Pánico en Puerto Rico en comunidad dominicana, son buscados los ilegales como agujas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos
La puertorriqueña, de 41 años, relató a EL VOCERO que,
a eso de las 11:00 de la mañana de ayer, recibió una llamada de Feliz, quien le
informó que estaba detenido por agentes de inmigración en el negocio donde
compartía con un hermano y otras amistades, indicándole que necesitaba los
documentos que evidenciaban el proceso que mantiene desde hace más de un año
para obtener su ciudadanía.
Aunque Panigua llegó hasta la escena para explicarles
a los oficiales de ICE que Feliz, de 51 años, está por culminar su estatus
migratorio, denunció que los agentes se negaron a escucharla y que le habrían
afirmado que su esposo sería deportado a Miami o Santo Domingo.
Esto último a pesar de que los federales le habrían
informado que buscaban a una persona migrante cuyo nombre iniciaba con la ‘A’.
“Y yo le digo ‘pero, no tengo tiempo para yo moverme
para resolver, porque mi esposo está en un proceso’… Se lo llevaron así, como
criminal, esposado… Mi esposo paga contribuciones. Mi esposo paga seguro
social… Mi esposo contribuye al País. No es un mantenido, ni un criminal”,
manifestó la mujer con desesperación, y agregó que no le dejaron ver a su
esposo, con quien mantiene una relación desde hace 17 años.
“Comunidad en pánico”
“Lo hicieron todo calculado un domingo… Que nadie
trabaja los domingos, y uno tiene las manos atadas porque uno no sabe qué
hacer”, exclamó llorosa Panigua, quien desde ayer sostenía conversaciones con
la abogada de su esposo para buscar soluciones.
Según tres residentes de Barrio Obrero que hablaron
con EL VOCERO en condición de anonimato, fueron dos las personas detenidas en
horas de la mañana de ayer mientras agentes federales cumplían con la Orden
Ejecutiva de Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión, firmada
por el presidente Donald Trump el pasado 20 de enero y la cual revierte
protecciones a inmigrantes.
Dos de los ciudadanos señalaron que vieron alrededor
de tres guaguas federales en el área, incluyendo a agentes de la Administración
de Control de Drogas (DEA, en inglés)
Este medio observó que los negocios del área, los
cuales los entrevistados afirmaron suelen estar llenos los domingos, se
encontraban en su mayoría cerrados o vacíos a eso de la 1:30 de la tarde.
“Esto va a traer una crisis económica y humanitaria,
porque ya aquí están ocurriendo violaciones de derechos civiles con estos
arrestos… El que cuida de un anciano, mañana no va a ir a trabajar. Y esa
empleada que dejaba a sus ancianos cuidando, tampoco va a poder ir a trabajar…
porque ahora mismo la comunidad está en pánico. Están en sus casas. No quieren
ir ni siquiera al médico”, expresó el presidente del Comité Dominicano de
Derechos Humanos, José Rodríguez.
Se lo llevaron así, como criminal, esposado… Mi esposo
paga contribuciones. Mi esposo paga seguro social… Mi esposo contribuye al
País. No es un mantenido ni un criminal.
Esposa
de hombre detenido por ICE
El líder de la comunidad dominicana también emplazó a
la gobernadora Jenniffer González Colón a aclarar cuál será su política pública
para proteger a dicho sector, ya que la mandataria indicó durante la Feria
Internacional de Turismo (Fitur), en España, que las políticas de Trump no
afectarían a ciudadanos dominicanos en la isla.
"¿Qué va a pasar cuando se lleven a una madre con
niños sola? ¿O a padre y madre?... ¿Qué les va a pasar a los niños de nuestra
comunidad que van a quedar huérfanos? Esa es otra pregunta que nos estamos
haciendo, de lo inhumano que es esto", agregó Rodríguez.
Reaccionan al operativo
En declaraciones escritas, el secretario de la
gobernación, Francisco Domenech, enfatizó que el operativo no contó con la
asistencia de agencias estatales, subrayando que las redadas se realizaban “a
través de toda la nación”.
“Entendemos que estos operativos deben conducirse con
la sensibilidad que ameritan para aquellas personas indocumentadas que no
tienen un historial o investigación criminal en curso. Se nos ha informado que
varias de las personas objeto de este operativo son criminales convictos o
personas que son objeto de una investigación federal en curso”, abundó,
señalando que la administración local trabajará con el gobierno de Trump para
identificar medidas que faciliten la integración de personas con estatus
migratorio no definido a la comunidad estadounidense.
Mientras que el alcalde de San Juan, Miguel Romero
Lugo, aclaró por escrito que no fue “notificado oficialmente por ninguna
autoridad federal sobre el detalle de los procesos que se están llevando a cabo
en nuestra ciudad”.
“Desde el Municipio de San Juan, dentro de nuestras
capacidades legales, ofreceremos apoyo, orientación, clases de ciudadanía y
asistencia a quienes lo necesiten para asegurar que se respeten sus derechos y
que se cumpla con el debido proceso de ley. He ordenado a la Oficina de Ayuda
al Inmigrante para que disponga de los recursos necesarios para maximizar
nuestros esfuerzos”, informó el ejecutivo municipal.
“Estas medidas han creado un ambiente de temor y de un
trato inhumano al invadir estas comunidades con operativos policiales
caracterizados por el uso excesivo de la fuerza, armas y equipos tácticos.
Estas acciones no solo son injustas, sino que también constituyen una violación
de los derechos fundamentales de estas personas” denunció, por su parte, la
presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico,
Lydael Vega Otero.
Vega Otero también instó a la comunidad a unirse en
solidaridad y apoyo hacia quienes son impactados por estas medidas, y exhortó a
los profesionales del Trabajo Social a “acompañar, orientar y brindar apoyo a
estas comunidades”.
Por su parte, el senador por el Partido Popular
Democrático (PPD) Luis Javier Hernández Ortiz pidió a la gobernadora González
que se exprese.
“Me uno a las expresiones del comisionado residente
Pablo José Hernández, quien señaló que la gobernadora debe usar todas las
herramientas legales para ayudar a las comunidades inmigrantes, así como a las
familias de estatus mixto”, declaró.
El arzobispo de San Juan de la Iglesia católica,
Roberto González y el secretario general y excandidato del Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, también repudiaron las
intervenciones de ayer.
Por ANDREA CRUZ/El
Vocero
No hay comentarios.: