En Austria los evangélicos advierten del ‘trato discriminatorio a algunas iglesias
VIENA, Austria (24 Julio 2025).- La Alianza Evangélica Mundial (WEA); la Alianza Evangélica Europea (EEA); la Alianza Evangélica de Austria (EAÖ), y Herzwerk, una iniciativa para personas en situación de prostitución; presentaron recientemente un informe conjunto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes del Examen Periódico Universal (EPU) de Austria previsto para enero de 2026.
El informe aborda la situación de la libertad
religiosa en el país y alerta sobre la trata y explotación de seres humanos en
Austria, así como sobre la discriminación que sufren los niños no nacidos de
los que se sospecha que tienen alguna discapacidad.
Libertad
religiosa
La libertad religiosa está garantizada en Austria, pero
el Estado establece 3 categorías de instituciones religiosas reconocidas.
El nivel más alto de reconocimiento es el de “iglesia
o sociedad religiosa legalmente reconocida”; luego están las “comunidades
religiosas denominacionales registradas por el Estado, que tienen personalidad
jurídica pero no la de una corporación pública”.
La tercera categoría incluye las “organizaciones
religiosas”, que no reúnen los requisitos para ninguno de los estatus
anteriores, pero pueden solicitar convertirse en asociaciones, con el mismo
estatus jurídico que otros grupos de la sociedad civil.
El informe denuncia que “los elevadísimos requisitos
(número mínimo de miembros de dos por cada mil habitantes, y estar reconocida
como denominación en Austria durante al menos 10 años) hacen prácticamente
imposible que los grupos religiosos sean reconocidos legalmente como iglesia”.
Subrayan que “esto penaliza tanto a los pequeños
grupos religiosos como a las asociaciones interdenominacionales como la EAÖ”.
Además, las que no cumplen los requisitos legales para
ser reconocidas oficialmente como iglesias no pueden “traer pastores del
extranjero con un permiso especial de residencia; ni recibir contribuciones
deducibles de impuestos, aunque estén registradas como asociaciones”.
Las Alianzas piden al gobierno que “revise el
reconocimiento de las organizaciones religiosas, garantizando que “el
reconocimiento legal de las organizaciones religiosas no excluya a los grupos
religiosos que son nuevos o pequeños”.
Trata
de seres humanos
En el informe, las Alianzas “aplauden que Austria haya
tipificado una disposición que impide castigar a las víctimas de la explotación
por los delitos que se vieron obligadas a cometer”.
Sin embargo, “los informes sobre el terreno indican
que la disposición rara vez se utiliza” y que da lugar “a que las víctimas sean
condenadas y castigadas por delitos que fueron obligadas a cometer durante su
explotación”.
También explican que “la identificación de las
víctimas de la trata en Austria sigue siendo problemática”, especialmente
debido a “la situación ilegal de empleo o residencia de las personas
explotadas, que hace que las víctimas tengan miedo o no estén dispuestas a
cooperar con la policía”.
Además, aunque la gestación subrogada está prohibida
en Austria, las Alianzas advierten de que “puede conducir a la trata de seres
humanos y a la venta de niños procedentes de otros países de la Unión Europea”.
Esos niños traficados mediante gestación subrogada “corren el riesgo de ser
marginados”.
Por eso recomiendan al gobierno austriaco que
“considere a las organizaciones de la sociedad civil como socios en la crucial
tarea de identificar a las víctimas”, y que “se centre en la protección de las
víctimas de la trata para ofrecerles apoyo y protección, independientemente de
la cooperación con la fiscalía penal”.
El informe también insta a “implementar permisos de
residencia para los supervivientes de la trata, que no reúnan los requisitos
para obtener asilo, dentro de la categoría `motivos personales´”.
Derecho
a la vida de las personas con discapacidad
En Austria, “el aborto no es punible si [...] existe
un grave riesgo de que el bebé sufra graves daños mentales o físicos y el aborto
es practicado por un médico”.
“Esto significa que las personas de las que se sospecha
que tienen una discapacidad son, por tanto, más vulnerables y susceptibles de
ser abortadas que otras personas no nacidas”, dice el informe.
Para las Alianzas, “este trato desigual debe ser
abolido, mediante la revisión de la ley relativa al aborto”.
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