Este proceso es fundamental, porque de la correcta conformación de estas juntas depende la confianza ciudadana en nuestro sistema electoral. Una selección transparente y rigurosa de sus miembros es clave para garantizar elecciones justas y fortalecer la legitimidad democrática.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23 regula
la integración y funcionamiento de las juntas en sus artículos 39 a 46. Según
el artículo 39, los aspirantes deben ser mayores de 25 años, contar con
estudios de bachillerato, residir en el municipio por al menos tres años y
gozar de buena reputación. Además, al menos uno de los titulares debe ser
abogado, garantizando así la competencia técnica necesaria para el correcto
desempeño de sus funciones.
El artículo 42 establece incompatibilidades: nadie
puede integrar la misma junta si tiene parentesco hasta segundo grado con otros
miembros, candidatos o delegados de partidos. Los suplentes asumen en caso de
conflictos o ausencias, asegurando la continuidad institucional. Por su parte,
el artículo 43 refuerza la transparencia al permitir que cualquier designación
sea impugnada en un plazo de 10 días, con resolución de la JCE en audiencia
pública. El artículo 44 inhabilita a quienes tengan condenas por delitos
electorales, corrupción o falsificación.
El artículo 45 busca garantizar el equilibrio partidario,
evitando que un solo partido controle la junta, mientras que el artículo 46
regula el rol de los suplentes para asegurar la continuidad de la gestión. Sin
embargo, el verdadero desafío no es solo la convocatoria, sino que la JCE
cumpla estrictamente con la ley. La historia electoral dominicana demuestra que
cuando las juntas se conforman con criterios partidarios, la confianza
ciudadana se erosiona y la legitimidad del proceso se debilita.
Hoy más que nunca, la independencia, imparcialidad y
competencia técnica deben guiar esta selección. La ciudadanía también tiene un
rol activo: postular, vigilar y exigir transparencia en cada etapa. Unas juntas
electorales bien conformadas no solo organizan elecciones, sino que aseguran
que cada voto cuente y fortalecen la democracia dominicana.
Es momento de recordar que cada decisión tomada en la
conformación de las juntas tiene un impacto directo en la credibilidad del
sistema electoral. Un proceso opaco o sesgado puede generar desconfianza,
conflictos y cuestionamientos sobre los resultados de las elecciones. Por eso,
la responsabilidad de la JCE y la participación activa de la sociedad civil son
insustituibles para garantizar un proceso limpio y justo.
Además, este es un llamado a la sociedad a involucrarse
más allá de la etapa de elecciones. La vigilancia ciudadana constante, la
educación electoral y la exigencia de transparencia en todos los niveles
fortalecen no solo la legitimidad de los comicios, sino también la cultura
democrática del país. La República Dominicana necesita juntas electorales que
sean ejemplo de imparcialidad, ética y profesionalismo, porque de ellas depende
la fortaleza de nuestra democracia.
Por PABLO
VICENTE
El autor es abogado, magíster en derecho electoral y
presidente de FUJUDEL, fujudel@gmail.com
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