Cinco meses de desplazamiento forzado por grupos religiosos, y más de 150 evangélicos regresan a sus hogares en el Estado de Hidalgo, México
El acuerdo ha sido alcanzado entre los cristianos y
las autoridades locales de las aldeas de Rancho Nuevo y Coamila, en el
municipio de Huejutla de Reyes, según ha informado Christian Solidarity
Worldwide (CSW), donde se afirma a través de un informe que la resolución ha
sido facilitada por funcionarios estatales y municipales.
El regreso de las personas, entre ellas más de 70
niños y bebés, es el final de un conflicto que marca un precedente en cuanto a
violaciones de la libertad religiosa en el país centroamericano.
Según algunos analistas, la intolerancia en estas
zonas está influenciada por la Ley de Usos y Costumbres, que permite a las
comunidades indígenas autogobernarse en formas que a veces entran en conflicto
con las normas nacionales e internacionales de los derechos humanos. Una
situación que se vive en otras regiones, tal y como denunciaban el pasado mes
de agosto entidades y líderes evangélicos de Oaxaca.
En los términos del acuerdo, se ha restablecido el
suministro de electricidad y agua a las casas afectadas, y la comunidad
protestante ha acordado reanudar las contribuciones a los fondos comunitarios,
que habían estado suspendidas desde 2015.
El gobierno también ha decidido poner fin a una
investigación criminal contra los responsables del desplazamiento, dando tiempo
a las víctimas para evaluar sus propiedades y acceder a programas de ayuda
patrocinados por el Estado si fuera necesario.
Anna Lee Stangl, directora de incidencia política de
CSW, asegura que “el acuerdo negociado por los gobiernos del Estado de Hidalgo
y del municipio de Huejutla, y acordado por las autoridades de Coamila y Rancho
Nuevo y la comunidad de la minoría religiosa desplazada, sirve como ejemplo de
lo que se puede lograr, en términos de proteger la libertad de religión o
creencias y hacer cumplir la ley mexicana cuando hay voluntad política y una
inversión de tiempo y otros recursos por parte del gobierno”.Las autoridades
municipales recién elegidas han actuado para resolver la crisis, con el
Secretario de Estado de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, y la Directora de
Asuntos Religiosos, Margarita Cabrera Román, al frente de la negociación.
Inicios
del conflicto
Las presiones hacia las minorías cristianas en esta
zona de México no son nuevas, pero se intensificaron el pasado 26 de abril,
cuando los líderes de la aldea, principalmente católicos romanos, cortaron la
electricidad, destrozaron una iglesia y bloquearon el acceso a las casas de los
evangélicos.
Al ser desplazados por la fuerza, el grupo se ha visto
obligado a vivir en condiciones precarias, específicamente en un edificio
municipal y, más tarde, en un complejo deportivo. Dependían de las iglesias
locales para obtener alimentos y del agua del río para su higiene, lo que
provocó enfermedades e infecciones generalizadas.
Anteriormente, el presidente y director ejecutivo de Open Doors en Estados Unidos, David Curry, comentó que los católicos tradicionalistas suelen perseguir a los cristianos mexicanos.
Curry afirmaba en esa ocasión que la persecución es
similar a la “violencia de clanes”, una dinámica usada en pequeños grupos
rurales practicantes de antiguas religiones populares.
Fuente: THE CHRISTIAN POST
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