Igualmente, el Estado tiene como exordio activar sus
alertas, remover y actualizar sus protocolos de controles, vigilancia y
salvamentos ante cualquier potencial depredación de recursos que estén bajo la
gestión de los funcionarios públicos. Sin importar distinción de su estatus social,
empresarial o político.
– ¿Por qué?
Porque se hace imperativo salvar la estabilidad
democrática y garantizar el bienestar general de la población. ¿Está en juego
el sistema democrático a causa de la corrupción?, nos preguntamos. Y señalamos
al respecto:
Existen razones que a algunos nos parecen obvias. En
el país se da inicio a una especie de cuenta regresiva, con miras al proceso
electoral del 2028. Este año será muy reñido, electoralmente hablando, y se
puede prestar, asimismo, para despertar no solo pasiones, sino también
ambiciones, ansias de riquezas rápidas, fáciles y desmedidas.
Sin dudas comienza una etapa preelectoral y eso
implica mayores gastos de recursos en proselitismo. En tanto, aparecen por ahí
los espurios, se abandonan los cánones éticos y los formalismos de la buena
práctica administrativa.
Personas con visiones radicales de la realidad
nacional, plantean ante esta situación, la necesidad de acorazar la gestión
administrativa del Estado a través de la movilización de todos los mecanismos
preventivos y de control, como son:
-Cámara de Cuentas de la República Dominicana;
-Ministerio de la Administración Pública;
-Contraloría General de la República;
-Ministerio de Hacienda;
-Dirección General de Contrataciones Públicas;
-Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Abogan igualmente porque el Gobierno central active
los mecanismos de fiscalización de las instituciones autónomas del Estado, como
la Liga Municipal Dominicana (LMD) y de las entidades de ayuda y asistencia
social, las cuales ahora, más que en ningún otro momento, deberán conducirse
con mayor apego a los principios éticos que rigen las operaciones del Estado.
Según la Ley número 247-12 de la Administración
Pública, corresponde al presidente de la República regir las competencias de la
Administración central y del gobierno del Estado que, según el artículo 13 de
dicha ley, éste maneja un conjunto de órganos cuyas competencias se extienden
en todo el territorio nacional, y cuyos actos se imputan al Estado como persona
jurídica.
Eso implica que corresponde al presidente de la
República Luis Abinader, adoptar una serie de medidas preventivas, las cuales
garanticen al pueblo dominicano el manejo ético a nivel nacional de los
recursos del Estado, -como afirman sus seguidores que éste lo hace- en el marco
de un mar de aspiraciones a la Presidencia de la República, a posiciones
congresuales y municipales en los próximos dos años.
El mandatario se ve compelido, y ahora más que nunca,
a garantizar el accionar ético en la administración de los recursos del Estado,
no solo por el bienestar de la nación, sino con mayor razón, por su propio
bienestar, está llamado a completar sus dos periodos presidenciales con la
mayor pulcritud, en marcos históricos que trasciendan los tiempos y sirva de
referencia para nuestros futuros gobernantes.
Específicamente, el actual gobierno debe redoblar su
vigilancia en la administración de los recursos del Estado.
¿Razones?
Hay sectores insertos en la administración pública que
tratarán de conseguir allí parte o todos los recursos que necesitarán, no solo
para aupar sus postulaciones, sino también para enriquecerse en lo personal. No
es una práctica del actual gobierno, sino que se trata de un mal endémico que
ha afectado la economía nacional durante muchos años y muchos gobiernos.
Se dice con frecuencia que este es “un país rico,
pobremente administrado” (frase del expresidente Jacobo Majluta) que uno siente
que, en cierto sentido, es verdad, porque con ella se retrata “la paradoja de
un país con grandes recursos naturales”, pero pobre de solemnidad. Eso se
explica cuando los gobernantes, el Banco Central y los economistas han
pregonado en los últimos años un crecimiento positivo de la economía, pero
ocurre que esa bonanza, aunque se manifiesta en avances en infraestructura y
desarrollo de sectores económicos y financieros, no se reflejan en la reducción
de la pobreza.
La
corrupción se lo lleva todo
La corrupción ha campeado en el país en los últimos
“gobiernos democráticos” que registra la nación, desde el propio gobierno de
Joaquín Balaguer, pasando por los de Jorge Blanco, Leonel Fernández, Danilo
Medina, y ahora del presidente Luis Abinader. Todos han sido blanco de serias denuncias de
corrupción administrativa que han encontrado eco a nivel internacional.
