El PLD revela que llamada de última hora desde Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo alteró consenso en Congreso del artículo 11 de Ley 1-24 que crea Dirección Nacional de Investigaciones
SANTO DOMINGO, República Dominicana (24 Enero 2024).- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reveló este miércoles que una llamada de última hora desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en el Palacio Nacional alteró el consenso que se había logrado en el artículo 11 de la Ley 1-24 de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Ese articulado establecía que previo a la autorización
del juez, todas las dependencias del Estado, las instituciones privadas o
personas físicas estarían obligadas a entregar todas las informaciones que
requiriera este organismo, denunció esta mañana el bloque de diputados del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El vocero peledeista en la Cámara Baja, Luis Henríquez, afirmó que la llamada se
habría producido desde la Consultoría jurídica del Poder Ejecutivo al bloque
oficialista con la orden supuestamente de que se eliminara el control judicial
de las actuaciones de la DNI.
Para el dirigente peledeista que habló en rueda de
prensa en el bloque del PLD, el gobierno buscaría evadir los controles, tal y
como ocurrió con la Ley de Fideicomiso que trataron de saltarse la Ley 340 de
Compras y Contrataciones. «Este gobierno quiere actuar a sus anchas, no quiere
controles institucionales», opinó Henríquez.
Henríquez explicó que, tras esa llamada de último
minuto, se sometió una modificación al citado artículo lo que varió el texto
que se había consensuado en la comisión, el cual establecía que previo la
autorización del juez, todas las dependencias del Estado, las instituciones
privadas o personas físicas estarán obligadas a entregar todas las
informaciones que requiera la Dirección Nacional de Inteligencia.
Sin embargo, en esa modificación, se propone que:
“Todas las dependencias del Estado, las instituciones privadas o personas
físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y
garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a
entregar todas las informaciones que requiera la Dirección Nacional de
Inteligencia”. No se menciona al juez por ningún lado, destacó.
“Lo que nunca se explicó al pleno fue que con esa
modificación se estaba eliminando la parte que decía que se requería la
aprobación del juez para la entrega de informaciones, por lo que queremos
advertir que se incurrió en una violación del debido proceso legislativo, al no
informar adecuadamente al hemiciclo como quedaría redactado el artículo 11, con
la modificación presentada por el diputado del PRM, Ramón Bueno”, explicó Luis
Henríquez.
El congresista afirmó que los legisladores de esa
bancada que votaron favorable a la ley 01-24 que crea la Dirección Nacional de
Inteligencia, lo hicieron bajo la condicionante de que la misma debe sujetarse
a la constitución, a las leyes y respecto a los derechos de los ciudadanos.
Henríquez manifestó que esa fue la postura del
diputado Elpidio Báez, quien formó parte de la Comisión que estudió la pieza
legislativa y así lo hizo saber durante el turno tomado en la sesión
extraordinaria del viernes 29 de diciembre del 2023.
“De manera clara, el PLD y su bancada expusieron que
como ese proyecto establece que la DNI es una dependencia del Poder Ejecutivo,
el mismo debe tener límites y controles, para proteger a los ciudadanos de los
excesos de poder que pudieran cometerse, poniendo como contrapeso la
Constitución de la República y las leyes vigentes” expresó el diputado
Henríquez.
El vocero de los diputados del PLD agregó que, en los
debates del pleno, los diputados de su partido enfatizaron en que toda
actuación del Sistema Nacional de Inteligencia debe estar sujeto a lo dispuesto
por la Constitución, a sabiendas que los derechos fundamentales del ciudadano
son expansivos.
“Sobre esa base y con estos hechos demostrados,
queremos decirle al presidente Luis Abinader, que nosotros no somos hipócritas
al criticar la ley promulgada por él, que esa ley que él defiende es la que
viola derechos fundamentales de los ciudadanos y no fue esa la ley que se había
discutido y estudiado en el seno de la comisión de estudio”, recaldó el diputado
opositor peledeista.
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