Líder de comunidad dominicana advierte que, tras la redada de ICE, los inmigrantes andan encerrados y asustados como si hubiera vuelto la pandemia del COVID
Aunque este tipo de redadas en busca de hacer la nueva
política migratoria que impulsa el presidente Trump ya estaban ocurriendo en
otras partes de los Estados Unidos, esta fue la primera en territorio de Puerto
Rico, lo que disparó las alarmas entre la comunidad inmigrante en la Isla, que
se estima en algunos cientos de miles, 200,000 de ellos dominicanos.
“Ahora mismo
hay un pánico colectivo”, afirmó José Rodríguez, presidente del Comité
Dominicano de Derechos Humanos. “La gente no quiere ir a trabajar, no quieren
ir a la construcción, no quieren ir a cuidar ancianos, no quieren limpiar
casas”.
“Y muchos me están llamando que tienen niños menores.
Madres solteras. Porque a todo esto, el 52% de las inmigrantes son mujeres”,
agregó. “Me están llamando personas, hasta vecinos puertorriqueños me están
llamando, que han visto mi número, para ellos darle mi número a estas
personas”.
Indicó que “ya hay personas que se están yendo
voluntariamente. Se están yendo con una carta de ruta para su país, porque no
quieren verse envueltos en los arrestos y que los manden a Miami y que allá
duren tiempo indefinido”.
Rodríguez alertó que estas acciones “van a traer una
crisis humanitaria para los Estados Unidos y Puerto Rico. Pero Puerto Rico más,
que le acaban de congelar los fondos federales”.
Reclama
a los políticos
Arremetió contra funcionarios de la Isla, así como
contra gobiernos como el República Dominicana, que tienen consulados en la
Isla, y que “están como el avestruz”, reclamándoles que adopten una postura en
favor de los inmigrantes.
Apuntó en particular hacia la gobernadora Jenniffer
González Colón, y le hizo un llamado a “dar el frente a la comunidad
dominicana, que muchos votaron por ella”, para que fuera solidaria, toda vez
que “dijo que era amiga de Donald Trump, y le quiere hacer una estatua”.
También reclamó a los alcaldes, y en particular al
alcalde sanjuanero Miguel Romero, a que se expresen y aclaren su posición
respecto a las redadas.
“La pregunta es, al alcalde, a la gobernadora, ¿o
están ustedes ya cooperando? ¿o van a cooperar? ¿o van a tratarnos como seres
humanos o como delincuentes? Ya que les dio su voto la comunidad. ¿O es que
nada más querían el voto de los dominicanos, pero no quieren su problemática?
Este es el momento de demostrar si en verdad ellos apoyan a la comunidad inmigrante”,
sostuvo Rodríguez, quien llamó “cobardes” a los funcionarios que no han salido
en defensa de los inmigrantes “que nos usaron para ganar y ahora se quedan
callados”.
“Aquí se hablaba de que si ganaba (Juan) Dalmau venía
el comunismo. Pero llegó algo peor, llegó el fascismo, el fascismo de estado”,
insistió, retomando su crítica a la gobernadora por sus comentarios hacia la
comunidad dominicana de que no se preocuparan, que no habría intervenciones
contra ellos, que calificó de “una mentira cruel”.
“Ahora mismo hay niños que se van a quedar sin sus
padres. Hay madres que sus hijos se los van a dejar aquí. Entonces, ¿quién se
va a hacer cargo de esos menores? Hemos visto ya en Estados Unidos niños solos
en guaguas, en estas redadas, niños. O sea, estos niños, si esos padres y
madres no tienen más familiares aquí, ¿con quién se van a quedar esos niños?
Con el Estado, con el Departamento de la Familia. Van a separar familias”,
denunció el líder dominicano.
Rodríguez insistió en su advertencia de que la
comunidad inmigrante dejaría de salir a hacer los cientos de miles de trabajos
que hacen a diario, ya sea cuidar personas ancianas, cuidar niños, limpiar
casas, trabajar jardines, trabajar en la construcción, etcétera. Reiteró que
“ya me están llamando personas que, desde el primer día que se hizo este aviso,
han dejado de ir a trabajar”.
Piden
colaboración
Agregó que, antes esa nueva realidad, ya hay familias
que necesitan alimentos, porque en estos momentos no tienen ingresos para
sostener a sus familias. A esos fines, indicó, el Comité Dominicano de Derechos
Humanos, que reparte alimentos en La Placita, ha abierto una cuenta a través
del número telefónico 939-717-9164 para que las personas interesadas puedan
colaborar.
