POR 30 MILLONES DE DÓLARES POR LA FRASE "BAD BUNNY BABY" LA DEMANDA DE CARLIZ DE LA CRUZ EXNOVIA DEL CANTANTE ANTONIO MARTÍNEZ OCASIO

SAN JUAN, Puerto Rico (13 Abril 2023).- Carliz de la Cruz Hernández, exnovia de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, se opone, mediante su representación legal, a que la demanda que presentó contra el cantante por violación de derechos de imagen, derechos morales de autor, daños y perjuicios, por la utilización de la frase “Bad Bunny Baby”, sea dilucidada en el Tribunal federal en Puerto Rico.

El Tribunal federal acogió el pasado lunes, 10 de abril, la solicitud sometida por la parte demandada, que incluye a Martínez Ocasio, Rimas Entertainment, Noah Kamil Assad Byrne, Rimas Classics LLC, entre otras nueve corporaciones, para el traslado de la controversia del foro estatal al federal. El Tribunal asignó el caso al juez federal Jay A. García- Gregory.

Sin embargo, Joanna Bocanegra, abogada de De la Cruz Hernández, informó ayer a EL VOCERO que solicitará un ‘remand’ para devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

“Lo hacemos porque entendemos que el Tribunal federal no tiene jurisdicción. Para nosotros la jurisdicción es de las leyes estatales. El Tribunal estatal”, indicó Bocanegra a este medio.

El recurso será solicitado en las próximas semanas, según adelantó la licenciada.

Tras el traslado del caso al tribunal federal, la jueza superior Ladi V. Buono de Jesús, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, procedió a la “paralización de los procedimientos” y al “archivo administrativo”, pero aclaró: “El Tribunal se reserva expresamente jurisdicción para decretar su reapertura a solicitud de parte en caso de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico decline jurisdicción o devuelva (‘remanded’) el mismo posteriormente a esta sala del Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan para la continuación de los procedimientos”.

De la Cruz Hernández solicita en la demanda presentada el 1 de marzo, una indemnización no menor de US$30 millones.



Por JAN FIGUEROA ROQUÉ/El Vocero

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