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Denuncian contrabando de inmigrantes dominicanos y haitianos en Puerto Rico; "es un negocio redondo"

SAN JUAN, Puerto Rico (21 Mayo 2024).- Luego que las autoridades hallaran el cadáver de la haitiana Jessica Jean, de 25 años, en la playa Shacks en Isabela, el tío de la joven, Leonard Prophil, denunció que existen grupos en Puerto Rico que estarían contrabandeando a los inmigrantes haitianos y dominicanos para cobrarles dinero a los familiares que residen en la Isla.

Prophil, líder de la comunidad haitiana, alegó que algunos inmigrantes que llegan a Puerto Rico, incluyendo a varios que viajaron junto a su sobrina en la embarcación que naufragó la semana pasada, han sido secuestrados y retenidos en casas de personas que exigen a los familiares que residen en la Isla pagos de hasta $1,500 para liberarlos.

“Es un negocio redondo. La persona llega en la lancha, ellos esperan a esa persona (inmigrante), esa persona sale corriendo pidiendo auxilios… y en la casa donde se meten se detiene a esa persona para pedir” a los familiares dinero a cambio de su libertad, señaló Prophil a EL VOCERO.

De acuerdo con el portavoz haitiano, el esquema ilegal estaría ocurriendo a menudo y desde “hace mucho tiempo” en el área oeste, mayormente en Aguadilla y Cabo Rojo.

“Lo que pasa es que nadie habla, toda la cosa sigue, entonces va aumentando”, agregó Prophil.

Detonante para el tráfico humano

El portavoz del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de la región del Caribe e Islas Vírgenes, Jeffrey Quiñones, confirmó que la agencia colabora en las pesquisas que lleva a cabo la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Confirmó que las solicitudes de pago para liberar a los migrantes que llegan ilegalmente a la Isla han alcanzado hasta los $7,000.

“Las mismas organizaciones que mueven narcóticos (en la Isla) son exactamente las mismas que someten a estas personas a la indefensión. Nosotros hemos tenido casos donde (los individuos) se aprovechan de esa indefensión de las personas que vienen y las retienen en sus casas”, sostuvo el portavoz del CBP.

Además, dijo que uno de los mayores retos que enfrentan las agencias federales durante la investigación es que las personas afectadas “casi nunca aceptan” testificar.

“En ocasiones, las personas se sienten tan intimidadas que no se atreven a testificar en contra de (quienes) nosotros queremos procesar por contrabando de personas”, indicó el portavoz.

Quiñones reiteró que los inmigrantes que buscan asilo en territorio estadounidense no deben gestionar su proceso de migración con entidades que no lo hacen legalmente, pues se exponen a que organizaciones criminales se aprovechen de ellos.

“El contrabando de personas es un detonante para la trata humana… Estas entidades retienen los documentos (de los inmigrantes), precisamente, para asegurarse de que cobren el dinero”, advirtió.

Cuestionado sobre qué deben hacer los migrantes, particularmente los haitianos, que buscan asilo en territorio estadounidense, Quiñones informó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) tiene un programa específico para migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

No obstante, de acuerdo con la información provista en la página web de DHS, el programa solo está disponible para los individuos que cuenten con un familiar o “persona de apoyo” en Estados Unidos que se comprometa a asistirles económicamente durante su libertad condicional.

Prophil, quien acudió al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) el domingo para identificar el cadáver de su sobrina, sostuvo que fue la desesperación lo que la llevó a viajar en yola junto a su hermana, Hibelise Sylffrard, para solicitar asilo en territorio norteamericano.

“La secuestraron dos veces, y la segunda vez esa niña fue violada, fue abusada, y ella estaba corriendo para dejar el país porque cada día la violencia está aumentando”, lamentó el líder haitiano.

Haití, que desde hace décadas vive en crisis, ha estado en una espiral descendente desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Desde entonces, la continua violencia provocada por las pandillas, quienes han luchado por mantener el poder del país caribeño, ha obligado a muchos a huir de sus hogares y buscar refugio en otros países.

Aunque Quiñones señaló que los casos de inmigrantes son trabajados por la jurisdicción federal, EL VOCERO solicitó a un portavoz de prensa de la Policía información sobre si la agencia tiene algún protocolo al momento de recibir estas denuncias, pero recalcaron que el que maneja los casos es Homeland Security Investigations.

 

 

Por ANDREA CRUZ/El Vocero

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