Barry Pollack el abogado de Nicolás Maduro dice que Estados Unidos impide que el gobierno venezolano cubra sus gastos de la defensa del expresidente
El abogado Barry Pollack le envió la semana pasada un
correo electrónico a un juez federal de Manhattan para informar que el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos había bloqueado la autorización de
honorarios legales que el gobierno de Venezuela está obligado a pagar para la
defensa de Maduro y la primera dama Cilia Flores al amparo de sus leyes y costumbres.
El correo electrónico se añadió al expediente público del tribunal el
miércoles.
Maduro y su esposa han estado encarcelados en Nueva
York sin derecho a fianza desde que fueron capturados en su residencia de
Venezuela durante el operativo de las fuerzas armadas estadounidenses del
pasado 3 de enero. Ambos se han declarado inocentes.
La impactante captura, luego de varios meses de
acumulación militar estadounidense en el Caribe, ha allanado el camino para que
el gobierno del presidente Donald Trump ejerza una enorme influencia sobre la
sustituta de Maduro, su vicepresidenta y ahora mandataria interina Delcy
Rodríguez.
Bajo presión de Estados Unidos, Rodríguez ha actuado
con rapidez para abrir la industria petrolera de su país a la inversión
estadounidense, liberar a presos políticos y restablecer comunicaciones
directas con Washington —algo que no se veía desde que el primer gobierno de
Trump ordenó el cierre de la embajada de Estados Unidos en Caracas en 2019.
Pollack señaló en su correo electrónico que la Oficina
de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, responsable de
administrar las sanciones contra Venezuela, había otorgado permiso al gobierno
venezolano el 9 de enero para aprobar el pago de los honorarios legales.
Pero menos de tres horas después, el gobierno federal
retiró la autorización "sin explicación", aunque mantuvo vigente un
permiso para que se pague a los abogados de Flores, señaló Pollack.
La disputa sobre los honorarios legales de Maduro está
estrechamente vinculada a la política exterior de Estados Unidos. El primer
gobierno de Trump rompió relaciones con Maduro en 2019 y reconoció al entonces
líder opositor de la Asamblea Nacional como el mandatario legítimo de
Venezuela. El sucesor de Trump, Joe Biden, se apegó de cerca a la misma
política.
No obstante, permitir que el gobierno de Rodríguez
cubra el costo de la defensa de Maduro podría complicar los esfuerzos de la
fiscalía en el tribunal para contrarrestar el argumento del expresidente
venezolano de que su captura fue ilegal y de que, como jefe de un Estado
extranjero, goza de inmunidad frente a un proceso penal conforme a las leyes de
Estados Unidos y al derecho internacional.
Una acusación formal de 25 páginas en contra de Maduro
lo señala a él y a otras personas de trabajar con cárteles del narcotráfico y
miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas
de cocaína hacia Estados Unidos. Él y su esposa enfrentan una posible cadena
perpetua en caso de que sean declarados culpables.
Como parte de la supuesta conspiración, Maduro y su
esposa presuntamente ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos de personas
que les debían dinero del narcotráfico, según la acusación formal. El documento
señaló que eso incluyó el asesinato de un capo local en Caracas.
El Departamento del Tesoro, la Casa Blanca y el
Departamento de Justicia no respondieron de momento a mensajes en busca de
comentarios.
Pollack dijo que el 11 de febrero pidió a la Oficina
de Control de Activos Extranjeros que restableciera el permiso original y
despejara el camino para que Venezuela pueda cumplir con su obligación de
cubrir los costos de la defensa de Maduro.
El abogado añadió que Maduro "no puede costear de
otro modo un abogado" y solicitará ayuda al juez para pagar su defensa.
Pollack sostuvo que Estados Unidos estaba
"interfiriendo con la capacidad del señor Maduro de contratar un abogado
y, por lo tanto, con su derecho de la Sexta Enmienda, a un abogado de su
elección".
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