes dispuso Donald Guerrero, es decir, los señores
Ramón Emilio Jiménez (a) Mimilo y José Arturo Ureña, quienes hacen un esquema
de distribución en el que participa el señor Fernando Crisóstomo, quien a su
vez es la persona que hace la entrega de efectivo al investigado Víctor
Encarnación, quien, como hemos dicho, se encarga de alterar la volumetría de
OISOE.
Es preciso decir, aduce la instancia que todo este
esquema operaba con la participación directa de Francisco Pagán como director
de la OISOE y con el entonces contralor general de la República Daniel Omar De
Jesús Caamaño Santana, quien hacía el trámite de los pagos, sin hacer ningún
control, a cambio de recibir su porcentaje de los sobornos.
La solicitud de orden de allanamiento o registro de
lugares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), incluye a 23
personas relacionadas a la investigación relativa al caso Calamar.
La solicitud de orden de allanamiento depositada por
el titular del PEPCA, Wilson Camacho del 7 de febrero pasado, fue autorizada
por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito
Nacional, Kenya Romero, el 8 de marzo pasado.
En la instancia se solicita el allanamiento de Ángel
Donald Guerrero Ortiz, José Ramón De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo
Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño ,
Luís Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio
Silver Peña Peña, Aldo Antonio Gerbasi
Fernández,
También Princesa Alexandra García Medina, Oscar Arturo
Chalas, Andrés Guerrero, Ángel Lockward Mella,
German Fernando Mateo Andújar,
Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón
David Hernández,
Igualmente, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes,
Ana linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Rafael Parmenio
Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero.
El grupo es investigado por violación de los artículos
123 (145, 146 y 147, 166, 171 y 172, 177 265 y 266 y 405 del Código Penal
Dominicano que tipifican la coalición de funcionarios, falsificación,
prevaricación, desfalco, soborno o cohecho, asociación de malhechores y estafa
contra el Estado) 18 de la Ley No. 311-14 que tipifica el enriquecimiento
ilícito, artículos 3 letras A y B, 4, 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la Ley
No. 72-02, sobre Lavado de Activos (para los hechos de lavados cometidos antes
de 2017), así como los artículos 59, 63, 64 y 78 de la ley núm. 33-18 de Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Político para el Financiamiento ilícito de campañas
políticas.
Fuente: LISTÍN
DIARIO
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