El Ministerio Público apela libertad de siete policías acusados de ejecución en La Barranquita
La Corte de Apelación de Santiago fijó para el martes
18 de noviembre la audiencia en la que conocerá el recurso interpuesto por la
fiscalía, que busca que el tribunal revoque la decisión del Juzgado de Atención
Permanente.
Medidas
apeladas
El tribunal de primera instancia había impuesto
garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica a los
oficiales Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, al capitán
José Ignacio Gómez Rodríguez, al segundo teniente Domingo de los Santos Vargas,
a los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez
Trinidad, así como al raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
Cada uno fue beneficiado con una fianza de un millón
de pesos mediante compañía aseguradora, además de las restricciones judiciales
antes mencionadas.
Cuatro
policías guardan prisión
Por el mismo caso permanecen en prisión preventiva el
raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz,
el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, recluidos en el
Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
declaró el proceso de tramitación compleja e impuso prisión preventiva a estos
cuatro imputados, además de ordenar protección para las víctimas y testigos del
expediente
Los
hechos
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público,
los 11 agentes son responsables de la muerte de Elvis Antonio Martínez
Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos
Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña
Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
La investigación sostiene que, la tarde del 10 de
septiembre, los policías llegaron a una plaza comercial del sector La
Barranquita a bordo de tres vehículos y abrieron fuego sin mediar palabras
contra las víctimas.
Posteriormente, los agentes habrían sustraído los DVR
de las cámaras de seguridad y varios teléfonos celulares de personas que se
encontraban en el lugar, con el fin de eliminar evidencias y entorpecer la
investigación.
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