La organización World Compliance Association (WCA),
entidad internacional “sin ánimo de lucro formada por profesionales y
organizaciones interesadas en el mundo del “compliance” y que se define como un
organismo integrado por profesionales y organizaciones interesadas en lograr
avances importantes “en materia de ética y buen gobierno corporativo”, publicó
en su portal una recopilación de los casos de “19 colaboradores del ex
presidente de la República Dominicana Danilo Medina, y destacan entre ellos,
tres ex ministros vinculados a un desfalco millonario y lavado de activos que
fueron arrestados durante una “compleja operación anticorrupción”.
“Las detenciones son resultado de la llamada
“Operación Calamar”, puesta en marcha “luego de una compleja investigación
realizada por la Procuraduría especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa”, reseña la WCA en su portal.
En tanto, el icónico matutino Listín Diario publicó
recientemente, bajo la firma de la periodista Yudelka Domínguez, la noticia que
destaca en su título: “Corrupción Administrativa. Nueve grandes casos de mala
administración y corrupción en el gobierno de Luis Abinader”. En el subtítulo
dice: “El último caso de corrupción administrativa salió a la luz hace varias
semanas y se trata de la administración de Santiago Hazim al frente de Senasa”.
Debemos
cuidarnos
¿Qué nos revelan estas crónicas? Que el país está
frente a un mal endémico, “un mal de fondo”, deplorable, que necesita de una
gran voluntad política, tanto de quienes están al frente del Estado en estos
momentos, como de los políticos de la oposición para hacer esfuerzos conjuntos
con miras a superar esta execrable situación.
No se trata de hacer denuncias vengativas. Hay que
coordinar acciones para frenar entre todos este mal que nos arruina,
especialmente a los más chiquitos. Todos están salpicados por las heces de la
corrupción, algunos no se dan por aludidos, han alegado persecuciones políticas
y ya comenzaron “a tirar piedras y viven en casas con techo de cristal”.
Lo cierto de todo es que estos derroteros ya tienen
presencia internacional. Nos están “mirando con lupa” desde afuera y eso nos
hace vulnerables y nos hará mucho daño como nación, ya que estas denuncias se
prestan para sostener el control hegemónico en nuestro terruño por parte de
grandes potencias. También, se presta para el embarre de parte de nuestros
alegados “amigos”, algunos de los cuales “no quisieran vernos mejor que ellos”
y hacen lo que puedan para impedir nuestros ímpetus desarrollistas.
No podemos seguir “dando cancha al enemigo” encubierto
o público, ni a los amigos que nos aman en exceso como para desear que no
avancemos demasiado, más que ellos. En el fondo golosean nuestros inestimables
recursos.
Enfrentemos
a los “tragones”
Por eso es por lo que planteamos la necesidad de
afrontar las maldades que causan algunos “tragones” de los partidos políticos,
organizaciones industriales, empresariales y gremiales, cuyas bocas “se les
hacen aguas” y golosean el “pastel del Estado” para engullir hasta el último
pedazo, incluyendo las boronas del suspiro, sin importarles la situación de
millones de dominicanos que viven en la indigencia.
La ciudadanía tiene que redoblar la vigilancia frente
a estos sectores que empujan a la corrupción para beneficiarse. El presidente
Abinader y su organización Partido Revolucionario Moderno (PRM), sus
dirigentes, todos en las nóminas del Estado, enfrentan un serio dilema, ganarse
la voluntad popular con la realización de una administración transparente y
digna, o hundirse en el pozo inmundo de la corrupción y el rechazo de la
población.
El
rol opositor
Pero también es criticable que la oposición al
gobierno se limite a hacer denuncias y a propagar las ya realizadas, algunas
que incluso han surgido muchas veces fruto de las grandes contradicciones que
se dan entre los propios depredadores del Estado. La oposición política debe, a
nuestro juicio, no solo contribuir a prevenir los actos de corrupción, sino
que, consumado y comprobado el hecho, armar con sus técnicos y expertos legales
los expedientes con bases científicas, probados, para que a partir de entonces
se accione en la justicia. No es solo denunciar y ya, ármense de valor y
empaqueten expedientes que permitan condenar a los corruptos. Solo así se podrá
frenar el flagelo.
Igualmente, los ciudadanos deben endurecer nuestras
convicciones y cuando descubramos cualquier corruptela en la administración del
Estado, que sean verídicas, y procedamos a actuar en consecuencia.
Por EMILIANO
REYES ESPEJO
El autor es periodista.
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