Por qué Chile y República Dominicana explican lo que viene: Venezuela y su transición al revés
La pregunta central no es quién cayó, sino cómo se reorganiza el poder después. En Venezuela, ese reordenamiento está en marcha, pero no responde a los patrones clásicos de transición democrática en la región.
¿Porqué la transición democrática en Venezuela importa?
Venezuela enfrenta hoy un dilema estructural. Lo que está en juego no es solo el reemplazo de un liderazgo, sino la forma en que se reordena el poder político, militar, económico e institucional tras más de dos décadas de autoritarismo. Las decisiones en esta etapa inicial condicionarán por años la posibilidad de una democracia funcional. Por eso, los precedentes de Chile y República Dominicana no operan como analogías perfectas. Son útiles para entender riesgos y límites del momento venezolano.
Los Rodríguez, el petróleo y el discurso hacia el chavismo
Los hermanos Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ocupan el centro de la escena política. Sus discursos no están dirigidos a Washington ni a la oposición, sino a dos audiencias internas clave: fuerzas armadas y el núcleo duro del chavismo.
El relato de la “revolución” se mantiene en lo simbólico, pero con ajustes evidentes en lo material. Control de ingresos petroleros, reordenamiento legal y nuevos acuerdos internacionales son presentados como medidas soberanas orientadas a preservar la paz. En esa línea, Jorge Rodríguez anunció un paquete de leyes para reorganizar el marco jurídico bajo el argumento: “ordenar y modernizar” la institucionalidad.
Hoy, sin margen de negociación con aliados como Rusia, China, Irán o Cuba, el crudo venezolano vuelve a fluir hacia el mercado estadounidense bajo un esquema de control externo de los ingresos.
La escena resume la tensión central de la transición: un discurso de continuidad ideológica hacia adentro y reconfiguración pragmática del poder hacia afuera. La soberanía popular sigue suspendida y el proceso no se apoya en un marco institucional previamente acordado, sino en decisiones para evitar el colapso.
República Dominicana y su transición de 15 años
La experiencia dominicana muestra que la muerte de un dictador no equivale al fin del régimen. Rafael Leónidas Trujillo gobernó 31 años (1930–1961) mediante una estructura de represión total. Su asesinato, en mayo de 1961, eliminó al líder, pero no desmontó el aparato autoritario.
Tras su muerte, la presión social creció. Las Fuerzas Armadas impulsaron Consejos de Estado, uno de ellos encabezado por Joaquín Balaguer, antiguo vicepresidente de Trujillo, quien cumplió un rol clave: garantizó continuidad institucional sin ruptura abrupta. Historiadores lo definieron como “puente invisible” entre la dictadura y el nuevo orden. El régimen se recicló.
En diciembre de 1962, Juan Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fundado en el exilio, ganó las elecciones con casi 60% de votos. Asumió en febrero de 1963 y promulgó una Constitución liberal. Siete meses después fue derrocado por un golpe militar.
El resultado fue una regresión prolongada. Balaguer volvió al poder en 1966 e instauró una “democracia restringida” que se extendió hasta 1978. La oposición no fue eliminada, pero sí contenida. La transición democrática efectiva tardó quince años en consolidarse.
Chile: la dictadura diseñó su propia salida
El caso chileno ofrece una trayectoria distinta. Augusto Pinochet gobernó 17 años tras el golpe de 1973. En 1980 impuso una Constitución autoritaria que, paradójicamente, contenía el mecanismo que permitiría su salida. El 5 de octubre de 1988, Pinochet convocó a un plebiscito para extender su mandato. Controlaba el aparato estatal, los medios y las fuerzas armadas, pero el “No” se impuso con el 55,99% de los votos. Las reglas creadas por la dictadura se aplicaron sin ruptura institucional.
El proceso fue posible por un marco legal claro, oposición unificada en la ‘Concertación’ y negociaciones discretas entre élites civiles y militares. La oposición aceptó transitar bajo la Constitución de 1980, con reformas posteriores, a cambio de elecciones reales. Ambas partes descartaron la confrontación violenta.
En diciembre de 1989 se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias. Patricio Aylwin asumió en marzo de 1990. La transición fue ordenada, aunque dejó enclaves autoritarios. Aun así, se sostuvo sobre un principio: fue un proceso conducido por actores chilenos, reglas conocidas y ruta electoral definida.
Por GABRIELA QUIROZ/El Comercio
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