Sesenta millones de pesos de multa e indemnización a empresa Agroforestal MACAPI, S.A. por daños ambientales en Loma Redonda en Ocoa
Fueron impuestas las medidas cautelares tras acoger la solicitud del
Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada para la Defensa
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), por violaciones a la
Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Ley 57-18, Sectorial Forestal, en perjuicio
del Estado dominicano.
El juez Alfis Brandeli Castillo Castillo, del Tribunal
Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de
Ocoa, dictó dos años de prisión en modalidad suspendida contra el
agroempresario, conforme al artículo 341 del Código Procesal Penal.
Multa,
indemnización y reparación ambiental
La sentencia ordena a Agroforestal MACAPI el pago de
una multa de cinco mil salarios mínimos, equivalentes a RD$50 millones, así
como una indemnización de RD$10 millones al Estado dominicano por los daños
morales causados, luego de que el Ministerio Público se constituyera en actor
civil.
Además de las sanciones económicas y penales, el
tribunal dispuso la reparación y restauración ambiental de un área afectada de
aproximadamente 100 tareas, mediante la implementación de un plan de
reforestación con especies nativas, bajo la supervisión del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
El procurador de corte Francisco Contreras, titular de
la Proedemaren, explicó que la indemnización impuesta constituye “la justa
reparación de los daños morales sufridos por el Estado dominicano como
consecuencia de los ilícitos ambientales cometidos”.
Deforestación,
daño a recursos hídricos y construcción irregular
De acuerdo con la acusación, los condenados causaron
la deforestación de más de 150 tareas, afectando gravemente los recursos del
suelo, la biodiversidad, la flora, la fauna y los recursos hídricos de Loma
Redonda, mediante la eliminación de especies nativas como nin, jobo de puerco,
guama, uva, palo hediondo, lino, caimito, candelón, almácigo, jabilla y
bayahonda, entre otras.
El expediente detalla que una fuente hídrica resultó
severamente impactada y quedó al borde del colapso tras la deforestación de
unas cuatro tareas en su entorno. Asimismo, se estableció la construcción
irregular de una explanada de 13 mil metros cuadrados y de caminos carreteros con
una extensión aproximada de nueve kilómetros.
Proceso
judicial
La sentencia, identificada con el número 00010/2023 y
dictada el 11 de mayo de 2023, fue notificada al Ministerio Público el 10 de
diciembre de 2025, tras gestiones realizadas por la Proedemaren.
El Ministerio Público estuvo representado por los
fiscales Rudy Alberto Pérez Medrano, José Espinal Beato, Ramón Emilio Calderón
y Héctor Santiago Peralta, y el proceso judicial se inició en julio de 2022. El
fallo también ordena el pago de las costas penales.
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