DICE 153 MUEREN EN PRISIONES DE EL SALVADOR EN ÚLTIMOS 13 MESES, SEGÚN UNA ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La mujer arrestada tenía una enfermedad del hígado, por lo que su familia le llevó medicamentos a la cárcel, si bien nunca fueron recibidos. Cuando sus parientes preguntaban por ella, los custodios respondían que "si necesita medicamentos, el médico va a avisar". Sólo les llamaron para anunciarle su muerte por una neumonía severa sin siquiera haber sido juzgada.
Ésta es una de las 153 muertes en las prisiones de El
Salvador entre marzo de 2022 y abril de este año, que han sido documentadas por
la organización de derechos humanos Cristosal en un demoledor informe en el que
denuncia que las personas encarceladas sufren torturas sistemáticas, choques
eléctricos y detencione153 arbitrarias. De acuerdo a la investigación, al menos
28 personas tuvieron una muerte violenta por tortura, golpes, asfixia mecánica
por estrangulación y lesiones, entre otras causas, que fueron documentadas por
el mismo Instituto de Medicina Legal (IML). Además, en otros casos Cristosal ha
verificado fotografías de los cadáveres que presentan signos de violencia,
mientras que remarca que "ninguna de las personas fallecidas había sido
declarada culpable del delito que se les atribuyó al momento de la
detención".
Concretamente, detalla que los cuerpos presentaban
laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos
cortopunzantes o contundentes, estrangulación y ahorcamiento, entre otros.
Indica que varios de los cadáveres "presentan evidencia de que la persona
fue víctima de palizas y probablemente de tortura", siendo una de las
causas de muerte más frecuente descrita en los reportes del IML la asfixia
mecánica. Así, Cristosal recuerda que la asfixia mecánica o por inmersión es
uno de los métodos de tortura más comunes conocidos en El Salvador, practicado
entre 1970-1992 por los cuerpos de seguridad durante el conflicto armado.
Uno de los casos documentados es un hombre de 32 años
que, según el IML, murió por "trauma cerrado de tórax severo tipo
contuso" (golpes en el abdomen). Según Cristosal, su cuerpo presentaba
laceraciones medianamente profundas en el codo, ocho hematomas en diferentes
partes del cuerpo y una herida vertical de ocho centímetros en el lado
izquierdo de la cabeza. Al momento de su detención, según denuncia esta
organización, fue golpeado por policías. Por otra parte, el cuerpo de un joven
de 23 años, fallecido el 18 de abril de 2022, "presentaba señales de golpes
en varias partes del cuerpo, quebraduras en pies y manos y llagas en la espalda
en forma alargada tipo quemadura, lo que evidencia que pudo ser víctima de
tortura", aunque el cadáver fue entregado a la familia en un ataúd cerrado
y el IML determinó que se trató de "muerte súbita".
Cristosal censura que cuando los detenidos mueren en
hospitales, se entrega a los familiares una constancia de defunción que
contiene la causa de muerte y "casi siempre se hace constar que se trató
de muerte por una enfermedad o condición de salud crónica, aunque en su mayoría
las personas ingresaron al sistema penitenciario sin padecimientos
previos". Así, indica que en el mayor número de casos se consigna como
consecuencia de muerte "edema pulmonar, neumonía, insuficiencia renal, infarto,
anemia, hemorragia cerebral y tuberculosis, entre otras".
No obstante, ante la ausencia de información sobre los
resultados de autopsias y del tipo de atención médica que se brindó, la
organización considera que "existen elementos suficientes para presumir
que algunas de estas muertes estuvieron precedidas de violencia, falta de
asistencia y atención médica, suministro de medicamentos o negligencia
médica". Asimismo, estima que incluso estas enfermedades o condiciones
crónicas pudieron ser adquiridas o se agravaron "como consecuencia de
torturas, golpizas y tratos crueles e inhumanos (encierros prolongados en
celdas de castigo), falta de alimentación, agua para consumo y condiciones
mínimas para hacer las necesidades fisiológicas".
Uno de los casos se refiere a un hombre de 44 años que
no padecía ningún tipo de enfermedad al momento de la captura y que, tras estar
recluido cuatro meses, inicialmente en Mariona y después en el Penal de
Quezaltepeque, murió en el hospital donde permaneció ingresado un mes. La
esquela extendida por el IML dice que falleció por "neumonía" pero,
según Cristosal, "su cuerpo presentaba llagas y perdió mucho peso. Las
personas entrevistadas aseguraron que había sido una persona robusta y que
ahora "estaba irreconocible".
Por otro lado, el informe ha documentado cuatro casos
de personas que fueron sepultadas en fosas comunes, por lo que sus familiares
se enteraron de su muerte por terceras personas o por las redes sociales de
familiares de privados de libertad. Uno de ellos fue un hombre de 45 años con
discapacidad intelectual, cuya esquela de reconocimiento médico legal
establecía que murió a consecuencia de "edema pulmonar", si bien
"las fotografías forenses muestran que el cadáver presentaba edemas en el
rostro". En ese sentido, personas entrevistadas informaron que "fue
golpeado dentro del penal donde estaba recluido, recibió patadas en el estómago
que le provocaron que expulsara sangre por la nariz y boca, lo que provocó que
perdiera la movilidad y no pudiera comer", pese a lo cual "no recibió
atención médica".