Por último, el líder dominicano aprovechó también para
dar algunas recomendaciones a los inmigrantes de cómo actuar en caso de que se
vean ante agentes del ICE.
“Lo primero es evitar ser detenidos. Compórtense como
si fuera el COVID que llegó de nuevo, pero solamente para los inmigrantes. No
salgan a la calle. Manténganse en su casa. Si van a su casa sin una orden, no
abran la puerta. Y (la orden) tiene que estar en español y firmada por un juez.
Si están en la calle, ampararse en la 5ta Enmienda, y no decir de qué país son,
ni decir absolutamente nada, y llamar a un abogado. Si usted ve un agente, y no
va a intervenir directamente con usted, siga caminando. Pero no se eche a
correr, porque eso es peor, porque se está delatando”, recomendó.
Rodríguez hizo un llamado a agentes, jueces y las
autoridades federales en general, pero en particular “a esos agentes que son
puertorriqueños, tanto de la Policía como de las agencias federales”, para
pedir que se le dé un trato “humano” a los inmigrantes.
“Que nos traten como seres humanos, que no usen esto
para violar los derechos humanos de los inmigrantes que hemos aportado a Puerto
Rico. Que no violen los derechos civiles de las personas en estas
intervenciones. Que no le hagan daño a la gente, como lo están haciendo. No
sean inhumanos”, reclamó.
Sin
ayuda de los estatales
Entretanto, el gobierno de Puerto Rico, a través de su
secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, emitió unas declaraciones
oficiales indicando que el operativo federal “no cuenta con la asistencia de
las agencias de ley y orden estatales”.
“Entendemos que estos operativos deben conducirse con
la sensibilidad que ameritan para aquellas personas indocumentadas que no
tienen un historial o investigación criminal en curso”, agregó. “Se nos ha
indicado que varias de las personas objeto de este operativo son criminales
convictos o personas que son objeto de una investigación federal en curso”.
Insistió en que para aquellas personas sin historial
criminal la administración de González Colón “estará trabajando con la
administración del presidente Trump en la búsqueda de medidas para facilitar la
integración”.
Por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero
Lugo, expresó su “solidaridad con todas las familias afectadas” por las medidas
tomas por ICE en cumplimiento de la “directriz federal”, y aclaró que, “hasta
el momento, no he sido notificado oficialmente por ninguna autoridad federal
sobre el detalle de esos procesos que se están llevando a cabo en nuestra
ciudad”.
Aclaró también que “ni la Policía Municipal, ni
ninguna otra entidad gubernamental bajo la jurisdicción del Municipio de San
Juan están colaborando ni participando, ni apoyando en estos operativos de
alguna forma”.
Romero Lugo reafirmó “nuestro compromiso con los valores
de respeto, dignidad y humanidad que definen a nuestra ciudad” y agregó que
“dentro de nuestras capacidades legales, ofreceremos apoyo, orientación, clases
de ciudadanía y asistencia a quienes lo necesiten para asegurar que se respeten
sus derechos y que se cumpla con el debido proceso de ley”.
Asimismo, el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto
Octavio González Nieves, se unió a la condena a las redadas, que calificó de
“una crueldad fundamentada en el prejuicio de unas políticas migratorias insensibles,
inhumanas e inmorales”.
González Nieves pidió “a nuestros hermanos y hermanas
que no tengan los documentos migratorios al día, que eviten salir de sus
hogares y no le abran las puertas o les permitan acceso a las autoridades si no
les presentan una orden de allanamiento del Tribunal Federal”. También pidió, a
aquellos con los documentos al día, “que siempre los tengan consigo”.
De igual forma, el Colegio de Profesionales del
Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) dejó saber “su profunda preocupación” y
rechazo a las detenciones de migrantes con estatus migratorio sin resolver que
tuvieron lugar en Barrio Obrero. Agregó que esas medidas “han creado un
ambiente de temor y de un trato inhumano al invadir estas comunidades con
operativos policiales caracterizados por el uso excesivo de la fuerza, armas y
equipos tácticos” y calificó esas acciones de “injustas” y que “constituyen una
violación de los derechos fundamentales de estas personas”.
Por OSMAN PÉREZ
MÉNDEZ/Primera Hora
No hay comentarios.: