En Puerto Rico condenado a nueve años de prisión el dominicano Fermín Montilla capitán de yola cuyo naufragio cerca de la Isla de Desecheo llevó a la muerte a 11 personas

SAN JUAN, Puerto Rico (11 Febrero 2025).- Fermín Montilla, de 45 años y nacionalidad dominicana, fue sentenciado a nueve años de prisión tras ser hallado culpable de capitanear una yola cuyo naufragio cerca de la Isla de Desecheo llevó a la muerte a 11 personas.

El 13 de septiembre de 2024, el sospechoso se declaró culpable de un cargo por traer extranjeros a los Estados Unidos en un lugar no autorizado para su entrada, lo que suscitó las muertes.

"Las operaciones de tráfico de personas no solo violan las leyes de los EE. UU. y amenazan nuestra seguridad nacional, sino que también ponen en peligro la vida de los migrantes traficados y resultan en muertes como en este caso”, afirmó el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, en declaraciones escritas.

"El Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos continuarán trabajando con nuestros socios federales, estatales y locales para llevar a la justicia a quienes trafican con personas ilegales y desmantelar sus organizaciones criminales", agregó.

Conforme a la investigación del Departamento de Justicia federal, la noche del 12 de mayo de 2022, Montilla pilotó una embarcación que transportaba a 48 personas desde la República Dominicana hacia Puerto Rico, con "la intención de llevarlas ilegalmente a los Estados Unidos". Posteriormente, esta se inundó y se volcó.

El Homeland Security Investigations (HSI) en San Juan asumió la pesquisa de este caso en unión a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza, la Guardia Costera y la Policía de Puerto Rico.

La investigación se llevó a cabo bajo el programa Extraterritorial Criminal Travel Strike Force (ECT), una asociación conjunta entre la División Criminal del Departamento de Justicia y HSI. El programa ECT se enfoca en redes de tráfico de personas que puedan representar riesgos particulares para la seguridad nacional o el bienestar público, o que presenten graves preocupaciones humanitarias

La fiscal Angela Buckner, de la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales de la División Criminal, y la fiscal especial de la Guardia Costera de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Helena Daniel, procesaron el caso.

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