Pese a que sólo se contabilizan cuatro mujeres
fallecidas durante la privación de libertad por el régimen de excepción, los
testimonios de muchas mujeres que han estado detenidas refieren, según esta
organización, que "vieron morir a varias mujeres al interior de los
centros de detención y presenciaron abortos provocados por negligencia y abusos
de autoridad".
PALIZAS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS
Cristosal también denuncia que los castigos físicos y
las palizas son "prácticas generalizadas" en los centros penales
designados para la reclusión de personas detenidas durante el régimen de
excepción. Detalla que estas prácticas consisten en palizas al momento del
conteo de los presos por parte de sus custodios que todos los días los sacan de
las celdas y los golpean con sus porras, al tiempo que les dan patadas y
puñetazos.
"También lo hacen cuando los internos se quejan o
hacen ruido, en estos casos también les rocían gas pimienta o los sacan de las
celdas durante la noche para golpearlos", añade. Según el testimonio de un
joven de 20 años que estuvo recluido en Mariona, un custodio les dijo que
"solo si tienen suerte saldrán con vida de aquí". Mientras estaban
hincados en el suelo, según desveló, "les ponían descargas eléctricas y a
uno hasta le sacaron sangre y al entrar al sector donde iban a quedar los
custodios les dieron otra golpiza".
Otro hombre preso en Mariona relata que mientras los
llevaban a su celda a golpe de porra, los custodios les advirtieron de que
"no iban a volver a ver el sol", mientras que todos los días les
tiraban gas en la madrugada y les daban sólo un tiempo de comida. Los ex
privados de libertad afirman que, en celdas con capacidad para 70 personas, a
veces el número llegaba a 250 o más.
Según los testimonios de personas que estuvieron
recluidas en las cárceles de Mariona, Izalco y Quezaltepeque y que fueron
recogidos por Cristosal, "hay ejecuciones en el interior de las cárceles,
pero nadie habla de ello porque tienen miedo; en algunos casos se presume que
son sicarios, pero también se afirma que muchos mueren a consecuencia de las
palizas, golpes y choques eléctricos que les causan los custodios". Así,
un hombre que estuvo recluido en Mariona revela que vio morir a 10 personas
asfixiadas, mientras que en las celdas de enfrente vio que "murieron otras
personas porque los custodios los mataban".
Durante el régimen de excepción, han sido detenidas
69.000 personas, muchas de las cuales de manera "arbitraria", según
constata Cristosal, que denuncia que se produjeron "sin órdenes de captura
administrativas o judiciales sin investigación previa, por denuncias anónimas o
por estigmatización por llevar tatuajes". Señala que las capturas masivas
realizadas al amparo del régimen son "generalizadas" y muchas de las
personas ni siquiera pertenecen a las pandillas o tienen relación con ellas. En
numerosas denuncias las familias afectadas dan testimonio de que los captores
utilizan frases tales como 'son órdenes del presidente' o 'ya sabemos que no
anda en nada, pero son órdenes'. Según el Gobierno, del total de personas
detenidas, 5.000 han sido liberadas por no estar vinculadas a las pandillas.
NUEVA 'OFENSIVA' CONTRA LAS PANDILLAS
Pese a todas estas denuncias, Bukele no tiene la
mínima intención de retroceder en el citado régimen aprobado en la Asamblea
Legislativo tras registrarse 87 muertes violentas entre el 25 y 27 de marzo de
2022 atribuidas a las pandillas. Ello se traduce en la suspensión de las
garantías constitucionales de la libertad de asociación y reunión, derecho de
defensa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones. Hasta que
entró en vigor esta normativa, que el pasado 16 de mayo se prorrogó por decimocuarta
ocasión, la detención administrativa estaba fijada en un máximo de 72 horas y
con el régimen de excepción se puede ampliar hasta los 15 días.
Bukele recalcó el pasado domingo que "estamos
ganando decisivamente la guerra contra las pandillas", a pesar de lo cual
adelantó una nueva "ofensiva contra los remanentes de estas estructuras
para evitar cualquier intento de reagrupación". El mandatario hizo este
anuncio después de que el pasado 16 de mayo, miembros de una pandilla
asesinaran a un agente policial en Nueva Concepción, lo que provocó que el
presidente ordenara un cerco con 5.000 soldados y 500 policías en esta ciudad
de 30.000 habitantes, a 80 kilómetros al norte de San Salvador. El resultado
fue la detención de los tres supuestos responsables del crimen pertenecientes a
la Mara Salvatrucha, de los cuales uno de ellos fue arrestado en Guatemala a
donde había tratado huir.
Se calcula que las dos grandes pandillas que operan en
El Salvador (Mara Salvatrucha y Barrio 18) cuentan con alrededor de 70.000
miembros. Irrumpieron en este país en los años 90 tras originarse en Los
Ángeles y, según Bukele, han causado 120.000 muertes en los últimos 30 años.
Este lunes fue condenado a 14 años de prisión el expresidente salvadoreño
Mauricio Funes (2009-2014) por los delitos de agrupaciones ilícitas (ocho años)
e incumplimiento de deberes (seis años) por negociar una tregua con las
pandillas que supuso beneficios carcelarios para sus líderes entre 2012 y 2014.
Asimismo, el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía, recibió una
pena de 18 años de prisión, según informó la Fiscalía General de la República.
Por ASIER VERA/El País
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