DEBE ACUDIR ESTE MIÉRCOLES DECLARAR A COMISIARÍA EL EXPRESIDENTE JAIR BOLSONARO INVESTIGADO POR ALENTAR LA INVASIÓN Y VIOLENTA PROTAGONIZADA POR MILES DE SEGUIDORES EL 8 DE ENERO
El expresidente Jair Bolsonaro, investigado por
alentar la invasión violenta protagonizada por miles de sus seguidores, está
convocado este miércoles a un interrogatorio policial sobre el caso. Aquel
domingo 8 de enero, Luiz Inácio Lula da Silva cumplía una semana en la
presidencia.
El fallo que dicta la apertura de casos penales contra
100 sospechosos fue aprobado por 8 a 2 con el voto discrepante de los dos
magistrados de la más alta corte brasileña nombrados por Bolsonaro. Ambos
sostienen que el caso debería ser llevado por un juzgado de primera instancia y
que debe haber una distinción clara a la hora de acusar a los que entraron a
las bravas en los edificios que albergan el Congreso, el propio Supremo y la
Presidencia de las personas que no llegaron a participar en los actos violentos
de la plaza de los Tres Poderes, pero durante los dos meses anteriores
estuvieron acampadas ante el cuartel general del Ejército reclamando a los militares
que intervinieran para impedir la toma de posesión de Lula.
El volumen de detenidos es tan enorme que los jueces
los han agrupado en bloques para analizar sus casos. La madrugada de este
martes, los magistrados del Supremo empezaron a analizar los cargos presentados
por la Fiscalía contra otros 200 detenidos. Los revisan en sesiones virtuales
que duran varios días.
Este miércoles, Bolsonaro está citado a prestar
declaración en una comisaría de Brasilia. El anterior mandatario, siempre
aficionado al terreno de lo ambiguo y sin pudor de contradecirse a sí mismo a
menudo, ha condenado el asalto golpista, pero no movió un dedo para desmantelar
las protestas ante los cuarteles —las avaló siempre que fueran pacíficas aunque
pedían un golpe— y en ningún momento ha reconocido expresamente la victoria de
Lula.
Bolsonaro, que con la derrota perdió la inmunidad
parlamentaria que tuvo por tres décadas —primero como diputado y luego como
presidente—, se enfrenta a una larga lista de investigaciones. La Fiscalía ha
pedido que sea inhabilitado durante ocho años en un caso por desinformación. Y
en el mes que lleva en Brasil desde su regreso de EE UU ya ha sido interrogado
en otro caso, el de las joyas saudíes.
El asalto golpista y sus innumerables derivadas
amenazan con capitalizar el debate político en este arranque del tercer mandato
de Lula. El caso ocasionó la primera baja de su Gobierno, la del general Marcos
Gonçalves Dias, que además era el único ministro militar del Gabinete y amigo.
El Gobierno quería que el asunto quedase restringido al ámbito de la
investigación policial y el proceso judicial y puso enorme empeño en que el
bolsonarismo no lograra instaurar una comisión de investigación parlamentaria
sobre el 8 de enero, pero en los últimos días, viendo que no podía enterrarla,
ha abrazado la iniciativa.
Entre los investigados por la intentona golpista, hay
al menos 81 militares, incluidos tres generales, que están siendo procesados en
la justicia civil. Más de 300 detenidos en el palacio de Planalto y las sedes
del poder judicial y legislativo siguen en prisión. El más destacado entre los
encarcelados es el antiguo ministro de Justicia de Bolsonaro, un comisario de
policía llamado Anderson Torres, que era el responsable político de la
seguridad pública en Brasilia aquel día en que fue evidente la connivencia de
las fuerzas de seguridad con los golpistas.
Por NAIARA
GALARRAGA GORTÁZAR/El País
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