Este fallo no solo reivindica los principios constitucionales de igualdad y participación, sino que también amplía las opciones de representación ciudadana fuera de las estructuras tradicionales de los partidos políticos.
El TC dictó la Sentencia TC/0788/24, declarando inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Ley 20-23).
Esta acción, cuestionó la rigidez
de los requisitos establecidos para las candidaturas independientes, alegando
que vulnera principios fundamentales de la Constitución, como el derecho a
elegir y ser elegido, el pluralismo político y el principio de participación.
El fallo no sólo pone de relieve las limitaciones de
la Ley 20-23, sino que también plantea importantes desafíos para la Junta
Central Electoral (JCE), institución responsable de implementar los cambios
necesarios para garantizar el cumplimiento de la sentencia en futuros procesos
electorales.
En primer lugar, abre un nuevo escenario en la
competencia electoral, donde el ciudadano común podrá optar por cargos de
elección popular sin la necesidad de intermediarios partidarios.
Uno de los desafíos más importantes será el montaje de
los próximos procesos electorales. La posibilidad de candidaturas
independientes podría generar un desborde de aspiraciones, aumentando
exponencialmente la cantidad de candidatos en los diferentes niveles de
elección. Esta situación, si no se regula adecuadamente, puede dificultar la
organización y logística del proceso.
La JCE deberá revisar los reglamentos y procedimientos
relacionados con las candidaturas independientes, eliminando barreras excesivas
y facilitando la participación ciudadana. De igual manera la JCE debe definir
con precisión los requisitos para la inscripción de candidaturas
independientes, asegurando que no se impongan obstáculos burocráticos o financieros
que limiten su ejercicio.
La equidad en el acceso a los recursos del sistema
electoral es algo en la que la JCE tendrá que considerar, para que los
candidatos independientes puedan competir en igualdad de condiciones.
La fiscalización y uso de los fondos de campaña será
un reto crucial. Es necesario evitar que las candidaturas independientes y de
los partidos políticos se presten a prácticas irregulares, uso de dineros de
ilícitos o la falta de transparencia en los recursos.
Desde el proceso de inscripción de candidaturas hasta
el escrutinio y la proclamación de ganadores, la JCE deberá adaptar sus
sistemas y procedimientos para incluir efectivamente a los candidatos
independientes.
Este fallo representa un reto técnico y administrativo
para la JCE, por lo que deberá actuar con celeridad y transparencia para
implementar los cambios necesarios, garantizando que las elecciones venideras
cumplan con los estándares establecidos por el Tribunal Constitucional. La
atención estará puesta en cómo la institución responderá a este llamado, en un
momento crucial para la confianza ciudadana en el sistema electoral. La JCE
tiene ahora la tarea de convertir este mandato en una realidad práctica, marcando
un antes y un después en la historia electoral del país.
Por PABLO
VICENTE
El autor es abogado, magíster en derecho electoral,
presidente de FUJUDEL fujudel@gmail.com
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