500 millones de dólares de fondos públicos para ayudar las medidas de inmigración de Donald Trump aprueban los legisladores de La Florida
En un estado en donde aproximadamente uno de cada
cinco residentes es inmigrante, la iniciativa requeriría que cada nivel de
gobierno —así como los contratistas gubernamentales— cooperen con las
autoridades migratorias “en la mayor medida posible”.
Después de más de cuatro horas de deliberaciones, la
Legislatura de Florida —de mayoría republicana— aprobó la medida prácticamente
en proporción partidista. Su aprobación abre la puerta a un enfrentamiento
entre el gobernador, el republicano Ron DeSantis, y la cúpula legislativa del
estado, quienes discrepan sobre cuál de las propuestas tendría mayor utilidad para
llevar a cabo las restricciones migratorias de Trump. DeSantis ha calificado el
proyecto de ley como “débil”.
“Todo el objetivo de este proyecto de ley es ayudar al
presidente Trump a hacer su trabajo”, dijo el senador republicano Joe Gruters,
uno de los patrocinadores de la iniciativa y aliado de Trump que afirmó haber
estado en comunicación con el presidente durante el proceso. ”Él quiere máxima
coordinación con el gobierno local”.
Los legisladores impulsaron la iniciativa, de más de
80 páginas, titulada Ley de Tácticas y Reforma de la Política de Migración
Ilegal, o Ley TRUMP (Por sus iniciales en inglés), durante una sesión especial,
cuando es más difícil para la población participe en el proceso legislativo.
Los legisladores republicanos presentaron el proyecto
de ley después de rechazar las propuestas de DeSantis, un desaire al gobernador
saliente que una vez fue considerado como posible sucesor de Trump.
Llama la atención que un republicano en la Cámara de
Representantes y seis en el Senado votaron en contra de la medida, por lo que
el proyecto de ley no alcanzó la mayoría necesaria para sobrevivir a un veto de
DeSantis.
“Agradezco el intento”, dijo el senador republicano
Blaise Ingoglia, aliado del gobernador. “No puedo votar por esto, porque a mi
parecer no es lo suficientemente sólido”.
Antes del debate del martes en el pleno, el presidente
del Senado Ben Albritton y el presidente de la cámara baja Daniel Perez
anunciaron disposiciones adicionales, después de que “solicitaron y recibieron
asistencia técnica del gobierno de Trump”, informaron.
Entre las enmiendas se incluyen aumentar las penas por
todos los delitos cometidos en el estado por personas que se encuentran sin
autorización en el país, y hacen que la pena de muerte sea obligatoria para
todos aquellos que sean declarados culpables de delitos punibles con la pena
capital.
Sin embargo, los patrocinadores republicanos se
negaron a incluir algunas de las disposiciones de DeSantis, como restricciones
para que las personas que se encuentran sin permiso legal en el país envíen
dinero al extranjero y una medida que habría creado una presunción legal de que
las personas que se encuentran sin autorización en el país son un riesgo de
fuga.
Ahora, DeSantis debe decidir si promulgar o vetar una
propuesta que ha criticado públicamente como “diluida”. También podría optar
por no firmar la iniciativa, permitiendo que se convierta en ley.
La medida que los legisladores aprobaron el martes
establecería la creación de una nueva oficina estatal de aplicación de la ley
de inmigración con más de 140 empleados bajo la dirección de un recién nombrado
jefe de inmigración, un puesto que quedaría en manos del comisionado de
agricultura del estado, quien tomaría los poderes de emergencia en la
aplicación de las medidas de inmigración de manos del gobernador.
El proyecto de ley asigna 100 millones de dólares para
subvenciones a las agencias policiales locales para capacitación, equipo y
reembolso por el arrendamiento de instalaciones de detención al Servicio de
Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus iniciales en
inglés). Asigna otros 375 millones de dólares para financiar la cooperación del
estado con el gobierno federal, incluidos las labores relacionadas con un
programa que delega a la policía local para tareas que por lo general son realizadas
por agentes del ICE. También aparta 25 millones de dólares para otorgar bonos
de 1,000 dólares a los policías locales que cooperen con el gobierno federal.
Los demócratas presionaron en varias ocasiones a los
patrocinadores de la iniciativa sobre la redacción en la que se requiere a los
empleados gubernamentales a que “cooperen en la mayor medida posible” con las
autoridades federales de inmigración
“Si realmente no queremos que nuestros funcionarios de
recursos escolares, nuestros trabajadores sociales y nuestros maestros definan
por sí mismos cuál debe ser la mayor medida de su cooperación, entonces
necesitamos definir eso”, dijo la representante demócrata Christine Hunchofsky.
Gruters dijo que el proyecto de ley tiene como
objetivo exigir una mayor cooperación de los funcionarios locales que dirigen
cárceles y centros de detención y no una aplicación “a nivel de calle”. Pero
reconoció que eso podría cambiar con las prioridades federales.
La iniciativa también derogaría una ley estatal
implementada hace una década que permite que los estudiantes de Florida que se
encuentran en el país sin permiso legal sean elegibles para el precio de
matrícula universitaria para residentes del estado, medida que desde el
ejercicio fiscal 2023-2024 benefició a unos 6,500 estudiantes. En un claro
ejemplo de lo mucho que ha cambiado la política de inmigración en Florida en
los últimos años, la actual vicegobernadora del estado, una republicana por
Miami, fue la encargada de promover la medida de matrículas en 2014.
“Les pido hoy que recuerden las inquietantes pero
desafiantes palabras de nuestra vicegobernadora cuando dijo: ‘Es lo correcto’”,
dijo el senador demócrata Darryl Rouson a sus colegas en el pleno del Senado.
”¿Y qué ha cambiado desde entonces salvo la actitud hacia los inmigrantes?”.
El representante demócrata José Álvarez, quien nació
en Cuba y fue traído a Estados Unidos por sus padres, fue más enérgico.
“Todos ustedes deberían estar avergonzados”, les dijo
a los legisladores durante una audiencia sobre el proyecto de ley.
La disposición que otorga poderes al comisionado de
agricultura del estado como jefe de inmigración ha irritado a DeSantis, quien
dijo que “es casi como el zorro cuidando el gallinero” porque la industria
agrícola no ha “sido conocida por la aplicación de la ley de inmigración”.
En sus comentarios de cierre, el presidente de la
cámara baja Perez pareció hacer referencia a la presión que los republicanos
han enfrentado por parte del gobernador y sus aliados.
“Amenazar a otros para conseguir lo que quieres no es
liderazgo, es inmadurez”, dijo. “Voy a pedirles que ignoren el melodrama y en
su lugar se concentren en el trabajo que tenemos por delante”.
Florida es uno de varios estados, ya sean republicanos
o demócratas, que han implementado respuestas a la agenda de Trump en materia
de inmigración, incluido Tennessee, que inició su propia sesión especial el
lunes en parte para abordar el tema.
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